El debate sobre la financiación del sistema de salud no se limita a definir cuántos recursos necesita el sector. Una parte central de la discusión que enfrenta el Gobierno entrante estará en las reglas que determinan cómo se distribuyen esos recursos, cuándo llegan a los prestadores y qué obligaciones tendrán prioridad.

El aumento del porcentaje mínimo de giro directo al 90 %, las solicitudes de los prestadores para reglamentar la forma en que se realizan las postulaciones y las medidas que se estudian para priorizar pagos en zonas afectadas por la emergencia originada por el sismo, el pasado 10 de agosto, son algunas de las decisiones que comienzan a configurar esa discusión.

A este escenario se suma la situación de la EPS y la posibilidad de redistribuir parte de sus afiliados hacia otras entidades, una decisión que también tendrá implicaciones sobre la organización de las redes y la circulación de los recursos en el sistema.

Más que una discusión exclusivamente sobre el monto disponible, los próximos meses pondrán a prueba la capacidad institucional para establecer reglas que permitan que los recursos lleguen de manera más previsible a quienes prestan los servicios.

El giro directo sube al 90 %

Uno de los cambios que deberá comenzar a implementarse es el aumento del porcentaje mínimo de giro directo.

El Decreto 0930 de 2026 elevó del 80 % al 90 % el porcentaje mínimo de los recursos de la UPC y de los presupuestos máximos que deberán ser postulados para giro directo en los casos establecidos para los regímenes contributivo y subsidiado.

En el régimen subsidiado, el giro directo a prestadores y proveedores no podrá ser inferior al 90 % del valor de la UPC correspondiente a la respectiva liquidación mensual de afiliados.

En el régimen contributivo, la medida aplica en situaciones específicas, entre ellas los procesos de vigilancia especial, intervención administrativa, liquidación o incumplimiento de las condiciones de patrimonio adecuado.

Para los presupuestos máximos, las EPS deberán postular como mínimo el 90 % de los recursos para giro directo.

Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el aumento del giro directo constituye un avance, siempre que los recursos sean postulados y girados con regularidad y lleguen efectivamente a las instituciones que prestaron los servicios. El gremio también ha insistido en la necesidad de vigilancia sobre el cumplimiento de los porcentajes y sobre las condiciones de las postulaciones.

“Si esto se cumple al pie de la letra con regularidad y se destina a las instituciones que efectivamente prestaron los servicios, se garantiza un mejor flujo corriente de recursos que tanto necesita el sector”, señaló Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la ACHC.

El planteamiento introduce una precisión relevante: elevar el porcentaje establecido en la norma no garantiza por sí solo una mejora en la liquidez de los prestadores. Para que el mecanismo tenga ese efecto, también importan la regularidad de las postulaciones, la correcta destinación de los recursos y la vigilancia sobre su cumplimiento.

El debate pasa a las reglas

Esta discusión ha llevado a los prestadores a plantear ajustes sobre la operación del mecanismo de giro directo. La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS) propone que el aumento del porcentaje esté acompañado de una reglamentación que establezca condiciones claras para las postulaciones y permita hacer seguimiento a los recursos que se destinan a la red.

La organización advierte que, mientras las EPS mantengan un amplio margen para definir la oportunidad y los montos de las postulaciones, pueden persistir dificultades de liquidez en la red prestadora, incluso con un porcentaje mínimo de giro más alto.

Entre las medidas planteadas están definir plazos para regularizar las postulaciones y establecer criterios objetivos que tengan en cuenta la contratación vigente, la facturación radicada, los acuerdos de pago y las obligaciones causadas.

La organización plantea, además, establecer consecuencias administrativas ante el incumplimiento de las reglas y crear una mesa de seguimiento integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y las agremiaciones de IPS.

Esto lleva la discusión a un punto central: el funcionamiento del giro directo no dependerá únicamente del porcentaje definido en la norma, sino de los mecanismos que permitan verificar la oportunidad, suficiencia y regularidad de los pagos.

La emergencia abre una discusión sobre prioridades

La emergencia del 10 de agosto incorporó otro elemento a la discusión sobre el flujo de recursos: la posibilidad de establecer prioridades temporales para determinados pagos.

El Ministerio de Salud, junto con Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, puso en consulta un proyecto de resolución que propone priorizar durante seis meses los pagos a IPS y prestadores de transporte especial que atendieron a población afiliada afectada por el desastre, así como a instituciones que recibieron pacientes trasladados.

El proyecto aún se encuentra en consulta pública y, por tanto, no constituye una obligación vigente. Su aplicación dependerá de la expedición y publicación de la resolución definitiva.

De ser adoptada, la medida establecería una prioridad temporal dentro de los mecanismos existentes de giro directo.

Las EPS sometidas a este mecanismo tendrían que priorizar estas obligaciones en sus postulaciones ante la ADRES.

Sin embargo, la priorización no significaría el pago automático de las facturas. El reconocimiento y giro de los recursos seguirían sujetos a las condiciones que establezca la reglamentación definitiva.

La discusión abre un interrogante más amplio para el sistema: cómo establecer prioridades frente a situaciones extraordinarias sin afectar la continuidad de los pagos y obligaciones con el resto de la red prestadora.

La continuidad de la atención, el punto de encuentro

En este escenario, la Procuraduría solicitó a la ADRES priorizar los recursos destinados a Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) y pidió fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la atención para garantizar la prestación de los servicios de salud a las personas afectadas en las zonas de emergencia.

Las medidas que se estudian muestran que el flujo de recursos no es únicamente un asunto financiero. La forma en que se priorizan y distribuyen los pagos puede tener efectos directos sobre la capacidad de las instituciones para mantener servicios, atender emergencias y responder a nuevas necesidades de la población.

Por eso, uno de los desafíos será construir mecanismos que permitan atender situaciones excepcionales sin generar nuevas incertidumbres sobre los recursos que reciben los demás actores de la red.

El desafío: pasar del porcentaje a la operación

La eventual priorización de pagos por la emergencia y la reorganización de Nueva EPS muestran, además, que el Gobierno tendrá que tomar decisiones sobre la circulación de los recursos mientras enfrenta situaciones extraordinarias y procesos de reorganización de gran escala.

La pregunta de los próximos meses no será únicamente cuánto dinero circula en el sistema, sino bajo qué reglas circula, quién tiene prioridad y qué mecanismos garantizan que esos recursos se traduzcan, finalmente, en continuidad y oportunidad para los pacientes.