Las EPS intervenidas serán uno de los primeros desafíos del gobierno de Abelardo de la Espriella. La nueva administración recibirá entidades que concentran millones de afiliados y atraviesan procesos de reorganización, mientras persisten dificultades que afectan la prestación de servicios.

La situación también ha sido cuestionada por los organismos de control. Recientemente, la Contraloría General de la República informó sobre 772 hallazgos con incidencia fiscal por más de $11 billones, resultado de 307 actuaciones de vigilancia realizadas durante el periodo administrativo de Gustavo Petro.

El contralor delegado para la Salud, Julián Niño, advirtió sobre el deterioro de las EPS intervenidas y señaló que estas entidades “han profundizado y agudizado sus indicadores financieros, afectando de forma directa la garantía del derecho a la salud”.

Uno de los casos que concentra mayor atención es Nueva EPS. Durante una inspección con policía judicial, la Contraloría reportó una represa de facturas y anticipos no legalizados por más de $10 billones y señaló que la entidad no entregó la totalidad de sus estados financieros correspondientes a 2023, 2024 y 2025.

Según Niño, “pudimos identificar que la EPS más grande del país tiene unos problemas operativos y administrativos que están limitando el acceso al servicio de salud de los afiliados”.

El nuevo Gobierno tendrá que determinar qué entidades pueden recuperarse, qué ajustes requieren y cómo garantizar la atención de sus afiliados durante ese proceso.

¿Qué futuro tendrán las EPS intervenidas?

El presidente Abelardo de la Espriella planteó que las EPS intervenidas no tendrán necesariamente el mismo destino. Durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox, señaló que “Las que sean viables y puedan garantizar una buena atención tendrán la posibilidad de recuperarse; las que no lo sean, deberán ser liquidadas de manera ordenada, pensando siempre en los intereses y las necesidades de sus afiliados”, afirmó.

La definición introduce un criterio central para el futuro de las entidades intervenidas: viabilidad y capacidad de garantizar la atención. Esto significa que el debate no estaría centrado únicamente en la situación financiera de cada EPS, sino también en su capacidad para responder a las necesidades de sus afiliados.

La posición del presidente coincide con la propuesta de la ministra de Salud, Ana María Vesga, de evaluar individualmente las entidades intervenidas y establecer cuáles tienen posibilidades reales de recuperación. Vesga ha manifestado su respaldo al modelo actual de aseguramiento y ha señalado: “El mensaje es proteger el sistema y el modelo actual”. En esa misma línea, afirmó: “Necesitamos EPS fortalecidas”.

Su propuesta contempla evaluar las entidades intervenidas y establecer cuáles tienen posibilidades reales de recuperación. “Realizaremos una alta cirugía sobre las entidades intervenidas para que las que tengan posibilidad de sobrevivir lo hagan”, explicó.

El punto de partida será reconocer que las EPS enfrentan condiciones diferentes y, por tanto, no necesariamente tendrán el mismo destino. El Gobierno deberá revisar la situación particular de cada entidad y establecer qué transformaciones requieren para continuar operando.

Nueva EPS, la decisión de mayor impacto

Dentro de ese panorama, Nueva EPS tendrá un peso particular por concentrar más de 11 millones de afiliados. Frente a su futuro, Vesga descartó una liquidación inmediata y señaló que primero será necesario conocer su verdadera situación. “La estabilización de la Nueva EPS es la estabilización del sistema”, afirmó.

Por su tamaño, cualquier decisión sobre la entidad tendrá efectos sobre millones de personas. Una reorganización, una eventual redistribución de afiliados o un cambio en su operación deberán considerar la capacidad de las EPS receptoras, la oferta disponible en los territorios y la continuidad de los tratamientos.

Nueva EPS será, así, una de las primeras pruebas para el Ejecutivo.

Famisanar: reorganizar sin perder capacidad de respuesta

Mientras se define la estrategia general, algunas EPS intervenidas ya adelantan procesos de reorganización. Uno de los casos recientes es EPS Famisanar, que anunció ajustes en su estructura y equipos de trabajo. La entidad informó que las decisiones fueron tomadas a partir de análisis técnicos sobre cargos, funciones, número de posiciones y cargas de trabajo.

Famisanar aseguró que los cambios buscan optimizar su funcionamiento y fortalecer la gestión para mejorar la prestación de los servicios a sus afiliados. Sin embargo, no precisó el número de cargos o trabajadores involucrados ni las áreas específicas sobre las que recaerán los cambios.

La entidad señaló que las decisiones se adelantan de acuerdo con la normatividad vigente y con respeto por los derechos laborales, y recordó que, debido a su condición de intervenida, está sometida a seguimiento y control estatal.

El caso refleja una de las principales tensiones de estos procesos: los ajustes administrativos pueden ser necesarios para recuperar eficiencia, pero deberán demostrar que no deterioran la capacidad de atención.

Intervenciones con fecha de resultados

La reciente administración también tendrá que definir qué espera de las intervenciones que continúan vigentes. En esa dirección, la Superintendencia Nacional de Salud, tras el cambio de agentes interventores en EPS como Famisanar y Coosalud, señaló que los nuevos responsables deberán realizar un “diagnóstico riguroso y expedito”, establecer un plan de trabajo y adoptar las decisiones necesarias frente a las irregularidades que encuentren.

La instrucción marca otro elemento en la discusión sobre el futuro de las EPS intervenidas: estos procesos no pueden prolongarse indefinidamente sin resultados. Para los pacientes, la pregunta será si las decisiones administrativas terminan reflejándose en mejoras concretas y verificables en el acceso a servicios, tratamientos y medicamentos.

La prueba: ¿qué cambia para el paciente?

El propio presidente Abelardo de la Espriella ha señalado que la prioridad inmediata será recuperar la atención de los pacientes y atender primero los casos de mayor urgencia y riesgo, y advirtió que “hoy tenemos a cientos de miles de compatriotas esperando procedimientos, tratamientos y medicamentos”.

Para los afiliados, el resultado de estos procesos no se medirá por el número de intervenciones levantadas ni por los cambios administrativos, sino por su capacidad de acceder de manera oportuna a los servicios que necesitan.

Una reorganización no debería obligar a un paciente a reiniciar una ruta de atención, cambiar innecesariamente de prestador o enfrentar nuevas dificultades para obtener un medicamento, una cita o un procedimiento ya indicado. Esto será especialmente relevante para quienes requieren tratamientos continuos.

En este sentido, Pacientes Colombia pidió al Gobierno definir con urgencia quiénes estarán al frente de las EPS intervenidas, ante las barreras de acceso, las interrupciones de tratamientos y las dificultades para obtener medicamentos que enfrentan los pacientes. La organización considera que estas entidades necesitan una conducción técnica y transparente, capaz de responder a los problemas financieros, administrativos y asistenciales sin profundizar las dificultades que ya afectan la atención.

“Los pacientes siguen enfermándose, requieren atención y necesitan tratamientos oportunos. No podemos seguir esperando mientras se retrasan decisiones determinantes para orientar la respuesta institucional a los problemas que hoy afectan al sistema”, señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

La promesa de recuperar las EPS viables y liquidar de manera ordenada aquellas que no puedan garantizar su funcionamiento tendrá que traducirse, finalmente, en un resultado concreto: que las decisiones administrativas no terminen ampliando las barreras de acceso que enfrentan los pacientes.

La pregunta que permitirá evaluar todo el proceso será, finalmente, la más concreta: ¿qué cambió para el paciente?