El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) plantea $77.06 billones para Minsalud, pero la inversión del Ministerio caería cerca de 25 %. El aumento presupuestal se concentra en funcionamiento, en un contexto de elevada presión fiscal que reduce el margen para ampliar la inversión pública.

El PGN para 2027 abre una discusión central para el sector salud: no solo cuánto dinero recibirá, sino qué parte permitirá sostener la operación y cuál podrá destinarse a fortalecer sus capacidades.

El Gobierno y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentaron un proyecto revisado de Presupuesto General de la Nación por $634.9 billones para 2027, después de que el proyecto inicial, por $575.7 billones, fuera objeto de ajustes durante su trámite. La nueva propuesta representa un incremento de $59.3 billones frente a la versión inicial.

El aumento, sin embargo, no significa que todo ese margen esté disponible para nuevas políticas o inversiones. Una parte importante de la ampliación corresponde a la revisión del servicio de la deuda, que aumentó en $37.4 billones frente al proyecto inicial. El Banco de la República advirtió además que las finanzas públicas enfrentarán un desequilibrio mayor al previsto inicialmente y que será necesario avanzar en un proceso de ajuste fiscal.

La composición del presupuesto resulta especialmente relevante para el sector salud: mientras una parte importante del gasto público responde a obligaciones permanentes, la inversión permite ampliar capacidades, incorporar tecnología, fortalecer instituciones y financiar transformaciones de largo plazo.

El proyecto asigna $77.06 billones al Ministerio de Salud y Protección Social, frente a los $75.91 billones aprobados para 2026. El aumento es de $1.15 billones, equivalente a 1,52 %.

Sin embargo, el crecimiento se concentra en funcionamiento.

Este componente aumentaría en $1.69 billones, mientras la inversión disminuiría en $543.066 millones, cerca de 25 %, hasta llegar a $1.64 billones.

Un presupuesto que ya venía bajo presión

El escenario de 2027 parte, además, de un proceso previo de ajuste. El anteproyecto presentado en abril contemplaba $596.99 billones, pero el proyecto finalmente radicado por el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, quedó en $575.6 billones, una reducción de $21.4 billones.

En esa revisión se redujeron recursos para varios sectores, entre ellos infraestructura, educación, trabajo, minas y energía y salud. En el caso del sector sanitario, el ajuste frente al anteproyecto fue de $2 billones.

El antecedente muestra que el espacio fiscal ya venía restringiéndose antes de la discusión del nuevo proyecto. La pregunta para 2027 es, entonces, si el aumento del presupuesto global permitirá ampliar capacidades o si las obligaciones de funcionamiento seguirán absorbiendo el margen disponible para transformar el sistema.

Minsalud: más presupuesto, menos inversión

Los recursos de inversión se distribuirían entre aseguramiento y prestación integral de servicios de salud, con $904.580 millones; salud pública, con $685.873 millones, y fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional, con $53.763 millones.

La señal presupuestal es clara: el Ministerio tendría más recursos, pero una menor capacidad de inversión directa para desarrollar proyectos que modifiquen las capacidades del sistema.

Aseguramiento: más recursos, pero otra bolsa

La reducción de la inversión de Minsalud no debe confundirse con los recursos destinados al aseguramiento. Son bolsas presupuestales con finalidades diferentes.

El proyecto contempla garantizar la afiliación de 50.7 millones de personas: 27.3 millones en el régimen subsidiado y 23.4 millones en el contributivo.

Considerando las diferentes fuentes de financiación, se proyectan alrededor de $72.4 billones para el aseguramiento. De este monto, la Nación aportaría cerca de $49.9 billones, sin incluir los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).

La propuesta también contempla incorporar al presupuesto de la ADRES los excedentes existentes al 31 de diciembre de 2026 para financiar el aseguramiento.

Por eso, una menor asignación de recursos para inversión en el Ministerio no implica automáticamente una disminución equivalente de los recursos destinados a garantizar la cobertura y financiar la UPC.

El desafío está en mantener la financiación de la atención mientras se preserva un espacio suficiente para aquellas inversiones que permitan mejorar la eficiencia, la capacidad institucional y la respuesta futura del sistema.

Salud pública: la excepción

Salud pública sería el único de los tres grandes programas de inversión de Minsalud que aumentaría frente a 2026. La partida pasaría de $606.027 millones a $685.873 millones, un incremento de $79.845 millones.

El aumento puede fortalecer acciones de promoción, prevención y respuesta frente a riesgos colectivos, particularmente relevantes ante el envejecimiento poblacional y la transición epidemiológica.

Pero el incremento también plantea una pregunta sobre su alcance: ¿será suficiente para anticiparse a necesidades sanitarias que, de no ser atendidas oportunamente, pueden aumentar la presión sobre los servicios de mayor complejidad?

Menor inversión para vigilancia y regulación

La Superintendencia Nacional de Salud tendría $514.008 millones en 2027, frente a $562.735 millones aprobados para 2026. La reducción sería de $48.727 millones, equivalente a 8,66 %.

Aunque el funcionamiento aumentaría, el presupuesto destinado a proyectos disminuiría de $292.248 millones a $217.224 millones.

El ajuste ocurre mientras el sistema enfrenta intervenciones y reorganizaciones de EPS, problemas financieros y dificultades en el acceso a los servicios. Para la Supersalud, el reto será mantener capacidades de información, análisis, vigilancia y control con un menor margen para inversión.

En el Instituto Nacional de Salud (INS), el presupuesto total aumentaría a $127.576 millones, frente a $121.331 millones en 2026. Sin embargo, el aporte directo de la Nación bajaría de $91.041 millones a $86.810 millones.

El Invima tendría una apropiación de $387.180 millones, de los cuales $224.525 millones serían para funcionamiento y $162.655 millones para inversión.

El comportamiento de estas entidades muestra que el debate no se limita a la disponibilidad de recursos para atender servicios. También involucra las capacidades estatales para regular, vigilar, producir información, prevenir riesgos y responder a los cambios epidemiológicos.

ANDI: el problema fiscal trasciende 2027

La estructura del presupuesto introduce una discusión de mediano plazo. Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, “este presupuesto debe analizarse menos como un programa ordinario de gasto para 2027 y más como el punto de partida de una operación de estabilización fiscal”.

Mac Master advierte que el desafío no es únicamente cerrar las cuentas del próximo año, sino construir una senda creíble de recuperación fiscal con objetivos claros de déficit, deuda, gasto e inversión. La advertencia resulta especialmente relevante para salud. La afiliación y la atención son obligaciones permanentes, mientras que infraestructura, tecnología, información, prevención y fortalecimiento institucional requieren inversiones sostenidas.

El problema, por tanto, no es únicamente cuánto puede gastar el Estado en 2027, sino qué capacidad tendrá para financiar transformaciones en sectores estratégicos como salud durante los próximos años.

Mac Master también señaló que el ajuste debe considerar sus efectos sobre la generación de capacidad productiva, la infraestructura, el empleo y el crecimiento económico. Para 2027, la proyección mencionada por el dirigente empresarial ubica el crecimiento de la economía en 1,8 %.

Para el sistema sanitario, el vínculo es directo: un menor dinamismo económico puede limitar la generación de nuevos ingresos públicos, mientras las necesidades de salud continúan creciendo.

Deuda y SGP: presión sobre los territorios

La presión fiscal también tiene una dimensión territorial. El Sistema General de Participaciones financia competencias de departamentos y municipios, entre ellas salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

La senadora Claudia Margarita Zuleta cuestionó el peso de los intereses de la deuda y señaló que los $94.4 billones previstos para este concepto representan una proporción cercana al total de los recursos que Colombia debe transferir mediante el SGP.

Según Zuleta, este monto “equivale al 98,2 % de todo lo que Colombia debe transferir a través del Sistema General de Participaciones”, cuyo valor, de acuerdo con las cifras citadas por la senadora, asciende a $96 billones.

La congresista agregó: “Los puntos alarmantes no terminan ahí. El servicio total de la deuda ($155.4 billones) supera ampliamente tanto al SGP como a la inversión pública. Ese dato debe preocuparnos como colombianos porque el SGP financia servicios esenciales como salud, educación y agua, además de otros montos que se giran a las administraciones locales”.

Zuleta también comparó los intereses de la deuda con los recursos destinados a salud a través del SGP: “Con lo que Colombia pagará en intereses de la deuda en 2027 ($94.4 billones) se podría financiar más de cuatro veces toda la salud que el SGP transfiere a los territorios ($22.5 billones) y hasta sobrarían $4.4 billones”.

La comparación pone el foco en una dimensión territorial del debate: las restricciones fiscales nacionales también pueden reducir el margen de departamentos y municipios para responder a sus competencias sanitarias.

El debate que llega al Congreso

El PGN 2027 plantea una tensión que va más allá del monto asignado al Ministerio de Salud: ¿cómo equilibrar las obligaciones actuales con las inversiones que determinarán la capacidad futura del sistema?

Minsalud recibiría más recursos, pero con una caída significativa de su inversión. La Supersalud también tendría menos recursos de inversión y el aporte nacional al INS disminuiría.

Al mismo tiempo, la estructura fiscal mantiene una elevada presión sobre las finanzas públicas y sobre los recursos disponibles para inversión.

El Congreso deberá examinar qué prioridades pueden financiarse, cuáles inversiones son estratégicas y qué tan sostenible resulta la estructura de gasto en el mediano plazo.

El verdadero desafío será evitar que la inversión se convierta nuevamente en la variable de ajuste. Porque un presupuesto puede crecer en términos nominales y, al mismo tiempo, dejar menos espacio para construir las capacidades que harán sostenible el sistema de salud en el futuro.