MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMÉRICA No. 336 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 ISNN 0124-4388
El nuevo Gobierno de Colombia, que comenzó el pasado 7 de agosto, recibe un sistema de salud que enfrenta uno de sus momentos más complejos. La crisis financiera, las dificultades en el acceso a medicamentos y las demoras en la atención ponen sobre la mesa una pregunta que trasciende las discusiones políticas: ¿cómo transformar el sistema sin poner en riesgo a quienes hoy necesitan atención?
Los colombianos, preocupados por las dificultades que desde hace varios años atraviesa el sector, esperan que el cambio de Gobierno se traduzca en soluciones concretas. Pero mientras las propuestas de transformación vuelven a ocupar el centro de la discusión, persiste un temor: que el intento por cambiar las reglas termine profundizando los problemas que ya afectan la atención.
A la fecha, vale la pena preguntarse cuál sería el camino por seguir, dada la diversidad de propuestas planteadas por los distintos actores del sector. En un momento en el que las dificultades del sistema se han profundizado, el margen para experimentar es cada vez menor.
Para Andrés Felipe Posada, politólogo egresado de la Universidad de Antioquia y estratega político, esto es posible, pero requiere establecer una línea roja innegociable: la continuidad y calidad en la atención del paciente.
“Entendemos que un cambio de gobierno trae consigo visiones y modelos distintos, y el sector salud no escapa a ese debate. Sin embargo, el bienestar de los colombianos no puede convertirse en una moneda de cambio para el posicionamiento político o ideológico”, destacó.
Desde el sector hospitalario también existe disposición para encontrar puntos de acuerdo, aunque con prioridades concretas. Diana María Mejía Valencia, gerente del Hospital San Juan de Dios de Rionegro, considera que sí existe un punto de encuentro nacional.
“Durante años nos hemos desgastado discutiendo sobre la crisis. Hoy tenemos un diagnóstico bien estructurado, con cifras que nadie controvierte, y todos los actores —Gobierno, aseguradores, prestadores, pacientes, trabajadores de la salud— coincidimos en el mismo punto de partida. Eso es un logro porque cuando el diagnóstico es compartido, el desacuerdo deja de ser ideológico y pasa a ser técnico, y lo técnico sí se puede conciliar en una mesa”.
El problema es que coincidir en el diagnóstico no necesariamente significa coincidir en la solución. Y ahí está uno de los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo: decidir qué debe cambiar, qué debe mantenerse y qué medidas deben tomarse primero para evitar que la transición termine agravando la crisis.
Si bien es indiscutible la urgencia de garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos, tal como lo establece la Constitución, la cuestión sigue siendo el cómo hacerlo sin generar nuevos traumatismos.
Por eso, una de las designaciones que más expectativa generaba en este nuevo Gobierno era la de quién estaría al frente del Ministerio de Salud, pues sobre esta persona recae gran parte de la responsabilidad de enfrentar una crisis que el sector arrastra desde hace años.
Esta posición abre otro de los debates centrales de la transición: qué papel tendrán las EPS en el nuevo modelo y hasta dónde deberá llegar su transformación. Mientras para algunos sectores la crisis exige modificar de manera profunda el esquema actual, para otros resulta indispensable preservar las capacidades que todavía permiten garantizar el aseguramiento y la atención.
Y es que, de acuerdo con declaraciones del Ministerio, existe una crisis asistencial severa, con más de 700.000 pacientes con enfermedades crónicas que no han recibido sus medicamentos con oportunidad en el último año.
El panorama financiero tampoco da tregua. El tema fiscal, uno de los más discutidos, espera ahora recibir un alivio con prioridad en el pago a los prestadores.
Sin embargo, poner más recursos sobre la mesa no necesariamente resuelve por sí solo los problemas estructurales. Si persisten las fallas administrativas, la ineficiencia y las dificultades en el flujo de los recursos, el esfuerzo económico podría no traducirse en mejores resultados para los pacientes. Por eso, el desafío será demostrar que una mayor inyección de recursos puede ir acompañada de controles y decisiones capaces de evitar que el dinero se pierda en el camino.
Al consultarle a la gerente Mejía Valencia qué aspectos considera prioritarios implementar en esta transición estatal, afirmó que, primero, un recálculo real de la UPC. La Unidad de Pago por Capitación es el corazón financiero del sistema: si está mal calculada, todo lo demás se desangra hacia abajo.
Y segundo, la forma en que se prestan, se facturan y se cobran los servicios relacionados con el SOAT. Según expresó, este es un frente del que se habla poco, pero que al sector lo golpea con fuerza.
Estas prioridades ponen sobre la mesa una discusión que va más allá de la permanencia o desaparición de las EPS: la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad real de los recursos para convertirse en servicios oportunos para los pacientes.
El Gobierno, entonces, enfrenta un dilema que no parece tener una solución sencilla. Transformar el sistema puede ser necesario, pero hacerlo en medio de una crisis asistencial y financiera aumenta los riesgos. Mantenerlo sin cambios tampoco parece suficiente para resolver los problemas acumulados.
La discusión ya no debería centrarse únicamente en si el sistema necesita una reforma, sino en cómo hacerla sin que los pacientes terminen pagando el costo de la transición.
Sea cual sea el nuevo manejo que se dé a la salud en Colombia y los cambios profundos y estructurales que este pueda traer consigo, lo cierto es que la integridad de los usuarios no debe verse vulnerada en ningún sentido.
Porque el verdadero éxito del nuevo modelo no estará solamente en las nuevas reglas que consiga establecer, sino en que los colombianos puedan seguir recibiendo atención mientras esas reglas cambian.
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