Evalúan condiciones para mejorar la vida de los médicos residentes Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com ¿Se imagina estudiar seis años para formarse como profesional y que al momento de hacer su especialización tenga que pagar hasta 40 millones de pesos anuales por tres o cinco años, con dedicación exclusiva, practicando hasta 12 horas diarias sin recibir un solo peso? Esa es la realidad de los médicos residentes. “Los residentes pagan por trabajar”, así lo resume Carolina Corcho, abanderada del proyecto de ley que busca reglamentar las residencias médicas en Colombia, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana. De acuerdo con su explicación, la especialización de los médicos se da en hospitales y clínicas casi de tiempo completo poniendo en práctica lo que aprende, no hay necesidad de ir a recibir clases a la Universidad. Sin embargo, a estos centros educativos el médico debe pagarles matrícula, que dependiendo de la Universidad oscila entre 20 y 40 millones cada año, mientras que durante el periodo de formación el profesional no recibe remuneración, no cotiza al sistema de pensiones, no tiene cesantías, mejor dicho, no goza de ningún derecho laboral aunque trabaja todo el día. Esta es la preocupación de Víctor Correa, quien además de médico es representante a la Cámara por Antioquia: “Estamos diciendo que los médicos no empiezan a ser productivos económicamente sino hasta la mediana edad, solo ingresan al sistema de seguridad social en la cuarta década de la vida”. En el mundo, un residente tiene estatus de trabajador del sector salud, con un contrato laboral y los derechos de ley que esto implica, sustenta la doctora Corcho, mientras en Colombia el residente es un estudiante, fue así como quedó normado en la Ley 100 de 1993. “Su subsistencia está dada por una beca crédito del ICETEX, de dos salarios mínimos mensuales, con recursos apropiados por el Ministerio de Salud y el de Educación, que no es universal, es irregular en los pagos, y que no ha tenido una cobertura superior del 60% de los residentes del país”. Es por eso que en el Congreso de la República avanza una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de los gremios médicos del país, que busca remunerar a los médicos residentes y eliminar el cobro de matrícula de esas especializaciones. Así sería el salario de las residencias Si este proyecto de ley, que ya surtió sus dos debates en la Cámara de Representantes y está pendiente de otros dos en el Senado, es aprobado como está escrito, los residentes recibirían un salario de, por lo menos, tres salarios mínimos, $2’213.151 cada mes, contarán con vinculación laboral que le permita acceder a todas las prestaciones de ley. A cambio, “se obliga a prestar los servicios profesionales, acordes con el programa de delegación progresiva de competencias propias de la especialización”, y sus turnos no podrán sobrepasar las 12 horas diarias ni las 66 horas por semana. El problema está en la financiación de esos recursos. ¿De dónde debe salir el dinero para pagarles a los médicos residentes? Corcho sostiene que “se supone que el Sistema General de Seguridad Social dentro de los recursos que tiene debe destinar recursos para pagarle a los trabajadores”. Por su parte el congresista Correa advierte que si las instituciones prestadoras de salud absorben la demanda con médicos residentes y facturan a las EPS los servicios, tendrían que disponer de los recursos que cobraron para pagar sus salarios. na y del Hospital Universitario San Ignacio titulado “Los costos de la docencia” calcularon cuánto ganaba la clínica con el servicio docente y médico que prestan los residentes y más o menos las ganancias fueron alrededor de 1.400 millones de pesos anuales. “Los residentes hacen ayudantías quirúrgicas ahorrando costos a la IPS, el residente muchas veces asume la labor del especialista, es decir, un médico especialista con cinco residentes atiende un número mayor de pacientes”, aclara Corcho. En cambio, Jesús Eugenio Bustamante, gerente del Hospital General de Medellín, dice que los residentes “no tienen el mismo rendimiento de un especialista y, además, los prestadores debemos garantizar insumos, capacitación, docentes, preparar reuniones académicas, entre otras acciones” que demandan dinero y tiempo. Así que su apuesta es que los salarios salgan de los ministerios de Salud y de Educación. En el Congreso no está tan claro. El senador Jorge Iván Ospina, quien será el coordinador ponente del proyecto, dice que son 170.000 millones de pesos al año lo que costaría pagarle a los residentes, “la fuente de consecución de ese recursos debe ser un porcentaje de todo el aseguramiento que se oriente a un fondo especial para el pago de residentes y fortalecimiento de hospitales y clínicas universitarias”. Algunos de sus colegas prefieren que los salarios sean financiados directamente por el Presupuesto General de la Nación. El senador Antonio Correa, miembro del equipo ponente en el Senado, propone, por ejemplo, que se utilicen varias fuentes de financiamiento: “Hay unos recursos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación que son unos auxilios cercanos a los 30.000 millones de pesos, habría que fortalecer este rubro; también hay ahorros importantes de recursos de ciencia y tecnología del orden municipal, habría que cambiar la destinación que hoy tienen para que vayan a apoyar la formación médica”. ¿Matrículas gratis? El segundo componente del proyecto de ley es la prohibición del cobro de matrículas y aquí está el asunto más debatido. “¿Cómo le vamos a exigir a una universidad privada que no cobre matrícula? ¿Con qué objetivo ofertaría una especialización en Medicina?” cuestiona el senador Ospina, “con esto violentamos la autonomía administrativa y financiera de las universidades y los 305 programas que tienen las universidades privadas podrían ser desestimulados y a futuro ser suprimidos”. El coordinador ponente propone que haya una regulación de la tarifa de la residencia, porque no se puede olvidar que el proceso formativo cuesta. El problema es que las universidades deben pagarle a los hospitales por formar allí a su estudiante y en muchos casos hasta el 70 % de la matrícula se va en esos gastos. Por eso es que el gerente del Hospital General dice que las universidades no deberían cobrar por la matrícula o en caso de hacerlo, sería por un monto para cubrir gastos generales, “que continúen los convenios docencia servicio entre hospitales y universidades, igual las rotaciones de los residentes acompañados por el personal especializado de los prestadores. Los insumos siempre han estado a cargo de los hospitales y así continúan. La diferencia está en el costo mínimo de matrícula”. El senador Correa considera que si se saca a la universidad de la formación y se da la función a los hospitales públicos se estaría solucionado el asunto. Hoy el balón está en el Senado y será allí donde se cambie, al fin, el futuro de las residencias en Colombia.

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