MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 176  MAYO DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Debate en el país por tercera
reforma a sistema de salud


“Economía de la reforma a la salud
Jairo Humberto Restrepo Zea. Coordinador, Grupo de Economía de la Salud Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Antioquia - jairo@udea.edu.co

Las conclusiones del seminario académico “Aspectos económicos de la reforma a la salud en Colombia”, realizado el pasado 25 de abril, fueron presentadas el 29 de abril en Audiencia Pública del Senado en la Universidad Pontifica Bolivariana en Medellín, y servirán para continuar el debate académico y promover mayor reflexión y más investigación, como un ejemplo del aporte de la academia al debate político para incidir en la formulación y evaluación de políticas públicas (memorias y video del seminario en la web de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. de Antioquia). Entre las conclusiones se destacan las siguientes, cuyo análisis presentaremos en próximas ediciones de EL PULSO:
1. Aunque hay acuerdo sobre la necesidad de una reforma, se requiere tiempo para contar con una propuesta de mirada de largo plazo, estratégica y en profundidad. La propuesta del gobierno es un punto de partida para la discusión nacional, que admita la presentación de alternativas y la simulación de escenarios para tomar decisiones sólidas e inspiradas en el bien común. Es importante considerar puntos de encuentro y promover acuerdos con otras iniciativas, principalmente de la sociedad civil.
2. Mientras se construye una reforma sólida, el gobierno nacional puede actuar con herramientas jurídicas y administrativas a su alcance para incidir en el desempeño del sistema y proteger a los ciudadanos y a los recursos. Se mantiene el llamado a continuar con la implementación de la Ley 1438 de 2011.
3. Es importante darle fuerza a la salud pública y a la Atención Primaria en Salud como componentes y principios fundamentales del sistema. El proyecto del gobierno plantea bases que conviene precisar y profundizar, asignando funciones a los entes territoriales y estableciendo obligaciones a prestadores y administradores para integrarse a las políticas de salud pública como dependientes de ésta.
4. La liquidación de la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y el cierre del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, implican que no se tiene una instancia formal de participación o concertación, así como de regulación autónoma, lo cual puede estar en el centro de la crisis de legitimidad por la que atraviesa el sistema. Es necesario revertir esta situación y para ello incluir un capítulo dedicado a temas como la rectoría y la gobernanza.
5. La reforma tributaria de diciembre de 2012 trae serios interrogantes y retos sobre la financiación del sistema de salud, pues evidencia que a partir de 2014 habrá un faltante en las finanzas del sistema que aunque obliga al gobierno a cubrirlo con el Presupuesto General de la Nación, implica una presión fiscal importante en aumento por la necesidad de garantizar cobertura y unificación de planes. El país tiene oportunidad de reversar esa decisión, o plantear desmonte total de cotizaciones en escenario de mediano y largo plazo.
6. La propuesta de Salud-Mía en reemplazo de Fosyga es interesante para unificar fuentes de recursos y superar dificultades de estas dos décadas en flujo y manejo de recursos públicos. Sin embargo, requiere un diseño institucional que garantice eficiencia y buen gobierno de la entidad que tendría un presupuesto y un volumen de información y de transacciones gigantescos. Para dar este paso se necesita mucha discusión y claridad frente al escenario actual.
7. La propuesta sobre plan de beneficios va en buena dirección, al basarse en una lista de patologías y declaración de listas negativas o exclusiones. Sin embargo hay reparos sobre el término asignado al plan de beneficios (Mi-Plan), pues se refiere a algo individualista. Debe mantenerse la denominación “Plan Obligatorio”, atado a la noción del derecho y al suministro de lo que los economistas llamamos bien preferente, cuyo consumo debe ser obligatorio y gratuito. En otro caso podría ser Nuestro Plan, notando su carácter universal.
8. A propósito del plan de beneficios, los economistas de la salud continúan llamando la atención sobre la necesidad de un diálogo social que permita ilustrar y admitir la complejidad de un proceso de priorización y generar mecanismos legítimos para acordar el plan de cobertura universal y los procedimientos para dar coberturas allí no incluidas.
9. Frente a la transformación de las EPS en Gestores de Servicios, si bien se advierte que junto con la adopción de Salud-Mía allí se encuentran los principales cambios propuestos por el gobierno, es necesario aclarar el verdadero rol que asumirían y la operación de los recursos. Se repara que si bien el sistema puede mejorar en eficiencia y es necesario revisar el esquema de incentivos que ha dado lugar a comportamientos perversos, estos no son exclusivos de las EPS y en tal sentido conviene una mirada integral y sistémica que ayude a evitar abusos, ineficiencias y perversiones de cualquier tipo de agente.
10. En sentido similar, la propuesta de Redes Integradas de Servicios debe madurarse teniendo en cuenta asuntos de gobernanza, gestión y concepción primaria del sistema, así como considerar la financiación de ciertos servicios por su disponibilidad y de otros mediante pagos integrales de diagnóstico o de tratamiento. En esta discusión, cabe dejar claro el rol de las redes y cómo queda inserto en ellas cada prestador, así como si se llega a pensar en la desaparición de los Gestores en la medida en que esta función podría asumirla Salud-Mía con un esquema descentralizado.
 
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