El gobierno Santos sí manifiesta voluntad de intervenir la crisis que agobia al sistema de salud hace años. Pero con la buena intención no basta para resolver una crisis estructural que demanda soluciones radicales, e incluso el cambio del sistema. Más el gobierno no optará por esa vía, sino por un tercer intento de reforma a la única reforma verdadera que tuvo la salud en Colombia: la de la Ley 100/93 que introdujo el sistema actual, el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Desde entonces, sólo tuvimos las intentonas de las leyes 1122/07 y 1438/11 (ésta última del gobierno Santos, aún pendiente de reglamentaciones), que fallaron en su propósito de resolver los grandes problemas y hasta profundizaron otros: flujo de recursos, acceso de la población a servicios de salud, control de la liquidez, crisis hospitalaria, caída de la salud pública y corrupción.
¿Qué está claro? Que no se cambiará el sistema, sino que se harán ajustes sobre sus agentes y operación, pero conservando la estructura. Se mantienen los regímenes contributivo y subsidiado, desaparece Fosyga y llega Salud-Mía como gran afiliador y administrador de recursos, el Plan Obligatorio de Salud se convierte en Mi-Plan con adiciones y lista taxativa de exclusiones, y las EPS se convertirían en Gestores de Servicios de Salud a cambio de un pago al final del proceso, en Áreas de gestión sanitaria.
El ministro Gaviria recoge aportes para hacer una “construcción colectiva”, pero ojalá ello no se quede en remedo de amplia participación para no acoger ninguno, como sucedió con otras iniciativas. Pese al optimismo del ministro reina cierto ambiente de desconfianza, porque la experiencia muestra que a veces fue peor el remedio que la enfermedad. Resta esperar entonces las discusiones en el Congreso, para ver la “redefinición” del sistema de salud.
El gobierno también presentará un proyecto de ley estatutaria para definir el derecho fundamental a la salud; muchos afirman que sólo limitará el “núcleo esencial” del derecho, restringiéndolo y cortando toda posibilidad de interponer tutela para reclamar algo no incluido allí. Esto porque se supone que se protege el derecho al proteger lo que está en ese “núcleo” de servicios básicos de salud, entonces si no se viola el derecho no hay lugar a tutela, y quién necesite algo fuera del núcleo, tendrá que pagarlo. El debate está abierto.