MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 176  MAYO DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Debate en el país por tercera
reforma a sistema de salud


“Reforma pone énfasis en problemas
legales y normativos”: ministro Gaviria
Luisa Fernanda Toro Arroyave - Periodista elpulso@elhospital.org.co

La discusión del proyecto de ley ordinaria con el cual se redefiniría el sistema de salud apenas comienza, y en el mejor de los casos estaría aprobada en diciembre próximo o un poco antes, y tendrá un período de transición e implementación de un año o dos; así lo anunció el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en el foro “Hacia un nuevo modelo de salud para los colombianos” en la Universidad Eafit, el pasado 12 de abril en Medellín.
Considerando que se debe aprovechar la próxima reforma al sistema para construir más confianza y legitimidad en el mismo, el Ministerio de Salud programó jornadas de socialización del proyecto de ley 210 en todo el país, con asistencia del ministro Gaviria y de sus viceministros de Salud y Protección Social, buscando que sea una construcción colectiva y no “un capricho del gobierno de turno y de algunos pocos legisladores”, porque eso ahondaría en estos problemas que tienen consecuencias económicas, ya que los costos de transacción son altos: “Por eso estos espacios son importantes, porque deben estar basados en esa democracia deliberativa. Este es un objetivo intrínseco”, dijo el ministro.
El ministro insistió en que no cree que se esté viviendo el peor momento de la salud en la historia de Colombia; sí cree que se tienen dificultades y la reforma busca resolver algunas: “La gente está disconforme con el sistema: la falta de oportunidades y la falta de calidad de los servicios son inauditos”. Por eso las cosas tienen que cambiar, pero reiteró que ésta es una crisis más financiera que de salud pública, y sí hay sentido de urgencia porque esa crisis financiera se podría traducir en una crisis de salud pública. Más enfatizó que todavía los indicadores de salud pública del país no demuestran una catástrofe.
El funcionario señaló que los juicios son matizados, y por eso para este debate se deben conocer los logros del sistema de salud, aceptar los fracasos, y decir de una vez por todas que la reforma debe resolver los problemas en la prestación: “Debe ser una reforma pensada en la gente, no en los agentes. Los objetivos deben ser preponderadamente sociales, y están asociados a la mala calidad, problemas de fragmentación del servicio y oportunidad del sistema. Esto es muy difícil de solucionar porque no hay la posibilidad de saber si el sistema que diseñamos es perfecto, entonces tratamos de concebir una reforma poniendo el énfasis donde creemos que hay problemas legales y normativos”.
Indicó que según algunos cálculos, el nuevo sistema valdría un billón de pesos adicional al presupuesto de hoy: “Eso lleva a que la implementación del plan integral de beneficios tendrá que ser gradual. No podemos hacerlo de una vez por todas. Y queremos hacerlo antes de que se apruebe la ley”. También aseguró que para esos efectos, la reforma tributaria aprobada a fines de 2012 contempla que los recursos requeridos provendrán del impuesto CREE, y en caso de ser necesario, del Presupuesto General de la Nación.
También indicó que Supersalud tiene más de 50 entidades intervenidas y eso la hizo muy vulnerable a la expresión en política, pues en los últimos años la Súper se dedicó a decidir qué negocio le entregaba a qué político, con muy baja capacidad sancionatoria: “El superintendente lleva 5 meses en el puesto y no ha podido hacer nada; se demoran un año para sancionar una EPS con $5 millones; ahí tenemos una institución que no funciona, y la reforma tiene que avanzar a una institución distinta, qué haga lo que tenga que hacer”.
Aceptó que cometieron un error estratégico y no entendieron el valor simbólico del derecho, al no mencionar en el proyecto de ley la Atención Primaria en Salud. Explicó que no está, porque la norma que tiene la Ley 1438 es suficiente y no valía la pena reiterar las normas; sin embargo, en la gira de debates por el país detectaron que la gente quiere ver una norma completa, y que incluirla la ubicará en las prioridades de política pública.
Los 4 puntos centrales del proyecto
- Salud-Mía: Fondo único que reemplazará al Fosyga y asumirá la afiliación, el recaudo, administración y giro de recursos del sistema. Su junta directiva la conformarán los ministros de Hacienda y Salud, y un representante de la Presidencia. El ministro afirmó que el Estado a lo largo del tiempo cometió errores como delegar varias funciones que son indelegables y debía asumir, y ahora tiene que asumir esa función de administración de recursos, más cuando ya no existe diferencia del plan de beneficios entre subsidiado y contributivo. También afirmó que no se privatizarán los recursos de la salud, porque esos recursos son de todos
- Mi-Plan: Será el plan de beneficios que define los medicamentos, procedimientos y servicios que cobija el sistema. El ministro indicó que en el tema de medicamentos habrá dos normas: una es que el Ministerio de Salud dará un concepto a las nuevas patentes y la otra que elimina la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM).
- Gestores de Servicios de Salud: Ente articulador que acompañará al usuario en el sistema, pero que no manejará recursos. Gaviria insistió que no pretende eliminar el sistema de aseguramiento, ya que éste permitió el aumento de la cobertura hasta hacerla casi universal. Sobre los incentivos y el papel de un articulador, dijo: “Los problemas de un agente asegurador puro puede ser que cualquier negación de servicios implica un aumento de la utilidad, suspicacia permanente que no tiene justificación”. Por ello deberán hacer gestión de riesgo, para tener costos menores: “Los incentivos hoy no funcionan y es real. Para esto planteamos un diseño distinto que tuviera otros elementos. Las EPS no manejan los recursos, van a ser girados del Fondo Salud-Mía a los hospitales.
“Ésta es una crisis más financiera
quede salud pública, y hay sentido de
urgencia porque esa crisis financiera se podría
traducir en una crisis de salud pública.
Pero todavía los indicadores de salud pública
del país no demuestran una catástrofe”.
Dr. Alejandro Gaviria
Los Gestores tendrán énfasis territorial, pues no se puede hablar de servicios si no se tiene arraigo con el territorio. Parcialmente se les reconocerá un per cápita por riesgo. Pero ese ‘parcialmente’ quiere decir que si no se garantizan resultados en salud a la población, ellos no van a ser viables económicamente. El otro elemento son los temas de compensación en el POS en el reaseguro: si un paciente les vale $80 millones, Salud Mia cubre el 60%. Estamos creando un monstruo si se quiere, pero tiene que garantizar los resultados en salud”. Agregó que espera que los incentivos logren que las barreras más evidentes al acceso desaparezcan, y que los nuevos Gestores del Servicio de Salud se transformen efectivamente en los representantes del usuario y los garantes del derecho fundamental de la salud, pues el esquema está orientado a ello.
- Áreas de gestión sanitaria: Se agruparán departamentos para que la población pueda acceder a la prestación de servicios a través de la articulación de gestores de salud con prestadores. Se plantea iniciar con 24 áreas, unas de carácter especial. Los entes territoriales pueden constituirse en Gestores de Servicios de Salud con algunas condiciones, pero no serán los únicos gestores del régimen subsidiado, porque se convertiría en monopolio público: “Planteamos también que en algunas regiones de Colombia pueden existir modelos especiales, pensados en un sentido ofertista, poniendo énfasis en el modelo de atención; estamos trabajando en un plan piloto en Guainía y en San Andrés”, dijo el ministro.
Finalmente, el ministro señaló: “Pedimos facultades especiales para un tema muy complejo, que yo llamo la próxima crisis de la salud: la formalización de los trabajadores de la salud, sobre todo de las ESE, donde hay unas 250.000 personas por formalizar, para que se incorporen a la planta, lo cual costaría más de $2 billones al año; eso quebraría el sistema público, tenemos que hacerlo con cuidado”.
Y reveló que están pensando en la creación de una nueva categoría más sensible, el “servidor de la salud”, asunto que no quisieron incorporar a la ley para no mezclar el debate en el Congreso.
 
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