“En
la intervención a SaludCoop se hicieron investigaciones
y auditoría contable forense: en los cargos reportados
hay situaciones que pueden ser penales, otras disciplinarias
para análisis de Procuraduría y otras administrativas
o fiscales; eso está registrado y fue remitido a las
instancias de control competentes, diferentes de la vigilancia
administrativa de Supersalud. La intervención va muy
bien y la EPS mejora sus procesos misionales en atención
de afiliados”, explico el superintendente Conrado Gómez.
Y agregó: “Es difícil porque hay un equipo
pequeño al frente de la intervención, mientras
hay cientos de ejecutivos agrupados en un sindicato (el más
grande del país, que tiene en sus principios de constitución
oponerse a la intervención), y personas con lealtades
diferentes. Ha sido un proceso de consolidación lento
y en el tiempo que resta falta un trabajo muy fuerte; se necesita
que avancen las investigaciones penales y fiscales porque esto
definirá el futuro de la EPS, dado que el Estado reclamará
de alguna manera la propiedad de esos bienes o qué pasará
con la entidad”.
Ante señalamientos de la Contraloría de indicios
de que SaludCoop fue intervenida para sanearla y devolverla
a sus antiguos dueños, enfatizó: “Eso es
absolutamente falso, porque los motivos y causales de intervención
están estrictamente apegadas a la ley, obedecen a los
hallazgos de una visita ante los cuales lo único por
hacer era intervenirla. Y el gobierno no ha invertido ningún
recurso para el salvamento de Saludcoop: ésta funciona
con sus recursos y atiende a sus pacientes con los recursos
que reciben todas las EPS. No ha habido absolutamente ningún
recurso, ni preferencia de algún tipo para Saludcoop.
Nada es cierto y esas especulaciones le hacen mucho daño
al gobierno y al sector salud, porque la intervención
de Saludcoop es una de las actuaciones más importantes
en salud en los últimos años, que requirió
gran determinación y valor. Es injusto que una decisión
histórica como ésta, tenga cuestionamientos sin
fundamento”. |
