El meollo
para comprender la efectividad real de las intervenciones de
Supersalud, puede estar en el foco del asunto: mientras podría
pensarse que éstas buscan garantizar mejor prestación
de servicios con mayor acceso a los ciudadanos, los funcionarios
tienen como prioridad salvar las finanzas de entidades intervenidas
como vía para garantizar la prestación. Luis Alberto
Martínez, director de Aesa, señala que infortunadamente
las intervenciones no han servido, entre otras razones porque
la Súper es una entidad eminentemente politizada, donde
gran parte de los interventores son cuotas burocráticas
de congresistas: “Desde ahí, hay un sesgo frente
a lo que debe ser una intervención, que debería
ser para mejorar la eficiencia en la operación de las
entidades, lo cual no se evidencia. Además hay una concepción
que lleva a todo lo contrario, y vemos como desde la entidad
de inspección, vigilancia y control del sistema de salud,
se incentiva la protección del patrimonio del sector
privado en detrimento del patrimonio del sector público
y de la buena prestación de servicios a la comunidad”.
Un ejemplo del poco mejoramiento de las EPS intervenidas es
SaludCoop: en promedio cuando fue intervenida se demoraba 6
meses para cancelar una factura, ahora se demora 7 meses, y
lo peor es que no hay con quién sostener una interlocución
válida, porque los gerentes territoriales dicen obedecer
órdenes del agente interventor de Supersalud.
Otras evidencias señaladas por Martínez muestran
el cariz real de las intervenciones: “Por Saludcoop han
pasado varios gerentes interventores y la interlocución
con ellos es muy difícil, no hay empoderamiento efectivo
en las seccionales e incumplen las metas de operación
del sistema, siguen invirtiendo en equipos de fútbol
y en cosas que nada tienen que ver con prestación de
servicios de salud. El primer acto administrativo de Dionisio
Vargas, agente interventor de Emdisalud, fue expedir una circular
interna en la que dijo a sus seccionales: 'Paguen apenas el
80% de lo que nos facturen'. Esto evidencia cómo los
interventores imponen obstáculos y trabas administrativas
a los prestadores. Saludcoop ya intervenida, publicó
en su página web y propuso a las IPS en Bogotá,
negociar, e incluso que los prestadores renunciaran a un porcentaje
importante en el monto de facturas que les adeudaban, escudado
es una supuesta figura del pronto pago -situación completamente
ilegal-. Y lo hizo el gerente interventor, delegado por Supersalud”.
También indicó: “Con las EPS en vigilancia
especial, Caprecom y Ecoopsos, las relaciones con la red prestadora
se hicieron mucho más difíciles, argumentando
que la Súper les impuso márgenes de contratación
por niveles de complejidad; no se comprende cómo la Supersalud,
en vez de enfocarse en garantizar que los servicios sean integrales,
de calidad, continuos y que resuelvan los problemas de salud
de la población, por el contrario confronta más
a los prestadores. Las intervenciones están enfocadas
en salvar actores y ese no es el tema: el centro de todo sistema
de salud en el mundo es la satisfacción de necesidades
en salud de la población, no en los prestadores ni en
los administradores de recursos ni en entes territoriales. El
problema no es del actor, es del sistema, y es estructural porque
hace tiempo tocó fondo, pero hay tozudez desde el gobierno
y el Congreso para poner paños de agua tibia a algo que
hace tiempo naufragó”.
Tampoco efectivas en IPS
En intervenciones a IPS, especialmente públicas,
el director de Aesa, Luis Alberto Martínez, indicó
que no hay mejoría efectiva de las instituciones, aunque
hay expectativa con la puesta en marcha del Fonsaet, que permitiría
intervenciones más efectivas al llegar con recursos.
Más hay mucho 'ruido', debido a los intereses políticos
que las rodearían: “Al parecer, de todas las intervenciones
sólo una fue más o menos efectiva, en una IPS
privada de Córdoba. Además, las IPS entran a cumplir
planes de mejoramiento impuestos por Supersalud, enfocados en
recuperación financiera e indicadores positivos, a expensas
de retener el flujo de recursos y hasta de negar servicios a
los usuarios, para cumplir márgenes de solvencia y patrimonio
mínimo para pasar la habilitación ante la Súper”.
En este orden de ideas, habría muy pocas posibilidades
de que las intervenciones sean efectivas bajo el actual sistema,
porque su diseño excesivamente fragmentado incentiva
la competencia desaforada por encima de la colaboración
y cooperación entre los actores, además que su
base conceptual está fundamentada en la comercialización
de servicios y mercantilización del derecho a la salud. |
