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Al proceso se someterían los profesionales con 5 años
de haber salido de su especialidad, excepto las personas mayores
de 65 años; también se recertificarían
quienes hayan sido suspendidos del ejercicio por tribunales
de ética médica o procesos civiles para retomar
su estatus: esta posibilidad implica que los Consejos de recertificación
verificarían en los tribunales la existencia o no de
problemas médico-legales.
La propuesta asigna 70 unidades hora para lograr la recertificación:
con un piso de 96 horas al mes o medio tiempo, 35 horas corresponden
al ejercicio profesional y son equivalentes a 35 horas de
recertificación, mientras el tiempo completo asignaría
50 horas. El tiempo laborado sería certificado por
la entidad vinculante o los documentos de soporte respectivos,
y en el ejercicio particular los RIPS (Registros Individuales
de Prestación de Servicios) cumplirán esa función.
La propuesta considera que alguien que trabaje menos de medio
tiempo, no tiene la idoneidad que garantice la calidad necesaria
en la prestación de servicios de salud, y en esos casos
el profesional deberá demostrar ante el Consejo de
su especialidad que está capacitado para ejercer la
profesión.
Las 35 unidades restantes se lograrían por instrucción,
entendida como toda actividad científica de actualización
realizada por el profesional que esté evaluada por
el Comité académico de cada asociación.
En ese orden de ideas, no tendría el mismo valor un
evento organizado por un laboratorio para lanzar un producto
que un evento académico como un congreso; del mismo
modo, la intensidad horaria recibiría un valor de ponderación
dependiendo del tipo de evento y la calidad científica
del mismo.
Las publicaciones aportarán un puntaje que dependerá
de si el medio es indexado, de la categoría de la publicación
según clasificación de Colciencias, de la originalidad
del artículo o de si es revisión de un libro.
También se considera la presentación de trabajos
en congresos, aunque nadie obtendría la totalidad del
puntaje basado en actividades como dictar conferencias. Una
consideración importante que atiende la realidad del
país, es otorgar a los profesionales que viven en lugares
apartados medio punto más o 1,5 como calificación
por cada unidad.
Para el doctor Ignacio Ucrós, presidente de la Asociación
de Sociedades Científicas, lo importante ahora es lograr
presentar una propuesta conjunta con las universidades: “No
podemos permitir que el Estado nos maneje el concepto de profesionalismo;
tenemos que ser lo suficientemente responsables con nosotros
y con la sociedad para hacer procesos adecuados, y nos toca
sentarnos con las universidades y sacar una propuesta conjunta”.
Recertificación netamente
académica
Desde que inició la discusión en torno
de la recertificación, las facultades de medicina manifestaron
que son ellas las entidades idóneas para realizarla.
Si bien el punto continúa sobre la mesa, la doctora
Juliana Vallejo, jefe de la División de Salud y Protección
Social de Ascofame, no descarta la posibilidad de llegar ante
el Ministerio con una propuesta de reglamentación concertada,
sin que ello implique la desaparición de temores frente
al tema: “La recertificación es un proceso deseado
en el sentido que busca la calidad del ejercicio, pero hay
que alejarlo de intereses que no sean académicos y
científicos; estamos muy preocupados por que haya intereses
políticos, económicos e incluso gremiales, alrededor
de la recertificación”.
La doctora Vallejo reitera la inquietud de las facultades
frente a la idoneidad del ente evaluador: “Pensar que
la academia es el evaluador natural parte del alcance dado
al término recertificación: si es todo el proceso,
incluyendo la evaluación del quehacer médico,
tiene que estar allí la academia; puede ser como pares
dentro de las sociedades científicas, pero no se puede
dejar un proceso tan importante en términos de calidad
en manos de entes que no tengan ningún tipo de compromiso
académico”. Las posiciones podrían acercarse
en las próximas semanas: “Es muy importante llegar
a una sola propuesta para entregar al gobierno nacional; es
el momento de unificarnos, no de buscar divergencias sino
la unión, para que los médicos y la sociedad
se vean beneficiados”, dijo.
Garantías para la recertificación
Algo que aún no es claro, es el papel de los
trabajadores no médicos del sector. Aída Navas,
presidenta de la Confederación de Profesionales de
la Salud que agrupa a trabajadores de bacteriología,
fisioterapia, fonoaudiología, nutrición y dietética,
optometría, odontología, química farmacéutica
y terapia ocupacional, señala que el modelo de recertificación
debería adecuarse a las condiciones laborales y sociales
de los profesionales de la salud, y consultar las formas del
ejercicio de la profesión en aspectos como remuneración,
estabilidad laboral, y accesibilidad a la educación
continuada: ”Las actuales condiciones son difíciles
incluso para los médicos, y para las otras profesiones
es más evidente, con el agravante de encontrarnos diluidos
dentro de las normas; nuestras profesiones tienen que ser
tenidas en cuenta”.
La señora Navas expresó su preocupación
por la falta de garantías para que el trabajador se
recertifique: ”En el proyecto de ley no quedó
una garantía para que los profesionales puedan recertificarse,
como que los empleadores ofrezcan tiempo y recursos económicos
para acceder a la educación continuada; la reglamentación
debe tocar este tema esencial. Está bien la exigencia
en torno de la calidad de la prestación del servicio,
pero tiene que haber garantías para que sea viable
para los profesionales”.
Proceso en manos privadas
En Estados Unidos, la recertificación está a
cargo de entidades privadas encargadas por las universidades
desde hace años, indica el doctor Marco Danon Montalvo
del Miami Children Hospital, para quien la recertificación
creó allí un profesional preocupado por estar
al día y seguir adquiriendo conocimientos. El doctor
Danon considera que en Colombia deben ser las organizaciones
de profesionales las encargadas de realizar el proceso de
recertificación, partiendo de grupos de valoración
conformados por profesionales idóneos, idealmente con
vínculos con las universidades y que funcionen como
subcomités de las asociaciones de cada especialidad.
Pero a su vez, es claro en la necesidad de evitar que la recertificación
derive hacia un negocio: “Se puede crear un conflicto
financiero; por ello las sociedades científicas deben
mirar muy bien y evaluar las conferencias, talleres y demás
actividades de educación continuada que puedan dar
créditos educativos, para garantizar su nivel académico”.
Persisten los temores
La recertificación debe ser un proceso de motivación
en pro de la calidad y no punitivo; sin embargo, existe la
posibilidad de que se convierta en talanquera en la contratación,
como señala el doctor Osmar Pérez, coordinador
del Postgrado de Pediatría en la Universidad Metropolitana
de Barranquilla, para quien el proceso genera una situación
de tipo económico y político que puede ser aprovechada
por los empleadores en contra del profesional, en vez de propender
un proceso que estimule a EPS, IPS y profesionales. Agrega:
“¿Cuál es la propuesta de mejoramiento
del profesional que no es recertificado? No se le puede dejar
en el aire. Hasta ahora el punto crítico es la evaluación,
pero si bien todos debemos tener un mínimo de conocimientos,
de saber, del ser y del hacer, no se le puede pedir a un profesional
que trabaja en un área rural el mismo quehacer de otro
que labora en un hospital de tercer nivel: frente a eso no
se ha planteado nada.”
Y el doctor Edgar Parra Chacón, coordinador académico
general de la Universidad de Cartagena, considera pertinente
para los profesionales residentes en la provincia, establecer
alternativas de educación en ambientes virtuales, pero
partiendo del compromiso del empleador: ”La empresa en
donde laboran, debe proporcionar los medios, tiempos y recursos
de educación continua”.
Sigue abierto entonces el debate frente a la recertificación,
en cuya implementación deberían atenderse las
inquietudes de quienes serán los directamente involucrados.
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