La normatividad reitera hasta el cansancio, que la atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todos los prestadores, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago, sin contrato ni orden previa. Hay justicia, ética y belleza en este mandato que busca salvaguardar la salud y no dejar escapar la vida. Y como todas las verdades esenciales, es elemental: Es la misión del médico. Es la misión de la clínica u hospital que recibe un paciente urgente. Es el fundamento de un sistema de salud que se precie de tal: garantizar la prestación de un servicio de urgencia cuando éste se necesite. Más aún: la Constitución consagra la defensa de la vida de todos los habitantes del territorio nacional, sin lugar a ninguna discriminación ni requisito.
Desde la normatividad, no faltan las reiteraciones del cumplimiento de esa obligación. Pero como la realidad colombiana parece caminar siempre a contrapelo, no basta que existan las normas que dictan que a las personas no se les puede dejar morir o agravarse sin prestarle la debida atención y que el asegurador es responsable de esa atención. Y no basta con la buena voluntad de profesionales e instituciones que prestan servicios de salud para salvar la vida e integridad de sus pacientes. Día tras día y noche tras noche, se congestionan más y más los servicios de urgencias en el país, y se dejan de atender pacientes urgentes. Esa es una realidad incontestable. Basta visitar cualquier servicio de urgencia de mediana y alta complejidad en las grandes ciudades, para encontrarlas a tope; y no es un cuadro apenas propio de instituciones públicas: la avalancha de pacientes en servicios de urgencias ya inunda también clínicas y hospitales privados.
Por ilustrar apenas, en la costa atlántica con el cierre de hospitales universitarios, el cierre de clínicas que atendían usuarios del Seguro Social y la crisis de algunas instituciones privadas, la atención de las urgencias se descargó en una red público-privada que hace tiempo se quedó corta para dar abasto a la demanda de urgencias. Y no sólo de la población más pobre y vulnerable, sino incluso de quienes cuentan con un seguro de salud en el régimen subsidiado o en el contributivo.
Baste recordar no más las sanciones que impuso a fines de 2005 la Supersalud por $839 millones a 6 clínicas y hospitales de Santa Marta por el “paseo de la muerte” que causó la muerte a un menor, lo mismo que a la Alcaldía por $127 millones por igual causa. Igual sancionó en 2002 a dos hospitales de Cartagena con $156 millones por no garantizar la atención de urgencias a una paciente de sida que murió a la puerta de un hospital, y sancionó a la Secretarías de Salud de Bolívar y de Cartagena por incumplir la organización y funcionamiento del traslado de pacientes entre hospitales en la ciudad.
De igual forma, la Súper inició investigaciones contra entes territoriales por presuntas fallas en el proceso de referencia de pacientes urgentes, contra IPS por no recibir pacientes, ordenó cierre de Unidades de Cuidados Intensivos y ha trasladado expedientes al Tribunal de Ética Médica para análisis de la responsabilidad de los médicos.
Estos cuadros son apenas reflejo del colapso que amenaza a la red de urgencias en las ciudades, dando además un ominoso mensaje de que al parecer sólo existe garantía de una atención de urgencias oportuna y con calidad, para quienes tengan la capacidad económica de pagar de inmediato, y consignar en admisiones la suma que exija la institución. Para ese tipo de pacientes, “sí hay cama”. Y si no hay, se le consigue.
¿Cuántos muertos es necesario registrar para que el gobierno nacional establezca los correctivos y controles necesarios, para que la población no se muera a la espera de una atención de urgencias o por falta de una cama de Cuidados Intensivos? Porque con excepción de pocos pacientes o familiares que valerosamente denuncian, el tema salta a los medios esporádicamente, mientras el problema va creciendo exponencialmente. Y quienes mueren no deben ser pocos, porque si con la garantía del servicio se mueren pacientes, ¿cuántos de ellos no están muriendo por falta de atención oportuna en urgencias? ¿Quién y cómo recogerá el dato? Y, ¿qué se hará con esa información? ¿Será quizá el acicate que necesita el gobierno para fijar soluciones definitivas?
Todos quienes habiten en Colombia, tienen derecho a una atención de urgencias. Sin papeleo, sin pagos o autorizaciones previas, sin discriminación, en suma, sin laberintos y sin dilaciones. Y si la palabra URGENCIA parece haber perdido su sentido y su peso en el sistema, habría que volverla a cargar del significado profundo y claro que entraña.
Voluntad política, vigilancia y control al dedillo, organización de redes eficaces, instrucción a los usuarios para que usen apropiadamente el servicio de urgencias, pago oportuno del servicio a las IPS por los aseguradores, compromiso médico individual e institucional, eliminación de tramitología… La solución a esta urgencia vital pasa por muchos frentes. Para que las urgencias vuelvan a ser urgentes. Para que nadie muera por falta de atención o de dinero con qué pagar. Para que en urgencias, se salve la vida. Cómo debe ser.
¿Cuál el hilo de Ariadna que permitirá escapar de la muerte, ese Minotauro al acecho en urgencias?