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La tutela, otra vez en la mira
Darío
Echeverri elpulso@elhospital.org.co |
| “La salud:
de la caridad al negocio sin pasar por el derecho” |
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El gobierno nacional
recarga baterías para defender en el Congreso una nueva
propuesta de reforma a la Justicia, y todo indica que el paquete
de medidas incluirá de nuevo, como uno de los componentes
más lesivos para la población, el desmonte de
las tutelas. Como el mayor número de tutelas en el
país se interponen para reclamar la protección
del derecho a la salud y a la vida, nuevamente está
en riesgo la salud de las personas que recurren a la tutela
como último recurso, frente a la defensa de los intereses
económicos de las aseguradoras de este servicio esencial,
que han logrado convencer al gobierno de que las tutelas tienen
en riesgo su supervivencia empresarial y supuestamente la
viabilidad financiera del sistema de salud.
Como antecesor de esta iniciativa se recuerda el Acto Legislativo
010, con el que el Ejecutivo buscaba modificar el contenido
del Artículo 86 de la Constitución Nacional,
que establece la tutela. El proyecto fue retirado para que
no se hundiera, porque requería ocho debates. El senador
Antonio Navarro Wolf señaló en su momento, que
se trataba de un balón de prueba, para calibrar reacciones
dentro y fuera del Congreso.
Observadores como la constitucionalista Bernardita Restrepo
Gómez, consideran que el gobierno radicará nuevamente
la iniciativa ante la Secretaría General del Congreso,
en procura de quitarle los dientes a la tutela en la parte
económica, de modo que los jueces de la República
solo puedan aceptar y fallar favorablemente, acciones que
no le representen erogación económica a la entidad
entutelada.
Voces sensatas claman por la revisión del POS (Plan
Obligatorio en Salud), antes que arrebatarle a la Carta Magna
el mecanismo más valorado por los colombianos para
rescatar sus derechos. Una vía de solución estaría
en buena medida, en incluir dentro del POS los medicamentos
y los procesos médico-quirúrgicos que los demandantes
han obtenido a través de las tutelas.
El ex ministro Fernando Londoño afirmó antes
de renunciar a su cargo, que la tutela le había costado
al país algo así como dos reformas tributarias,
por lo que había que quitarle los efectos económicos
y sociales, dejando viva esa figura para reclamar solo los
derechos fundamentales.
Las esperanzas de los ciudadanos que ven en este recurso extraordinario
la única vía para hacer valer sus derechos,
confían en que la Defensoría del Pueblo tendrá
la fuerza suficiente para evitar este despojo que volverá
a ser objeto de debate en las células legislativas,
con argumentos como el de Londoño Hoyos.
Aunque nadie lo afirma abiertamente, es un secreto a voces
que los asesores presidenciales en temas jurídicos
y constitucionales hacen un trabajo de filigrana y esperan
el momento propicio para radicar de nuevo el proyecto, cuando
el gobierno esté seguro de que le son leales y confiables
las mayorías en Senado y Cámara, de modo que
le aprueben su reforma.
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Las cifras de la discordia
En un informe elaborado por el Defensor Delegado para la Salud
y la Seguridad Social, Darío Mejía, 145.000
recursos están rotulados como tutelas de salud en la
Corte Constitucional; de éstas, 87.700 corresponden
al Plan Obligatorio de Salud (POS) y no tienen inconveniente
en los períodos mínimos de cotización,
de modo que equivalen a igual número de negaciones
arbitrarias de servicios que obligaron a los usuarios a acudir
a la justicia contenciosa para que otorgara a través
de la coacción judicial, componentes del POS que además
están prefinanciados. |
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Según Mejía,
“la contratación se paga por bimestre anticipado,
lo que demuestra simple y llanamente que el sistema está
al garete, sujeto a la buena voluntad de los operadores y
que desapareció cualquier vestigio de autoridad en
salud”.
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio
Betancourt, por su lado presenta cifras para fortalecer argumentos
en favor del desmonte de la tutela, y precisa que hay expertos
en manipularlas y las tienen en pro-forma, listas para diligenciar.
De igual modo, agrega que el ministerio radicó en 2003
cuentas por $120.000 millones de recobros y de tutelas, y
que en el año 2000 se pagaron por esos conceptos cerca
de $9.000 millones.
El ministro se lamenta de que el Estado habría podido
dar subsidios en salud a 120.000 personas con esos recursos,
pero no tiene en cuenta que no se puede eludir una obligación
legal y constitucional con los ciudadanos a cambio de vincular
a otros a un sistema que ni siquiera les cumple a los inscritos.
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¿Dónde está
la Supersalud?
La ineficacia o la inoperancia de la Superintendencia Nacional
de Salud para hacer valer los derechos asistenciales de los
ciudadanos resulta evidente para la Defensoría del
Pueblo y para muchos legisladores, voceros ambos de los colombianos.
El congresista (y médico) antioqueño Carlos
Ignacio Cuervo, señala que “la primera acción
del gobierno debe ser lograr que las aseguradoras en salud
cumplan”, y agrega: “¿Dónde está
la Superintendencia de Salud? No estoy de acuerdo con el desmonte
de la tutela, pero insisto en que lo primera acción
debe ser que las aseguradoras cumplan”.
El Defensor Delegado, Darío Mejía, insiste en
que si hubiera habido una autoridad en salud, se habría
ahorrado el país en cuatro años y medio 87.700
tutelas con su significación económica y numérica,
con lo que ello supone en materia de saturación de
despachos judiciales.
Para Mejía es claro que de no haber existido la tutela,
se hubieran perdido miles de millones de pesos y hubiera sido
un atraco masivo contra personas a las que les negaron el
servicio, porque no tenían una autoridad administrativa
ante quién acudir; las empresas aseguradoras o administradoras
de planes de beneficios no les contestaban, no les daban siquiera
constancia escrita de la negación, o sea que las personas
enfermas estaban totalmente desamparadas y lo único
que las protegió fue la tutela, que por eso se llama
recurso de amparo. |
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La sentencia D-025 de
la Corte Constitucional de este año, recogió
esa gran cantidad de tutelas sueltas que se han presentado
por vulneración de los derechos económicos de
los ciudadanos desplazados, las reunió en un solo ramillete,
explica Mejía, y esa tutela 025 tomó decisiones
de fondo, precisamente para evitar que la dispersión
de esfuerzos y de voluntades dejara sectores tan vulnerables
y tan grandes de la población totalmente huérfanos
de Estado: “Esa posición de la Corte Constitucional
nos indica que ella seguramente se va a interponer, si la
decisión es darle un golpe de gracia a la tutela a
pesar de lo que está descubriendo y describiendo la
Defensoría del Pueblo”.
En calidad de abanderados de la reforma al Artículo
86 de la Constitución, que establece la tutela, el
presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro
de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt,
esperan que en el Congreso soplen mejores vientos hacia el
Palacio de Nariño para lanzar el nuevo envión
contra esta tabla de salvación del derecho a la salud.
Por ahora, saben que el gobierno sufrió un revés
con la escogencia de Humberto Sierra Porto como nuevo integrante
de la Corte Constitucional, cuando se daba como segura la
elección de la magistrada uribista Consuelo Caldas
Caro.
Los partidarios de mantener viva la tutela conocen los planteamientos
del ministro Palacio Betancourt, quien afirmó en el
II Congreso Sectorial de la Salud convocado por la Andi en
Bogotá, en marzo de 2004: “Tenemos que buscar
una cobertura universal; tenemos que trabajar para que la
cobertura actual asegure una calidad oportuna y de buena atención;
hay que hacer avances significativos en el tema financiero;
hay que hablar ampliamente sobre el tema de la calidad en
la prestación de los servicios; hay que ser muy exigentes
en la implementación de un buen sistema de inspección,
vigilancia y control”.
Frente a la situación de incertidumbre que enfrenta
el futuro de la tutela, quedan algunas cosas en claro: que
este recurso ha salvado la vida miles de colombianos, como
demuestran las cifras oficiales; que la reforma a la justicia
incluirá sin lugar a dudas un recorte a la tutela en
lo económico; que los ciudadanos, la Defensoría
del Pueblo y la Corte Constitucional deben defender solidariamente
las bondades de esta herramienta jurídica, y, finalmente,
que resulta absurdo el argumento de derivar recursos hacia
la ampliación de cobertura, cuando a muchos beneficiarios
actuales no se les prestan los servicios de salud si no se
aferran al recurso de amparo de la tutela.
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Cifras, tendencias y soluciones
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La Defensoría del Pueblo hizo su estudio
por método probabilístico aleatorio, para determinar
la trascendencia de la tutela como mecanismo para la protección
del derecho a la salud durante el período 1999-2003,
con base en los 145.360 recursos que fueron enviados a la
Corte para revisar su constitucionalidad.
La muestra de 2.710 tutelas, con un nivel de confianza del
95% y un margen de error del 2%, permitió establecer
que las solicitudes de exámenes (20%), cirugías
(19.5%), tratamientos (18%) y medicamentos (15%) son los más
demandados, en tanto que el último ítem fue
el de mayor crecimiento al pasar del 9.3% al 17.9% en el último
año.
Los despachos más utilizados para interponer los recursos
fueron los juzgados penales municipales, con un 34%, tendencia
ratificada por la jurisdicción penal, a la que acudió
el 45% de los peticionarios. Al mismo tiempo, la tendencia
más notoria a partir de 2002 es la demanda por “atención
integral”.
En cuanto a los exámenes, encabezan las imágenes
diagnósticas con el 23% de las peticiones, mientras
que los servicios de fisioterapia están en último
lugar, con el 0.6%.
La Defensoría destaca que la demanda de exámenes
diagnósticos cobijados por el Plan Obligatorio de Salud
(POS) fue del 77.8%. En el área de atención
quirúrgica, la negación de intervenciones se
sitúa en segundo lugar, con prelación en cirugías
cardiovasculares, oftalmológicas, ortopédicas
y traumatológicas. Asimismo, el suministro de prótesis
e insumos agudiza las tutelas, sobre todo en cateterismos
acompañados por implantes de stent, reemplazos de cadera
y cataratas con adaptación de lentes intraoculares.
La negación de medicamentos está encabezada
en la lista de tutelas por los fármacos para problemas
cardiovasculares, cáncer, sida y neurología.
De igual forma, el estudio muestra cómo las EPS entuteladas
están lideradas por el Seguro Social, Cajanal, Saludcoop
y Coomeva. Esa tendencia se refleja en un índice elaborado
con base en datos del Ministerio de la Pro-tección
Social, en los que, descartadas las entidades en liquidación,
la mayor cantidad de tutelas corresponden a Caprecom, Cajanal
y el Instituto de Seguros Sociales.
A la luz de los resultados, la Defensoría recomienda
fortalecer la tutela como mecanismo de protección del
derecho a la salud, intensificar la vigilancia estatal, montar
un mecanismo de compensación automática para
que las EPS no eludan los gastos de tratamientos costosos,
y hacer más ágil y efectivo el funcionamiento
del Fosyga.
De igual forma, la Defensoría propone revisar el POS
y establecer la figura del Defensor del Paciente en cada aseguradora,
y que éste sea elegido por los usuarios.
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