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Con la crisis hospitalaria
actual
se cerró el nefasto ciclo
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¡Se desplomó
la salud pública en Colombia!
Omaira
Arbeláez Echeverri - Periodista
elpulso@elhospital.org.co |
| La crisis hospitalaria actual
le acabó de escribir el epitafio a la Ley 100 de 1993.
Este agosto dejó 17 flores marchitas en su tumba y un
camino al TLC para que haga su propio "agosto" con
el sector, si los colombianos no defienden a tiempo su valioso
recurso humano, su ciencia, recursos e infraestructura. |
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Tenemos uno de los mejores recursos
médicos del mundo y ellos no tienen dónde, con
qué ni con quien trabajar en el sector público,
precisamente el mismo que los formó e invirtió
en sus famosas universidades públicas tradicionalmente
reconocidas por sus trabajos científicos, académicos,
humanistas e investigativos, que le han dado sitiales de honor
en la medicina mundial en materia de trasplantes, novedosas
técnico-quirúrgicas, investigación en vacunas,
medicina tropical y genética.
El cierre de los hospitales más importantes del país
los dejó sin trabajo y sin de qué vivir a ellos
y a sus compañeros de labores -porque les adeudan salarios
y ya nadie les fía-, y en medio de su tragedia quedan
en el camino 17 pacientes que fallecen mensualmente en el viaje
del "carrusel de la muerte" en la Costa Atlántica
mientras buscan dónde, quién y en qué ciudad
los atiendan, porque los hospitales se han cerrado, liquidado
o "reestructurado" o no tienen recursos para una sutura
y mucho menos para mantener vigente una Unidad de Cuidados Intensivos,
o su personal sólo está en urgencias y el resto
en cese de actividades porque no les cancelan hace meses o años
salarios ni prestaciones sociales o para colmo mayor, padecen
de todos los anteriores males. Con razón decía
Hermann Hesse en El lobo estepario: "¿Dónde
vive en esta ciudad, dónde vive en este mundo la persona
cuya muerte me representará a mí una pérdida?
¿Y dónde la persona a la cual mi muerte pudiera
significar algo?".
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Más este fenómeno
no se está presentando sólo en Cartagena, Santa
Marta o Montería sino también en Cúcuta,
Popayán, Manizales, Buenaventura, Bucaramanga y Pereira.
Es una crisis que hizo su "agosto" en este 2004 de
costa a costa y de extremo a extremo del país, en las
ciudades grandes y pequeñas, causando serios estragos
en la calidad de vida de todos los colombianos, para quienes
no sólo se requirió la "cobertura universal"
que nunca se cumplió porque el régimen contributivo
sólo cobijó al 30% de la población y porque
la atención de "vinculados" o "afiliados"
-con o sin carnet del Sisbén- demandó de los hospitales
una cantidad de servicios que finalmente ya no tenían
cómo ofrecer, porque sus acreedores no les pagaron a
tiempo o no les van a pagar los $2.5 billones que a corte de
diciembre de 2003 les adeudan; o en caso tal de prestarles el
servicio éstas atenciones salvarían vidas, pero
quebrarían la institución porque agudizarían
déficits que firmarían su defunción. Y
el fenómeno se presenta aunque a la salud se destine
en Colombia el 10% del PIB y en el andamiaje del sistema se
muevan $15 billones de pesos, que sin duda se deben vigilar
y controlar, como bien lo afirmaba el senador Eduardo Benítez
a este medio cuando analizaba el trasegar de una década
del país bajo la sombra de la Ley 100.
Quiebras y reestructuras
La reestructuración de los hospitales la calculó
el extinto ministro Juan Luis Londoño en US$600 millones
en el 2002, más para el período 2004-2007 se asignaron
sólo US$90 millones, y para este año 2004, el
gobierno dice contar con $100.000 millones. Sin embargo, tiene
planeado reestructurar 80 hospitales de segundo y tercer nivel
y asegura el Ministerio de la Protección Social que ya
reestructuró 100 de los 1.430 hospitales públicos
del país, que le implicaron inversión de $286.160
millones entre 1999 y 2003. |
"¿Dónde vive en esta
ciudad, dónde vive en este mundo la persona cuya
muerte me representará a mí una pérdida?
¿Y dónde la persona a la cual mi muerte
pudiera significar algo?”
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Esa sola suma: $100.000 millones,
equivalen hoy a la misma cantidad que requiere un sólo
departamento en Colombia, el Valle, para subsanar su déficit
actual en la red hospitalaria local, y si miramos años
atrás encontramos que desde 1999 a un sólo Hospital,
el Universitario del Valle, el Estado le debe desde entonces
$33.000 millones, según declaró el propio director
de la entidad, Jorge Iván Ospina, al diario El País.
Con reestructuraciones o sin ellas, los hospitales públicos
están abocados a las crisis financieras y a los cierres
como si fuera una maldición -como ocurrió con
el Hospital Universitario de Caldas que se reestructuró
cuatro veces antes de morir-, porque al fin ellos prestan un
servicio social profesional para hacer cumplir un derecho ciudadano
fundamental y necesariamente ejercer este mandato constitucional
no significa ganancias, a no ser de carácter social.
Más si antes de la Ley 100 estaban mal los hospitales
públicos, con la Ley se pusieron peor y nunca en la historia
de este país se había visto una crisis de tal
magnitud y simultaneidad como la presentada en agosto de 2004,
y si a esto le sumamos el impacto en la salud pública
el panorama es mucho más sombrío, porque según
los expertos el país retrocedió entre dos y tres
décadas. "Volvimos a los años 70´s
y 80´s", de acuerdo con los salubristas.
Ahora se les paga a los hospitales por los servicios prestados
y muchos han llegado a tener excedentes de facturación
que les permitirían total solvencia para su ejercicio
profesional, hecho que de orientarse en la ruta correcta de
la salud pública del país implicaría que
hoy se estarían preocupando más por competir entre
sí, mejorar los indicadores de morbi-mortalidad, promoción
y prevención en salud de la población, y no en
ver cuántas salas tienen que cerrar o cuántos
trabajadores despedir. Más como el Estado, sus entidades
territoriales, el Fosyga, las EPS y ARS no les pagan o no lo
hacen a tiempo, acumulan unos déficit que arrastran con
ellos, sus usuarios, proveedores y trabajadores a la quiebra,
como bien se ha analizado en El Pulso en estos años y
como bien lo pueden ampliar los interesados consultando en los
periódicos de marzo y agosto de 2004 ("Reestructuración
hospitalaria: ¿Falacias montadas sobre falacias?"
Y "La salud pública colombiana... ¿seguirá
siendo la Cenicienta del sistema?" http://www.periodicoelpul
so.com/html/mar04/debate/de bate-01.htm) |
Lo cierto es que
Colombia ya ha visto cerrar el Hospital Lorencita Villegas de
Santos, el San Juan de Dios de Bogotá, el Neurológico,
el Universitario de Cartagena, la Clínica Club de Leones,
el Universitario de Caldas, y está padeciendo la agonía
de hospitales como el Central de Santa Marta (único de
tercer nivel en el Magdalena), el Erasmo Meoz de Cúcuta,
el Departamental de Buenaventura, los hospitales universitarios:
"Ramón González Valencia" de Bucaramanga,
“San Jorge” de Pereira, “Evaristo García”
de Cali, y eso sin contar todos aquellos de primer, segundo
y tercer nivel que por su accionar regional y local viven en
el anonimato sus crisis y muertes.
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Cada
uno con su dolor
Para los usuarios se acabaron los servicios del Hospital Universitario
de Caldas con la ayuda de EPS y ARS que nunca pagaron los $9.000
millones que le debían; en Risaralda gremios y comunidades
adelantan un movimiento para que no cierren el Hospital Universitario
San Jorge que tiene un déficit de $36.000 millones y
es la única entidad de tercer nivel en el departamento;
en Antioquia el déficit se calcula en $50.000 millones
y la crisis la sufren especialmente sectores rurales atendidos
por hospitales regionales de segundo nivel; en Santander los
estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander
(UIS) lideraron un movimiento que sacudió a las regiones
y hasta el propio gobernador, Hugo Aguilar Naranjo, se tuvo
que plantar ante el gobierno nacional diciendo que cerraba las
vías de su departamento al país si liquidaban
el Hospital Universitario "Ramón González
Valencia", y eso que Bucaramanga es considerada modelo
de cobertura en salud en el país (97%).
El presidente Uribe afirma que no quiere cerrar hospitales,
pero demanda reestructuración, recorte en gastos de administración
y en convenciones de los trabajadores, reforma en el régimen
subsidiado, obligatoriedad de contratar con la red pública
hospitalaria (50%) y agilizar el recaudo de regalías
por los juegos de suerte y azar, mientras Planeación
Nacional afirma que distribuirá el 40% de los recursos
del Sistema General de Participaciones. Para el primer mandatario
es claro que: "Con la convención vigente en la red
pública hospitalaria, no hay dinero que alcance. Si los
hospitales no desmontan esa carga prestacional tan alta, no
podrán seguir funcionando y eso sería muy grave
para el pueblo colombiano" (La República, julio
5 de 2004)
El Ministerio de la Protección Social afirma que las
loterías deben $52.000 millones y las licoreras $12 millones,
hay evasiones por un billón y para completar el Conpes
sólo entregará participaciones en salud equivalentes
al 60% de las distribuidas en el 2003.
Desde la perspectiva de los trabajadores la situación
también es crítica: Asmedas reporta 3.000 funcionarios
despedidos en la última década; Anthoc 12.000
trabajadores entre 2000-2002 y preocupación continúa
por "el documento Conpes para el sector hospitalario que
determinó recorte de 25.000 cargos, que se suma a otros
40.000 cargos provisionales en la mira de supresión",
es decir, más de 65.000 empleos perdidos (http://www.asmedas.
org.co/coyuntura.htm#Hospita les). Y entre los despedidos las
quejas abundan porque no han llegado liquidaciones e indemnizaciones,
mientras otros esperan salarios y prestaciones que no reciben
desde hace 6 meses o hasta tres años atrás. La
propuesta de las cooperativas no los convence porque pierden
entre 50% y 70% de sus ingresos reales y en el ámbito
de la seguridad personal el problema es aún mayor: los
líderes gremiales y sindicales son objeto de amenazas
y a la fecha se reportan 92 dirigentes de Anthoc asesinados,
550 desplazados y amenazados, y 12 desaparecidos" (http://colom
bia.indymedia.org/features/sa lud/index.php)
En estos momentos a sólo 103 hospitales, el Estado y
sus entes territoriales les adeudan $1 billón 112.000
millones (a diciembre de 2003). Estas acreencias señalan
al Estado como el responsable del 60% al 70% de la crisis actual
de la salud y el Ministerio enfrenta las críticas asegurando
que tiene para girar $402.000 millones por el servicio prestado
a los vinculados (El Tiempo, julio 29 de 2004). La Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) afirma que
la deuda con toda la red hospitalaria del país suma $2.5
billones, de los cuales $1.3 billones son cartera vencida con
más de 90 días y un 45% de todos esos deudores
son entidades del Estado. |
La Contraloría General de la
República en su último informe sobre el
"Programa por el Buen Uso de los Recursos Públicos",
con cifras, cuadros comparativos y nombres propios, dejó
en evidencia que en el Ministerio de la Protección
Social se presentan el 80% de todas las faltas que se
pueden cometer en una entidad pública, ubicándose
así en un nefasto primer lugar.
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Los hospitales atienden a la población
vinculada que no tiene con qué pagar y cuya magnitud
va en creciente junto al fenómeno del desempleo y los
informales que alcanza el 49.9%; la pobreza que embarga al 64.3%
de la población (datos de la Contraloría General
de la República, porque en el Dane figuran 63%), es decir,
28 millones de personas (aunque Planeación dice que hay
23 millones los pobres y la Cepal en el 2002 indicaba 34 millones
por debajo de índices de pobreza). De todas formas, los
pobres o "vinculados" son cada vez más y no
tienen cómo pagar por los servicios de salud en ningún
hospital.
Para cualquier investigador encontrar estadísticas actualizadas
y confiables de Colombia desde el año 2000 en adelante
es toda una proeza: pareciese que nadie quisiera dar datos precisos
y confiables, como si tapando cifras se encubriese la realidad
de una creciente y alarmante pobreza y de una disparada concentración
de la riqueza que reconocen desde lejos el Banco Mundial y muy
cerca el Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando
sin titubeos dijo en marzo de 2003 y en nuestra propia tierra,
que Colombia era el segundo país más inequitativo
de América Latina, después de Brasil. Y eso que
el Nóbel no nos recordó que estamos entre los
10 primeros más inequitativos a nivel mundial, con un
coeficiente de Gini de 57,6, que implica en cristiano que el
20% de los pobladores más ricos de nuestro país
se queda con el 61,8% de los ingresos que la Nación genera,
y a ello hay que anotar que sólo el 10% más rico
de la población está en real capacidad de financiar
la atención hospitalaria.
Salud: en picada total
Con la venia de la Ley 100, los hospitales trabajan para atender
a los más necesitados bajo el supuesto aval de un gobierno
que les paga por atenderlos a tarifas poco rentables. Pero el
Estado no sólo no cancela a tiempo sus deudas sino que
entrega el dinero a otros para que paguen (EPS-ARS), y estos
a su vez se toman su tiempo y hasta sus años para revisar
con lupa las facturas y buscar glosas que demoren, traben o
definitivamente impidan el saldar las deudas. Mientras tanto,
el dinero que reciben del Estado y de los aportes de solidaridad
de trabajadores y empleadores, les otorga excelentes rendimientos
en el sistema financiero. Algunas de ellas están hoy
en el podio de las 100 empresas más rentables del país
(Salud Total, Saludcoop, Coomeva, Susalud) como lo señala
la Revista Semana (edición No. 1.147) y periódico
El Pulso (junio 2004). Así ellas crecen y hasta construyen
clínicas propias, y los hospitales aunque trabajen día
y noche y facturen y facturen se quiebran, en gran parte porque
EPS y ARS no les pagan a tiempo por su labor.
Auditores de la Contraloría General de la República
afirmaron en una entrevista con el diario El Tiempo (abril 17
de 2004): "Hay muchos intereses de por medio y, como en
un juego de ajedrez, el sector privado mueve sus fichas para
beneficiarse con decisiones del gobierno". Sus apreciaciones
se dieron tras encontrar EPS que recortaban en medicamentos,
exámenes y cirugías, mientras en las ARS se desviaban
fondos y se presentaban afiliaciones dobles. Por su parte, la
Supersalud también le acercó la lupa a las EPS
y encontró casos que ameritaban especial investigación,
por ejemplo Saludcoop EPS, a la cual la Superintendencia hoy
le exige, entre otras cosas, que le devuelva al sistema de salud
$195.000 millones y que desmonte inversiones que realizó
por $79.000 millones (http://www.periodicoelpulso.com/html/jun04/general/general-05.htm);
y ni qué decir de ARS cuyos problemas administrativos,
desvío de fondos y desaparición de los mismos
tienen alarmado al propio Ministerio con la corrupción
que se devela está imperando en el sector salud, situación
que llevó al propio presidente de la República
a considerar su cierre definitivo. Lo grave es que la alternativa
de entregar la responsabilidad a las 26 cajas de compensación
familiar no le sonó a Fedecajas, cuyo director Danilo
Vega (Portafolio, agosto 8 de 2004), consideró entre
otras razones que el proyecto que modifica el régimen
subsidiado, no especifica los requisitos técnicos de
las ARS y deben licitar cada 3 años, sin tener claro
el futuro de las no elegidas. |
Pero si el Fosyga, los entes territoriales,
la politiquería local y algunas ARS y EPS están
funcionando mal, y sus omisiones y letargos han ayudando a quebrar
a hospitales y a bajar los indicadores de la salud pública
en Colombia, desde la disminución en las coberturas de
vacunación, los incrementos en morbi-mortalidad, la aparición
de enfermedades abolidas y la disminución en el número
de camas por habitante, el propio Ministerio de la Protección
Social tampoco se queda atrás con su granito de arena
en todo este proceso que colapsó la aplicación
de la Ley 100 en Colombia en algo más de una década
de ejecución, como todo pareció evidenciarlo este
mes de agosto con la crisis hospitalaria. Si Nicolás
Maquiavelo estuviese presente se podría aseverar que
aquel párrafo magistral de su obra en El Príncipe,
se inspiró en nuestro país: "Los daños
deben hacerse todos de una vez, porque cuanto menos se repitan,
menos hieren; y los beneficios conviene ejecutarlos poco a poco,
para que se saboreen mejor".
La Contraloría General de la República en su último
informe del "Programa por el Buen Uso de los Recursos Públicos",
con cifras, cuadros comparativos y nombres propios, dejó
en evidencia que en el Ministerio de la Protección Social
se presentan el 80% de todas las faltas que se pueden cometer
en una entidad pública (ver también Portafolio,
agosto 12 de 2004), ubicándose así en un nefasto
primer lugar. Al leer el documento firmado por el propio Contralor,
Antonio Hernández Gamarra, uno se queda más perplejo:
"Ministerio de la Pro-tección Social: Por la responsabilidad
directa de las entidades de este sector en el bienestar de los
colombianos, es muy grave que algunas de sus entidades, especialmente
de carácter estratégico como el ISS y el propio
Ministerio de Protección Social, hayan tenido una baja
calificación por su gestión en el año 2003.
En general, es un sector que requiere máxima atención
por el alto porcentaje de entidades no fenecidas (80.00%). Los
datos muestran la baja calidad de la gestión administrativa
de los hospitales públicos (ESE), lo cual explica, en
parte, la precaria situación que están atravesando".
Y agrega: "Lamentablemente este es uno de los sectores
de más baja calificación dentro del conjunto del
Estado, como se aprecia en la proporción de las entidades
fenecidas respecto del promedio nacional. Muestra poca vocación
de cambio y mejora de la gestión" (http://www. contraloria
gen.gov.co:8081/internet/cartele ra/Archivos/432/Evaluacion
GestionPublica.pdf)
Epitafio
La crisis hospitalaria actual ha puesto el epitafio definitivo
sobre el desplome de la Ley 100 de 1993, con toda la tragedia
social que avizoraban los expertos desde el inicio de la caída
sucesiva de los indicadores de la salud pública, el no
alcance de la meta de la cobertura universal y el aumento continuo
del índice de pobreza de la población (64.3%).
Lo más grave es que esta catástrofe se presenta
en un momento histórico en que la polvareda deja un caos
social y económico nacional que se convierte en el marco
perfecto para los ojos avizores de los negociantes del sector
privado y de las multinacionales de la salud que siempre ven
"donde hay crisis, una oportunidad". Esto resultaría
innegablemente más fastuoso en caso de aprobarse el TLC,
pues crearían su propio paraíso económico
apareciendo inicialmente como redentores: comprando hospitales
en quiebra; contratando personal médico general, especializado
y paramédico desempleado y acosado por las deudas; recibiendo
todos los usuarios que el gobierno ordene y el mercado ofrezca;
y organizando todos los contratos con la habilidad que los caracteriza
ya en América Latina, con todas las garantías
de pago y manejo de recursos, hasta que sean ellos quienes controlen
"el mercado", impongan las políticas y hasta
las leyes. Si los colombianos los dejan, llegaran primero como
el ave fénix y luego podrán perpetuarse como pájaros
de mal agüero, con las reglas del juego siempre a su favor.
Los investigadores económicos Iriart y Waitzkin en un
artículo publicado por la Revista Escenario, titulado
"El camino a la privatización del sistema de salud",
explican que con un gasto en salud estimado en US$120.000 millones
de dólares en América Latina (US$412 per cápita
anual), llegaron a la región empresas estadounidenses
Aetna, Cigna, American International Group (AIG), International
Medical Group (IMG), Prudential, International Managed Care
Advisors (IMCA), y Blue Cross & Blue Shield, buscando posicionarse
en el mercado de la salud, instalándose primero en el
sector privado para luego ingresar en el sector estatal y paraestatal.
Así lo hicieron con éxito en el mercado estadounidense,
donde lograron presionar políticas a su favor, y luego
ingresaron en Chile y Argentina, efectuando una integración
vertical al estilo de las MCOs de Estados Unidos. En Suramérica,
dicen los investigadores, su acceso fue facilitado por las "reformas
a la salud" instauradas en todos los países por
las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM), por el alto PIB invertido en el sector de
la seguridad social, la concentración de la riqueza,
el deterioro general del sector estatal y de la seguridad social,
provocado por las políticas de restricción de
gastos públicos, de disminución de cargas sociales
para el sector empresarial, la desregulación y la corrupción,
que favoreció que un amplio sector de la población
buscara cobertura de seguros en el sector privado. Iriart y
Waitzkin aseguran que el proceso de desregulación "ha
conducido a que se admita legalmente la posibilidad de que la
seguridad social brinde un piso mínimo de servicios con
los aportes y contribuciones establecidos por ley, y que los
afiliados paguen de su bolsillo por coberturas más amplias
o por acceder a hospitales y clínicas más caros".
Analizando el presente y avizorando el futuro… ¿Algún
parecido con nuestra realidad?. |
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