“El alto costo demanda soluciones radicales” Olga Lucia Muñoz López - Periodista, Medellín elpulso@elhospital.org.co Según la exministra de salud, doctora Sara Ordoñez, de no haberse optado por un Acuerdo de redistribución de los pacientes con enfermedades de alto costo, el resultado hubiera sido la quiebra de las EPS y ARS, con tantos pacientes de este tipo en proporción al número de afiliados y beneficiarios, porque el total de los ingresos no alcanza a cubrir los costos por la prestación de los servicios de salud a su cargo. Y si eso hubiera sucedido, agregó, tanto los pacientes con tratamientos en curso como los afiliados a la entidad en liquidación, tendrían necesariamente que ser reacomodados en las otras EPS/ARS, pero habría un lapso en el que sufrirían las consecuencias del proceso, especialmente por el deterioro en la calidad y oportunidad de los servicios. Según la ex ministra, la reciente decisión evidencia la necesidad de revisar a fondo el tema de la financiación de los tratamientos a las enfermedades denominadas catastróficas, por el alto costo de su atención, porque de lo contrario se seguirán tomando periódicamente, medidas “transitorias”, para corregir deficiencias “permanentes”, indicó. “Mi opinión a este respecto quedó plasmada en el proyecto de ley que alcanzó a ser aprobado por la Comisión VI de la Honorable Cámara de Representantes, porque estoy firmemente convencida de que la atención a las enfermedades con tratamientos de alto costo demanda una solución radical, si queremos que nuestro modelo de salud sea equitativo”. La doctora Ordoñez considera que la redistribución del Acuerdo podría ser la solución al problema si existiera cobertura universal y en consecuencia se distribuyera el 100% de la población con este tipo de patologías. Pero como infortunadamente no es esta la situación, especialmente en los estratos de menores ingresos, donde faltan muchas personas por afiliarse y muchos recursos para lograrlo, cada avance en cobertura originará nuevos desequilibrios entre las promotoras, salvo que este tipo de enfermedades tenga una financiación específica, reiteró.   Acelerar soluciones, propone Comfama Para el doctor Felipe Mejía, subdirector de salud de la Caja de Compensación Familiar Comfama, “el régimen subsidiado es un programa en que a los buenos nos va mal y a los malos les va bien, porque instituciones buenas como Comfama padecemos una concentración muy alta de pacientes de alto costo. Primero, porque estos pacientes prefieren ser atendidos por una buena institución y se trasladan de las ARS que les niega permanentemente los servicios. Segundo, porque los mismos hospitales y clínicas de tercer nivel recomiendan a los pacientes que se afilien a buenas instituciones, como las cajas de compensación. Y tercero, porque secretarios de salud y alcaldes en algún tiempo hicieron selección adversa de estos pacientes y en períodos de ampliación de coberturas o de reemplazo de cupos de personas no carnetizadas, les daban prioridad y los direccionaban hacia las cajas de compensación. Todo eso generó que varias cajas destinemos entre un 30 y un 35% de los ingresos a los pacientes de alto costo, cuando según estimativos del Ministerio debería ser máximo el 18%. Entonces, es un desfase muy grande que nos causa desequilibrio financiero y obligó a muchas cajas a retirarse del régimen subsidiado”. “Las cajas propusimos un modelo de reaseguramiento universal contra enfermedades de alto costo para toda la población del país, operado por empresas privadas y no por el Estado, manteniendo el aseguramiento en EPS y ARS, pero con un reaseguro o instituciones de segundo piso que cubrieran ese riesgo, pero no se acogió la propuesta”, indicó el doctor Mejía. Ahora, aunque considera que el Ministerio va por buen camino en la búsqueda de soluciones al problema del alto costo, resalta que lo importante es acelerar la implementación de las medidas, no esperar hasta el mes de octubre para redistribuir los pacientes con VIH-sida e insuficiencia renal. “Lo segundo sería acelerar la incorporación de cáncer y cardiopatías a la redistribución. Y tercero, que el Ministerio de la Protección Social negocie gobierno a gobierno, con la participación de la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, para conseguir precios más bajos en medicamentos e insumos para tratamiento de pacientes de alto costo, por lo menos en retrovirales, y posteriormente en otros para pacientes con insuficiencia renal, porque ello disminuiría el costo de los tratamientos”, concluyó. Más información... 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