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¿Redistribuir
para quién?
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Ahora la batalla
es por no hacerse cargo de los pacientes con enfermedades
de alto costo. Esto resulta paradójico en un sistema
de seguridad social que pretendía y además prometía
cobertura universal, pero todo hace parte del proyecto privatizador
que no por esto es malo, pero se sabe que lo que se busca
a ultranza son los beneficios económicos -tampoco por
eso malo sino por ser excluyente-, y por tanto debe existir
el Estado que provea de la solución a unas necesidades
sociales básicas y que asuma los costos de ellas.
Es lógico que nadie crea una empresa para perder dinero,
pero sabido esto y sabido también que sí habrá
pacientes con enfermedades de alto costo, es imperativo como
una obligación del Estado atender esa contingencia
de los ciudadanos.
La pretendida limitación al alcance de la tutela y
las limitaciones que se le quieren hacer al Plan Obligatorio
de Salud (POS) también conllevan ese interés
de no cubrir las enfermedades de alto costo; de manera que
son muchas las señales que hacen vislumbrar el deseo
de privatizar la salud y de quitarse de encima lo que se ve
como una carga.
Y parece que después de ires y venires, de discusiones
e instancias, hizo carrera la distribución de estos
pacientes entre las EPS y ARS, aún sin saberse el criterio.
El ISS da el brazo a torcer y cede, aparentemente de forma
inocente, una de sus fortalezas. Ya restándole los
pacientes que lo hacen indispensable, poco le quedará
por entregar antes de su cierre. Es un paso delicado y trascendental.
De ahí en adelante, en el componente de salud, el ISS
será débil como el que más y su cierre,
que no se ha logrado por la vía de la separación
de negocios, se facilitará por esta. Mal negocio hace
el ISS, mala su estrategia frente a su supervivencia y muy
cuestionable su decisión frente a lo que es su deber
y su misión. Sin embargo, se ha presentado la decisión
de redistribuir estos enfermos como una necesidad de disminuir
el riesgo en cabeza de cada EPS y por supuesto del ISS, y
en ello puede haber algo de cierto, y si eso garantiza su
permanencia la decisión habrá que aceptarla.
Esto está por verse. Como también debe verse
qué beneficio traerá este sistema a los pacientes
que requieren actualmente la atención por causa de
estas enfermedades de alto costo, porque por ahora se está
pensando solo en lo ruinoso que es para cualquier entidad
tener a su cargo estos enfermos. Este tipo de consideraciones
también es, ciertamente, un efecto de la mentalidad
privatizadora que invade lo público creyendo que resolverá
mágicamente todos los disgustos y las incomodidades
que se tienen al operar servicios públicos, aunque
sea por manos privadas, lo cual insistimos, no es un inconveniente;
lo inconveniente es el lucro por encima de toda consideración
y el desentendimiento del Estado de su obligación de
proteger a los ciudadanos.
También se visualiza cada vez con más claridad
la necesidad de trabajar muy duro en la promoción y
prevención. Esto debería ser una obsesión.
Es la mejor forma de ofrecerle a toda la gente la posibilidad
de una vida plena y a la vez de minimizar los costos.
Este no será el último intento que se haga de
desmontarse obligaciones adquiridas ni la primera en que se
propongan soluciones que no consideren en primer lugar a los
enfermos, razón y sentido de un sistema de salud.
Miraremos más adelante, cuando haya pasado este chaparrón
y ya los pacientes estén redistribuidos, si la gente
que llega nueva al sistema podrá hacer uso de la libre
escogencia y ella se le respete, y cómo será
el comportamiento del sistema principalmente con ellos, pero
también con las EPS y con las ARS.
Finalmente, sigue quedando la duda de si lo que primó
en la decisión fue la protección de la vida
o del capital. |
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