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La
Superintendencia Nacional de Salud impuso sanciones por $3.110
millones a 60 entidades del sector salud como EPS e IPS, lo
mismo que a algunos entes territoriales, por vulnerar la atención
inicial de urgencias y el sistema de referencia y contrarreferencia
de pacientes, generando casos del llamado “paseo de la
muerte”. Esta situación se da cuando un paciente
no recibe atención oportuna en un servicio de salud,
y no es redireccionado en la red hospitalaria de un centro de
asistencia a otro de mayor capacidad y nivel de complejidad.
Con las sanciones se busca lograr que la atención en
los centros de salud y la referencia de pacientes sea efectiva,
para proteger la vida de los usuarios con oportunidad, accesibilidad
e integralidad; las medidas fueron acompañadas en algunos
casos, con el cierre de servicios de salud en las instituciones
sancionadas. La Supersalud recordó a todas los actores
del sector, que la atención inicial de urgencias es obligatoria
en todo el territorio nacional por parte de cualquier Institución
Prestadora de Servicios de Salud IPS.
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En todo
el país, fueron sancionadas 13 EPS, 23 hospitales, 20
clínicas, una alcaldía distrital y dos secretarías
departamentales de salud. Adicionalmente, el Sistema de Referencia
y Contrarreferencia ha ocasionado procesos de la Supersalud
a 32 entes territoriales por no haberlo organizado; estas actuaciones
se constituyen en multas personales a los secretarios de salud
de los entes territoriales.
Sanciones por más de $1.800 millones en subsidiado
Dentro de una estrategia para enfrentar las múltiples
deficiencias del régimen subsidiado, la Supersalud impuso
sanciones por más de $793 millones a Administradoras
del Régimen Subsidiado (ARS) y por casi $1.050 millones
a administraciones municipales.
En la primera parte de la investigación se revisaron
actuaciones de ARS y alcaldes, y en la segunda se efectuó
el proceso de habilitación y se demarcó el campo
de acción de cada ARS y alcalde, en términos de
la contratación para atender la población afiliada.
Por ampliar su capacidad de afiliar personas al régimen
subsidiado de manera irregular, tanto geográfica como
poblacionalmente, fueron sancionadas con poco más de
$793 millones, 13 ARS. Y por transgredir las normas de contratación
del régimen subsidiado, al permitir de manera irregular
la entrada de estas ARS a sus jurisdicciones y realizar contratos
de aseguramiento de la población, sin tener en cuenta
la calidad e integralidad del servicio y la elección
de los beneficiarios del subsidio, fueron sancionadas con $1.048
millones, 25 administraciones municipales. Además, otras
ARS y administraciones municipales están incursas en
procesos sancionatorios por las mismas causas. |
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