Según el consolidado
de los resultados económicos y financieros de las 47
aseguradoras en salud que reportaron información a la
Superintendencia Nacional de Salud con corte a septiembre 30
de 2016, se evidencia lo que ya es una constante del sector
salud: la afectación de los signos vitales de la salud
financiera del aseguramiento, caracterizado por la pérdida
de rentabilidad, alta iliquidez y endeudamiento insostenible
para cualquier organización.
Con un excedente bruto de $309.015 millones, merced de unos
ingresos operacionales de $29.8 billones y un costo médico
de $29.5 billones (obsérvese una siniestralidad, servucción
o costo técnico del 99%), para un margen bruto de 1.0%,
valor que no alcanzó a cubrir el gasto operacional de
$1.8 billones (6.2% del ingreso, por debajo de lo permitido
del 8% en subsidiado y 10% en contributivo, artículo
23 de Ley 1438 de 2011), arrojó en consecuencia una pérdida
operacional de $1.5 billones, lo que equivale a un 5.2%. Es
es decir, por cada $100 de ingresos operacionales, las organizaciones
del aseguramiento en salud en el agregado perdieron $5.20, y
quedaron sin margen para cubrir otros gastos no operacionales,
gastos financieros y realizar futuros procesos expansivos.
Del diferencial neto entre otros ingresos y gastos no operacionales
en el consolidado se arrojó un valor positivo que contribuyó
a disminuir la pérdida operacional hasta ubicarse en
un desempeño negativo de $1.3 billones, para un margen
neto de 4.5%. La interpretación de esto es que el agregado
general de las aseguradoras en salud no genera los recursos
para distribuir excedentes económicos, financiar nuevos
proyectos de fortalecimiento y renovación tecnológica
y asumir nuevos endeudamientos.
El resultado negativo de la actividad económica del aseguramiento
en salud a septiembre de 2016, conllevó un deterioro
de los principales indicadores de rentabilidad como el ROA (utilidad
neta/activo total %), el ROE (utilidad neta/patrimonio %), y
el REI o de utilidad neta (utilidad neta/ingresos operacionales
%), por cuanto la rentabilidad del activo o tasa ganada por
la empresa fue de -13.5%, que obviamente no cubre los efectos
directos de la exposición a la inflación y, menos
aún, de la tasa esperada por los inversionistas o del
rendimiento del patrimonio que se ubicó en 31.6% (resultado
de dividir dos números negativos, dado el patrimonio
negativo).
En el consolidado de estas organizaciones se observa un alto
e insostenible endeudamiento que desequilibró las finanzas
institucionales, al tiempo que denota una pérdida de
gobernabilidad y autonomía empresarial, pues son precisamente
los terceros quienes virtualmente poseen el control de las decisiones
y la correa de distribución del negocio, toda vez que
los pasivos superaron el 43% de los activos disponible de operación.
Los costos promedio de ambos regímenes por usuario se
situaron en $664.000 a septiembre 30 de 2016, resultado de dividir
el costo de ventas y operación por los 44.453.178 de
afiliados, valor promedio que es más alto que la misma
UPC General para el régimen contributivo que se estableció
en $608.508, siendo mucho más bajo en el régimen
subsidiado de $544.000, mientras que en el contributivo fue
de $779.000.
El total de las 32 aseguradoras del régimen subsidiado
presentó un costo medio de $528.000, que resultó
en todo caso, más bajo que las 10 EPS privadas que fue
de $602.000; muy por el contrario, excluyendo de las 15 EPS
del régimen contributivo a las dos aseguradoras públicas
(Ferrocarriles Nacionales y EPM), el costo medio fue de $3.036,
siendo por su parte las 13 privadas las de menor costo medio
de $776.000.
No obstante de ingresos operacionales billonarios, los costos
de producción de servicios de salud fueron levemente
menores, pero no alcanzan a cubrir los gastos operacionales,
lo que deriva en ejercicios contables con saldos negativos que
afectan la rentabilidad del negocio del aseguramiento y ello
limita cualquier desarrollo posible, al tiempo que presiona
fuertemente la viabilidad, supervivencia y valor empresarial,
dado que la utilidad neta es uno de los principales inductores
de creación de valor.
Costo medio en aseguramiento por régimen (Costo de Ventas
y Operación/Afiliados)
Descontado el costo medio de EPM ($2.589.000) y de Ferrocarriles
Nacionales ($2.549.000), el valor más alto de costo medio
lo presentó La Nueva EPS con $970.000, seguida de COOMEVA
EPS con $871.000, mientras que el costo medio más bajo
lo registró Salud Total EPS con $578.000 y Salud Vida
EPS con $594.000, el 40% de las aseguradoras en salud del régimen
contributivo osciló entre $700.000 y $800.000.
El costo medio del régimen subsidiado fue de $548.000
para las 32 aseguradoras en salud, donde el 65.63% de ellas
fluctúo entre un costo medio de $442.000 como límite
inferior y $545.000 de rango superior, 14 aseguradoras que equivalen
al 43.75% registraron un costo medio en salud o técnico
entre $501.000 y $577.000, la aseguradora con mayor costo medio
a fecha del corte fue Comfacor con $713.000 y Anas Wayuu EPSI
la de menor costo con $442.000.
En este mismo sentido, seis aseguradoras en salud continuaron
como las de mayor costo medio entre $686.000 y $622.000, siendo
las tres primeras: Comfacundi ($686.000), Capital Salud ($685.000),
Capresoca EPS ($635.000).
Aquí es muy importante hacer claridad que es diferente
el comportamiento, carga de enfermedad, perfil epidemiológico,
caracterización de la población, frecuencia de
usos y demás aspectos socioeconómicos y demográficos
de la población afiliada a una aseguradora pública
o a una privada, así opera en ciudades capitales, regiones,
si tiene su propia red de prestadores, a la proximidad y facilidades
de acceso y oportunidad en la atención o a la determinación
de criterios culturales, por lo que cada análisis ofrece
variopintos resultados y por tanto lecturas diversas, no siendo
un comportamiento lineal y absoluto y por tanto la calificación
o evaluación de cada EPS es particular.
Algunas consideraciones y aproximaciones de este análisis
enseñan algunas cuestiones que son necesarias evidenciar.
Tradicionalmente se tiene la creencia que es más costosa
la salud en el régimen subsidiado que en el contributivo
lo que, y de acuerdo con los cálculos realizados, es
diferente, pues el costo medio en el régimen subsidiado
fue de $548.000 y el mayor costo medio se ubicó en $773.000,
resultado contrario a lo arrojado en el régimen contributivo
que presentó un límite superior de $970.000 (sin
contar los casos extremos de las aseguradoras públicas
de EPM y Ferrocarriles Nacionales que tienen características
empresariales diferentes en su génesis y desarrollo),
y donde el costo medio fue $775.755, no obstante que los resultados
financieros acumulados son más negativos en el subsidiado,
toda vez que las pérdidas acumuladas a septiembre están
en $3 billones, siendo por su parte las del contributivo de
$1.2 billones.
Finalmente a estos resultados negativos en el aseguramiento
que son constantes crecientes y expansivos, habría que
considerar además, los efectos paralelos que puedan tenerse
con la aplicación de la Ley Estatutaria en Salud-LES-que
redefine los contenidos POS, lo que aumentará la presión
fiscal y financiera de las aseguradoras, sobre la base de que
al momento no se conoce de nuevas fuentes reales de financiamiento
y que algunos departamentos presentan afujías de cofinanciación
por disminución de recursos del Sistema General de Participaciones
en Salud.
A esto se agrega la espera de las definiciones en materia del
nuevo esquema de cálculo y distribución de recursos
de la ley de transferencias ante el cambio de vigencia, por
lo que es muy probable un incremento directo del costo medio
del aseguramiento en salud, que beneficiaría indudablemente
al paciente, en el entendido además de la progresividad
de los recursos del aseguramiento; razón de ser de cualquier
sistema de salud, pero que en función de la racionalidad
económica, en el marco fiscal de mediano plazo, al déficit
fiscal y el criterio de la regla fiscal, deberá consultarse
las fuentes de financiamiento fiscales y parafiscales que respondan
a estos nuevos desarrollos en la seguridad social en salud y
con ello garantizar los aplicación de los principios
rectores. |
