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Luego
de 6 intentos del actual gobierno por legislar el tema (5 proyectos
de ley y una pregunta en el referendo), cursa ahora en el Congreso
de la República un proyecto de Acto Legislativo para
prohibir el porte y consumo de la dosis personal de sustancias
psicoactivas; el proyecto superó 5 debates de los 8 requeridos
para convertirse en modificación a la Constitución
Política, y su trámite llevó a que senadores
adeptos al gobierno lo tilden de “situación vergonzosa”,
según Armando Benedetti.
El representante por la U, Nicolás Uribe, ponente del
proyecto, afirma que se busca “manejar el consumo como
un asunto de salud pública y al adicto como un enfermo
que requiere tratamiento, previo consentimiento del involucrado”.
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Se parte de la prohibición
de la posesión como mecanismo persuasivo que desestimule
el consumo, y según la lógica del gobierno, será
una herramienta contra el micro-tráfico. La iniciativa
oficial pretendía tratar punitivamente el porte y con-sumo
de estupefacientes, pero con el paso de los debates se transformó
y se revistieron los argumentos con eufemismos: no se habla
de penas de prisión sino de “imposición de
sanciones terapéuticas que impliquen limitaciones al
derecho a la libertad de manera temporal en instituciones adaptadas
para ello”.
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El trámite
del proyecto no fue liderado por el Ministerio de la Protección
Social, sino por el del Interior y Justicia, lo cual desvirtúa
el discurso del gobierno cuando afirma que los adictos deben
ser tratados como enfermos. Por el contrario, el ministro de
la Protección Social, Diego Palacio, reconoce la falta
de recursos para financiar una gran estrategia de prevención
y rehabilitación: "Es un tema muy costoso y con
muy poca efectividad. Cerca del 90% de los costos que se invierten
en tratamientos de la drogadicción no tienen ningún
tipo de efecto: sólo dos de cada 10 personas tratadas
en cualquier sitio del mundo, logran algún tipo de recuperación;
sin embargo, elevar la prohibición del consumo a nivel
constitucional, es un paso para que la sociedad empiece a rechazarlo".
El proyecto incluía la propuesta de crear tribunales
de tratamiento conformados por jueces y fiscales, junto con
profesionales de la salud, que según el Ministerio del
Interior trabajarían bajo una “filosofía
de protección coactiva, para acompañar integralmente
al consumidor de drogas ilícitas, ayudándole a
tomar conciencia de los efectos de su consumo y de la necesidad
de un tratamiento terapéutico, tanto para consumidores
ocasionales como para aquellos que tengan dependencia crónica
o adictiva …Los tribunales harán parte de una política
de monitoreo al consumo, de manera que puedan tomarse las medidas
necesarias para proteger al consumidor y a la sociedad”.
Estos tribunales fueron fuertemente criticados y generaron indignación
ciudadana, de ahí que en el último debate fueran
excluidos. El ministro de Justicia, Fabio Valencia, intentó
mostrar que los tribunales asumirían el papel de la educación
en beneficio de los “enfermos”, que ahora deberían
enfrentar jueces, fiscales, médicos, psicólogos,
trabajadores sociales y tribunales. Un editorial de El Espectador,
señaló: “Estos tribunales pasarán
a la historia como un claro intento de ingeniería social
para monitorear el comportamiento de los ciudadanos que no van
con la mayoría”.
Otro concepto eufemístico es el de “filosofía
de protección coactiva”, que contradice la “voluntariedad”
que supuestamente trae la reforma. El ministro Valencia afirmó:
“Los tribunales de tratamiento tienen como principio fundamental
la voluntariedad”, pero en el Consejo comunal de Popayán
declaró: “Lo que se trata es de proteger a la propia
persona en su integridad, aún en contra de su propia
voluntad”, yendo en contravía del concepto de la
Corte Constitucional del libre desarrollo de la personalidad
y de la libre elección.
Desde cifras oficiales: inviabilidad
de la propuesta
La propuesta surgió de la preocupación
por las cifras de la encuesta de Consumo de Drogas Ilícitas
-investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes-,
con apoyo de la ONU, Estados Unidos y la CICAD/OEA, que muestran
que en el país uno de cada diez colombianos ha consumido
drogas, 1,6 millones marihuana y de ellos 450.000 en el último
año. El ministro de justicia insiste en que “se
les va a decir a las personas que consumen que el Estado facilita
gratuitamente un tratamiento; este proyecto prohíbe el
consumo y el porte pero no penaliza, porque considera al adicto
como un enfermo”.
Surgen varias preguntas: ¿Con cargo a quién se
harán los tratamientos? ¿En qué instituciones
se adelantarán si las especializadas son muy pocas, y
las dedicadas a salud mental sufren profundas crisis por falta
de financiación? ¿Se reformará el POS?
El comisionado de la CRES, Heriberto Pimiento, manifestó
que por ahora no es posible mejorar los contenidos relacionados
con la salud mental, debido a la necesidad de cuidar la sostenibilidad
financiera del sistema.
Por su parte el doctor Francisco Sierra, coordinador asistencial
de la ESE CARISMA, dedicada al tratamiento de adicciones en
Antioquia, mencionó que la Sentencia T-760 de la Corte
Constitucional al exigir que a las personas con problemas adictivos
se les dé tratamiento previo concepto de los Comités
Técnico-Científicos, llevó casi al colapso
a su institución, debido al aumento de la demanda: “El
país no tiene cómo atender con tratamiento ese
volumen de personas”. Y agregó: “Puede haber
muchas instituciones de atención, ¿pero cuántas
están habilitadas como centros de tratamiento de adicciones
y que puedan ser receptoras de esta demanda? Muchos centros
no se han habilitado como instituciones de salud y su trabajo
lo hacen con esquemas de tipo educativo y social”. |
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A la par de la reforma
constitucional
sobreporte de estupefacientes, en el Congreso
cursa una ley antinarcóticos que incluye
expedición de certificados de Icontec para
“empresas libres de drogas”.
Aún no está claro si se harían pruebas
a los
empleados,lo que iría en contravía
de los mínimos derechos a las
libertades individuales.
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La encuesta citada muestra que 12,2% de los colombianos consume
alcohol y 20% de los menores entre 12 y 17 años lo
han tomado, cifras significativamente mayores, pero el alcohol
es fuente de finanzas para el Estado, lo que para algunos
es un juego de doble moral. Además, investigaciones
anteriores del Cicad han sido cuestionadas: en 2005, el director
del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional,
Tomás León Sicard, descalificó por inconsistente
un estudio que indicaba la inocuidad del glifosato.
Además: en abril de 2007 el gobierno expidió
la Política nacional para la reducción del consumo
de sustancias psicoactivas y su impacto. La pregunta es: ¿Sirvió?
Si el proyecto de ley actual no busca ser punitivo, ¿por
qué no se incluyen los objetivos que ahora se buscan
en la política? ¿Y por qué se hace necesaria
una reforma constitucional?
Constitucionalidad y la Corte
La Corte Constitucional ha defendido las libertades
individuales por sobre la prohibición de la dosis mínima.
Por ello, esta vez el gobierno hizo una variación legal:
no busca reformar el artículo 16 de la Constitución
(libre derecho de la personalidad), sino el 49 (atención
en salud y saneamiento ambiental). “Siguiendo la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, la iniciativa de Acto Legislativo
no estará encaminada a la imposición de un modelo
de virtud u opción de vida, sino que buscará
desarrollar medidas de protección coactiva”, aseguró
el ministro Valencia, dejando en una ley su reglamentación.
Sin embargo, la posición de las Cortes ha sido unánime;
recientemente, la Corte Suprema de Justicia sentenció
que la posesión y el uso personal de drogas no es un
delito: ”Desde que el ejercicio de los derechos íntimos
y personales no afecten los ajenos y no produzcan daño
o peligro de menoscabo al bien jurídico de la salud
pública, no le incumbe al derecho penal este tipo de
casos, pues se trata de un comportamiento que corresponde
al exclusivo ámbito de la libertad individual”,
y agregó una frase posiblemente lapidaria para el proyecto:
“Llevar consigo dosis personal o de aprovisionamiento
de sustancias estupefacientes, no es penalizable".
El fondo del asunto fue consignado en 1994 en la Sentencia
C-221 que despenalizó el porte en Colombia. La Corte
señaló en ese entonces: “Reconocer constitucionalmente
el libre desarrollo de la personalidad, pero al mismo tiempo
fijarle límites a capricho del legislador, es un truco
ilusorio para negar lo que se afirma, y equivale a manifestar:
Usted es libre para elegir, pero sólo para elegir lo
bueno, y qué es lo bueno, se lo dice el Estado”.
Y agregó “el Estado no puede asumirse como dueño
y señor de la vida de las personas cuya conducta rige,
arrogándose el papel de Dios, más allá
de la órbita del Derecho, interviniendo a través
de castigos para comportamientos que sólo atañen
al individuo y su facultad de decidir sobre su personalidad”.
Ahora, el representante a la cámara Tarquino Pacheco,
de Cambio Radical, afirmó: “Este proyecto no afronta
las raíces del problema social y es un exabrupto constitucional,
pues al paso que vamos se van a prohibir las relaciones sexuales
para evitar el sida, o se prohibirá el roce personal
porque contagia la gripa".
Una propuesta en contravía
Si se pretende manejar la drogadicción desde
la salud pública, el país marcha en contravía
de las tendencias mundiales; en Colombia no se consideran
las implicaciones que tiene para el consumidor dejar la dosis
mínima. El doctor Sierra plantea que el proyecto profundiza
el concepto de la fármaco-dependencia como enfermedad,
pero desde el punto de vista de su estigmatización,
lo que restringe su tratamiento a instituciones especializadas,
descartando otras opciones: “La atención de adicciones
se debe dar desde la Atención Primaria en Salud, y
no dejarlo hasta cuando el adicto toca fondo; mientras más
temprano atendamos, más rápida y efectiva será
la recuperación”.
Además, un tratamiento efectivo de adicciones implicaría
una transformación sustancial del POS, insuficiente
para la atención en salud mental. “La Corte Constitucional
habla de tratamientos integrales, que más que de un
protocolo, dependen de las circunstancias de cada paciente;
en la fármaco-dependencia, quienes consultan lo hacen
muchas veces desde la cronicidad y la alta complejidad, con
componentes sociales, sicológicos y orgánicos.
Es muy difícil encerrar su atención a los límites
del POS”, dice el doctor Sierra.
El problema de la propuesta del gobierno, es el foco del asunto.
Al tratar una persona diabética, no se ataca al azúcar
como causa, sino que se atiende un paciente con un problema
con una sustancia, agrega el doctor Sierra: “Con las
adicciones se ataca la sustancia y no se aborda el proceso
de atención. Se parte del siguiente razonamiento: si
hay adictos es porque hay sustancia, si restringimos la sustancia
el problema se minimiza o acaba. ¿Entonces por qué
no hacemos lo mismo con la hipertensión, penalizando
el consumo de sal? Cualquier tratamiento debe enfocarse en
la atención del individuo, pero no es restringiendo
la sustancia como vamos a solucionarlo, sino con intervención
a la persona, y programas de promoción y prevención
desde la primera infancia”.
El hombre y las drogas han coexistido siempre: la morfina
es útil en el manejo del dolor, los benzodiacepínicos
y los barbitúricos en cirugía. De ahí
que no se puedan descalificar per se, sustancias que existen
en la naturaleza; en las comunidades indígenas no se
puede decir que el mambeo de coca generó fármaco-dependencia
ni descomposición social, porque el problema no es
la sustancia ni el individuo, sino su mezcla inadecuada. Para
el doctor Sierra, el problema de la fármaco-dependencia
aparece con la explosión de un consumismo desaforado
y la mercantilización de todo, creando un escenario
donde surgió la producción masiva e industrializada
de sustancias psicoactivas con explosión de oferta:
“El hombre ha utilizado estas sustancias toda la vida;
son las condiciones sociales de consumismo lo que lleva a
que la persona genere adicciones. Hay que enfocar el problema
en el desarrollo social y en la concepción del mundo
que se nos impone; por eso la prevención empieza enseñando
nuevas formas de interrelacionarse, arraigadas en las propias
capacidades, posibilidades, y en el interior y principios
de las personas”.
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