La Ley 715/01 asignó a los departamentos la responsabilidad de la financiación de los servicios de salud de mediana y alta complejidad para Población Pobre No Asegurada (PPNA) de su territorio, pero no se garantizaron los recursos suficientes para cumplir con esta responsabilidad.
En un principio, esta PPNA correspondía a los mal llamados 'vinculados', pero en la medida que se dieron ampliaciones de cobertura del régimen subsidiado, los recursos fueron pasando de subsidio a la oferta a subsidio a la demanda. Dicho en otras palabras, se pasó de financiar la atención de población vinculada a financiar ampliaciones del régimen subsidiado, no previéndose la financiación de servicios no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado o eventos No-POS y que seguían atendiéndose con cargo a los departamentos, ya que el plan de beneficios de este régimen cobija todas las actividades de baja complejidad de atención, pero deja por fuera gran número de actividades de mediana complejidad que están bajo responsabilidad de los departamentos, sin tener éstos los recursos suficientes para garantizar su financiación.
Dicha situación está llevando a la quiebra de los hospitales públicos de mediana complejidad, por el pago muy por debajo del precio de los servicios que prestan y la demora en los pagos tanto a hospitales públicos y a la red privada, por la no cancelación oportuna de los servicios. Como resultado de esto, mas grave aún, es el riesgo para la población que demanda estos servicios, ya que nadie los quiere atender, poniendo en riesgo en muchas ocasiones la vida de estas personas.
Así las cosas, hoy vemos como los entes departamentales tienen un déficit por la prestación de estos servicios de salud que supera el billón de pesos. Esto es mucho más notorio en departamentos pobres como Sucre o Bolívar (a propósito, este último acaba de entrar en Ley 550), por citar apenas dos. El departamento de Sucre, por ejemplo, afronta un déficit de $30.000 millones por deudas inherentes a servicios de salud y que hoy lo llevan a tramitar una reestructuración de pasivos por el colapso en el que está sumido. De esta forma, se están llevando al traste esfuerzos importantes como la reorganización rediseño y modernización de su red de servicios de salud sobre todo en sus tres hospitales regionales, logro alcanzado con el acompañamiento del gobierno nacional a través del Ministerio de la Protección Social.
Ante esta situación se hace necesaria la búsqueda de soluciones de fondo al problema, que necesariamente tiene que encaminarse a consecución de recursos con los que se puedan garantizar efectivamente la financiación de esta falencia en la estructura de nuestro sistema actual de seguridad social en salud. Y este debate lo impulsaremos desde el Senado este mes de noviembre y antes de que sea demasiado tarde .

En Colombia las oportunidades para los jóvenes son mínimas y sin lugar a dudas la universidad pública es la única tabla de salvación para miles de ellos que de no lograr ingreso, tendrían un futuro incierto, bien en la economía informal o en el tenebroso abanico de posibilidades que ofrecen los grupos delincuenciales de todas las pelambres que lamentablemente pululan en nuestro país.
Para vergüenza nuestra, la universidad pública pasa por una grave situación económica que amenaza seriamente su futuro y la pone al borde del cierre, como efectivamente viene ocurriendo en las universidades de Tunja, Caldas, Cauca, Pamplona, Tecnológica de Pereira y próximamente en la Universidad Nacional, según manifiesta el rector Moisés Wasserman. Esta crisis no obedece a un mal manejo de las finanzas universitarias, sino al imperfecto sistema de financiamiento vigente para la educación superior, que a partir de la promulgación de la Ley 30 de 1992 no tuvo en cuenta los requerimientos económicos para ampliación de cobertura, infraestructura física, actualización tecnológica, investigación, movilidad profesoral y estudiantil, exención de pago de matrículas para estudiantes de estratos bajos, etc. Con la globalización el mundo cambió y con él las necesidades de la educación: por tanto, si Colombia quiere ser competitiva, debe actualizar el presupuesto para la educación pública congelado hace 16 años.
El presupuesto para las 32 universidades públicas es de $1,6 billones, de los cuales $969.000 millones corresponden a la Universidad Nacional con sus respectivas sedes, y las 27 universidades públicas restantes se deben repartir los otros $631.000 millones.
El sector defensa nacional gasta en 2009, $19.5 billones equivalentes a 9 puntos del Producto Interno Bruto y a 13% del presupuesto nacional, y en contraste la educación superior recibe sólo 0,25% del PIB y 1% del presupuesto nacional. En América Latina el presupuesto de la educación superior colombiana ocupa el penúltimo lugar, solo superado por Haití; esto explica claramente la situación financiera de la universidad pública, ya que para aceptarlo se requiere debilitar la conciencia crítica de una nación.
Cabe recordar que aproximadamente el 87% de los estudiantes de universidades públicas pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y la matrícula pública representa el 52% del total, cuando hace apenas dos décadas era del 35%. Este incremento se hizo con recursos propios de la universidad.
En comunicado al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y a los senadores y representantes, los rectores de universidades públicas solicitaron incremento del 5,5%, a manera de compensación económica a partir de 2010 para garantizar su funcionamiento, debido a que el déficit conjunto de las universidades suma $158.000 millones, suma necesaria para cubrir obligaciones normales que de no atenderse, las condenarían al cierre. La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, manifestó que este incremento no es posible, porque según sus cálculos cada estudiante de la Universidad Nacional le cuesta al Estado $20 millones anuales. Sería bueno conocer como se llegó a esta cifra: ¿qué metodología se empleó?
Según el sitio oficial de las fuerzas armadas de Colombia (en: Medios para la paz, 15 de octubre/09), la marina, la aviación y la policía uniformada y secreta tienen en su conjunto 240.000 hombres, el número de efectivos de las fuerzas armadas regulares es 180.000 hombres. Colombia ocupa el primer lugar del mundo en número de miembros de las fuerzas armadas y de policía entrenados en Estados Unidos. Si el presupuesto de seguridad es $19,5 billones al año, ello indicaría que cada efectivo de las fuerzas armadas regulares nos cuesta a los colombianos la suma de $100 millones anuales, si se hacen cuentas como las hechas por la Ministra de Educación.
Lo que ocurre es que la seguridad democrática es la prioridad para el gobierno colombiano y la educación es a todas luces un asunto secundario. Vale la pena recordar a Benjamín Franklin, quien decía que “educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia”; según este pensador, la educación es la mejor herramienta para alcanzar la paz, en Colombia, vale cinco veces menos.
Si para la Ministra de Educación el problema de la universidad pública es su alto costo, vale recordarle que los $158.000 millones que solicitan los rectores para salvar las universidades públicas, equivalen al 0,007% del gasto en guerra, al 3% de $4 billones que pierde Colombia en corrupción cada año y a $18.000 millones menos que los subsidios entregados a un grupo de ricos por el gobierno en el programa Agro Ingreso Seguro.
Triste futuro le espera a Colombia donde la educación no es una prioridad, donde la razón y la verdad poco interesan ante prioridades como el militarismo. Tenemos el miserable orgullo de ocupar el puesto número 25 en gasto militar en el mundo, ser la segunda potencia militar en Latinoamérica después de Brasil y estar entre los 15 ejércitos más poderosos del mundo en guerra irregular e infantería ligera; pero paradójicamente, no aparecemos en el ranking de las mejores 500 universidades del mundo (Ranking de Shangai) y está en entredicho el funcionamiento de las universidades para 2010. La universidad pública tiene enemigos externos que la asfixian en lo económico y enemigos internos que en su inmensa miopía atacan, maltratan y tratan de acallar a uno de sus máximos defensores, como ocurrió con el rector de la Universidad Nacional.
Vale la pena hacer un poco de memoria y recordar experiencias exitosas en educación en nuestro país y las Américas: dos administraciones pasadas en las ciudades de Medellín y Bogotá le apostaron a la educación con calidad, equidad, acceso y sostenibilidad, y la ciudadanía aún las añora por su exitosa gestión; hoy Brasil confía su futuro a la educación con asignaciones significativas del presupuesto nacional, Chile en la frontera de los países desarrollados es tal vez el mejor ejemplo latinoamericano de inversión en educación, reflejado en indicadores trazadores de desarrollo.
Los colombianos fuimos obligados a subsidiar al sector financiero con el 4 por mil de las operaciones bancarias, dinero que hoy se destina a la guerra; seguramente sería motivo de júbilo si ese 4 por mil se destinara a financiar la educación pública, se haría justicia con nuestra juventud y se aclararía el futuro de las universidades, y tal vez algún día podríamos decir que Colombia es la nación más educada, la menos violenta y la más segura en el concierto latinoamericano.

Los líderes políticos, los gobernantes, los legisladores, que debieran dar ejemplo de su capacidad para raciocinar y para buscar caminos racionales, humanitarios, para encontrar puntos de convergencia que sin negociar los principios esenciales humanos e innegociables -derecho a la vida en cualquiera de las etapas del desarrollo, respeto sumo e inviolable a la dignidad y a la libertad de la persona, entre otros-, actúan hoy en día apoyando o rechazando propuestas de manejo público, sin analizar el contenido de las mismas; sólo piensan que si quien las propone es su amigo, su compinche, deben aprobarlas sin restricciones; pero si no lo es, deben rechazarlas fanáticamente, a veces con ofensas, aunque en sí sean benéficas para el país. De este morbo no se han escapado prestigiosos medios de comunicación de masas en el país.
Pero algo más grave se oculta en esta conducta de la más baja “política”, verdadera anti-política o negación del noble encargo de orientar al pueblo. Es que para lograr éxito, popularidad y mantener sus prebendas, tienen que sembrar odio como base de su actuación. Es la “política del odio”, de la cual, infortunadamente, no se escapó Colombia: las actuaciones de jefes de partidos políticos, de funcionarios judiciales, de instituciones legislativas, etc., son ejemplo claro de aquélla “política”. Y para nosotros, el común de los colombianos, la situación se agrava con el odio predicado y practicado por nuestros más cercanos vecinos.
La historia nos enseña que no es la primera vez que se impone esa modalidad de “política” y cuántos hechos crueles ha desencadenado. Sin pretender hacer un inventario histórico, recordemos algunos nefandos episodios: Nerón, el emperador romano, incendió a Roma para reconstruirla a su amaño, pero acusó a los cristianos para sembrar odio contra quienes se negaban a rendirle homenajes de dios. Más cercano a nuestros días encontramos a Adolfo Hitler, que inculcó el odio contra los judíos y contra los países que derrotaron a Alemania en la I Guerra Mundial, que se rodeó de aliados que terminaron siendo sus vasallos, y que al final de la terrible y sangrienta II Guerra Mundial, perecieron como él en medio de la desesperación que produce la frustración de la egolatría, origen y consecuencia del odio a los seres humanos, odio del que se excluye el propio yo que se convierte poco a poco pero ineludiblemente en endiosamiento de la propia persona, en un egoísmo desmedido y destructor. Actualmente miremos lo que pasa en Irán, Irak, Afganistán, Palestina, etc.
A este siniestro proceder se suma otro no menos reprobable y vergonzoso: instituciones que fungen de tribunales internacionales condenan a una de las partes en litigio sin haberla oído, como en repetidas ocasiones hizo la ONU, o naciones que se atribuyen, por su poderío y prestigio, el derecho de juzgar a países libres y los condenan sin escucharlos. ¿Cómo podremos inculcar a nuestros niños y jóvenes el sentido verdadero de justicia, si lo que registran día a día son estos ejemplos universales de venalidad, de “justicia del odio”?
La religión cristiana, como casi todas las religiones, nos enseña la necesidad de amar al “otro” como a sí mismo, y dicha enseñanza es la expresión de una necesidad estructural del ser humano, una necesidad antropológica intrínseca fundamental. Sin embargo el hombre, en ejercicio de su libertad que es igualmente intrínseca, fundamental y estructural, a veces ama solamente al “otro” representado en su propia persona, y su egoísmo lo lleva a ver a todos los demás seres humanos como sus posibles competidores. En consecuencia trata de eliminarlos, sin reparar en los medios empleados para hacerlo. El amor trocado en egolatría se convierte en fuente de odio cruel y quien lo practica perece, casi siempre por no decir siempre, víctima de su propia crueldad.
«El rostro del otro me interroga», y la respuesta es: amor por el semejante y todo lo que le pertenece u odio a él y a todo lo que le pertenece; la indiferencia a este interrogante no es posible. « […] El rostro es lo que nos prohíbe matar», afirma claramente Lévinas.
NOTA: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-.