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Al igual que a muchos colombianos,
me horroriza y llena de pena lo que viene ocurriendo en el Chocó,
pero no me sorprende. Aunque en los medios masivos de comunicación
esta situación se ha presentado como algo sorprendente
y repentino, nada más lejano de la realidad. Tampoco
es un hecho aislado. Hace mucho tiempo que los casos de corrupción
y abandono en salud matizan la geografía nacional, así
nos cueste reconocerlo.
El problema del Chocó es estructural, y en materia de
salud se conoce hace muchos años, a pesar de varias intervenciones.
Por eso, no basta con intervenir, es necesario prepararse para
una acción de largo aliento, acompañada de un
análisis sociológico e institucional que a mi
modo de ver nunca se ha hecho con el reposo y la objetividad
que hace falta.
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El Chocó se
caracteriza por su enorme pobreza y distancia en los indicadores
de bienestar comparado con el resto del país. La proporción
de población con necesidades básicas insatisfechas
-NBI- alcanza el 75.3% y la proporción con pobreza del
81.5%, mientras que a nivel nacional estas proporciones son
el 37,6% y 53,8%, respectivamente. La población total
del Chocó es de 441.395 habitantes; de ellos, 242.062
están afiliados al régimen subsidiado (54,8%)
y 37.607 (8,5%) al contributivo. La tasa de mortalidad infantil
es alarmante, llegando a 36 defunciones por mil nacidos vivos
y la mortalidad materna se ubica en 278.5 defunciones por mil
nacidos vivos, cuando el promedio nacional es de 104.9 defunciones.
La esperanza de vida es de 66,8 años de vida al nacer,
inferior al promedio del país que llega a 72,2 años
y el porcentaje de analfabetismo de 20,5% duplica el nivel nacional
(8,5%).
Caos en salud
En términos de salud los hallazgos de la Superintendencia
Nacional de Salud son muy dicientes. La principal aseguradora
de ese departamento es la “Asociación Mutual Barrios
Unidos de Quibdó”, que tiene casi medio millón
de afiliados en todo el país y el 9,4% en Chocó;
aunque su sede es Quibdó, opera desde Barranquilla. La
Superintendencia señala que esta entidad incumple el
margen de solvencia, que no acredita el patrimonio mínimo
para administrar recursos del régimen subsidiado e incumple
los estándares de calidad y suficiencia de la red de
prestadores, presentándose que muchos tienen sus habilitaciones
vencidas. También señala que esa entidad carece
de un sistema de referencia y contrarreferencia, que la contabilidad
no posee soportes como por ejemplo en el 2006, que los recursos
no son manejados en las fiducias que exige la ley, que no hay
base de datos de afiliaciones, registros, autorizaciones y novedades.
En 4 de los 15 municipios en donde tiene afiliados, tampoco
hay oficina de atención al usuario.
La situación del principal hospital chocoano, el San
Francisco de Asís, no es mejor. No cumple estándares
de calidad ni habilitación, ni puede garantizar mecanismos
de referencia y contrarreferencia. No hay una adecuada gestión
de residuos hospitalarios ni de insumos, medicamentos ni material
quirúrgico. Además, al momento de la visita de
la Superintendencia, tenía embargos por $2.222 millones.
La Lotería del Chocó por su parte ha dejado de
transferir $11.189 millones a la salud, carece de técnicas
para el pago de premios y de contrato de impresión de
billetería y tiene 8 cuentas embargadas por valor de
$1.995 millones. En la administración departamental de
salud, Dasalud, el sistema contable es deficiente, y según
la Superintendencia no hay una posición clara frente
a los embargos, porque muy curiosamente y a pesar que los recursos
de la salud no deberían ser embargables, parece haber
toda una coreografía para identificar muy rápidamente
cuando llegan los dineros y para disponer que logren reclamarlos
primero los acreedores que los usuarios, en una cadena incesante
de reclamaciones. Se encuentran en Dasalud, según la
Superintendencia, cosas como que el 100% de los recursos de
rentas cedidas se destinan a funcionamiento cuando la ley sólo
permite el 25%. Tampoco hay adecuada auditoría de cuentas
presentadas por los prestadores, gestión y cobro. En
los temas de contratación los problemas no son pequeños,
y por ejemplo, los medicamentos se compraban a precios que superan
cuatro veces el valor al cual ahora con la intervención
se está comprando.
Intervención oficial
La decisión que se ha tomado en este caso, como
en otras oportunidades es la única presentable: intervenir.
Es una solución triste, pero que hay que apoyar. Los
que hemos escuchado de las intervenciones, hace tiempo sabemos
que es una medida limitada, impopular y frustrante. Mientras
no haya un cambio en la cultura administrativa y el estilo de
gestión, no habrá solución. Este tipo de
acciones, que resultan ser una acometida de la población
del interior del país, desplazada en masa sobre Chocó,
experimentará cada vez más rabia y rechazo de
la gente del lugar, por razones que no es necesario explicar;
esto sin mencionar los escasos resultados que se pueden obtener
manejando las entidades territoriales a contrapelo de los funcionarios
y la población local. También es una disposición
arriesgada. Sé de muchos funcionarios idóneos,
que siendo interventores han terminado acosados por las denuncias
y sanciones, gracias a la trampa que constituye encontrarse
solo frente a multitudes que los rechazan directa o veladamente.
Por estas razones, es muy importante analizar lo que pasa en
este caso. ¿Es un caso insólito y aislado, un
contraejemplo de la manera como funciona la salud en Colombia?
O, es por el contrario otro ejemplo más de lo que en
general sucede, solo que de una forma extrema que nos disgusta
porque nos cuestiona. Me inclino por lo segundo. Las enfermedades
del sistema de salud chocoano no son excepcionales ni repentinas;
más bien se trata de un caso extremo que no nos gusta
ver. Por ejemplo, muchos hospitales públicos y privados
incumplen las normas básicas de habilitación y
sismo-resistencia; muchas EPS en otras partes del país
no tienen una red de prestadores adecuada ni un sistema de referencia
y contrarreferencia. Si eso no fuera así, no habría
tantas quejas y tutelas. Los dineros no fluyen, eso lo sabemos
hace tiempo. Los diarios se han mantenido llenos de historias
de corrupción en el manejo de los recursos del régimen
subsidiado por muchos años.
Recuerdo mucho cuando se discutía la Ley 1122 en el Congreso
de la República y de las prolongadísimas controversias
de cómo blindar los recursos: El FOCOS (un fondo que
concentraría todos los dineros), las fiducias, controles,
requisitos, etc. Sin embargo, nunca hubo una propuesta perfecta:
“Inventada la norma, inventada la trampa”. Siempre
se llegaba a ver que sin un trabajo sobre la cultura, la moralidad
y la probidad en el manejo del sistema de salud, no hay nada
qué hacer.
En suma, las cosas apuntan a la necesidad de un programa de
gerencia, control social y transparencia en el manejo de los
recursos y de la salud, en Chocó y en todo el país.
También es necesario apoyar al gobierno en la intervención
que está haciendo, sin dudarlo ni parpadear, pero además
de ello hay que pedirle que ésta sea una acción
sostenida que institucionalice con los mismos chocoanos, un
régimen de gobierno eficiente y a largo plazo. |
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