El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis estructural y financiera que no admite más aplazamientos. La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el déficit hospitalario y el aumento de tutelas han puesto el tema en el centro de la discusión nacional y lo han convertido en un eje inevitable de las campañas presidenciales de 2026.

La UPC y la financiación del sistema

Entre los precandidatos que ya se han pronunciado públicamente, Juan Daniel Oviedo ha señalado que el sistema “no es fallido, sino desfinanciado” y ha planteado, como propuesta central, recalcular la UPC para cubrir el faltante de recursos, acompañado de historias clínicas interoperables y de calidad en los datos.

Por su parte, Mauricio Cárdenas ha propuesto un plan de choque en los primeros 100 días de gobierno para normalizar la atención de pacientes de alto riesgo y recuperar la red prestadora, además de pagar las deudas acumuladas con la UPC.

En cambio, Paloma Valencia ha alertado acerca del incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, enfatizando que se requieren modificaciones tanto metodológicas como financieras para que la UPC muestre los costos reales de la atención.

Valencia hace hincapié en la sostenibilidad normativa y el cumplimiento de las leyes, mientras que Oviedo y Cárdenas se enfocan en la inyección de recursos y en la eficacia técnica.

Uno de los principales ejes del debate fue el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Desde la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de seguimiento, la Corte ha exigido ajustes metodológicos y de valor para garantizar que la UPC refleje los costos reales de la atención en salud.

La senadora Paloma Valencia anunció que radicará un incidente de desacato contra el Gobierno por no cumplir integralmente con los ajustes exigidos. El Ministerio de Salud respondió que no existe desacato y que se avanza en los cronogramas para el recálculo.

En términos técnicos, la discusión sobre la UPC no es menor: si el valor asignado no cubre la inflación en salud, la frecuencia de uso y los precios de nuevas tecnologías, se genera un déficit estructural que repercute en las EPS, clínicas y hospitales.

Señales de deterioro financiero

Durante el foro también se abordó la situación patrimonial de las EPS. Según reportes recientes, 23 entidades registran patrimonio negativo acumulado por más de 10 billones de pesos a marzo de 2025. Esta cifra refleja la acumulación de cuentas por cobrar, retrasos en giros de la ADRES y rezagos en la depuración de información contable.

El expresidente del Congreso Efraín Cepeda advirtió: “Están destruyendo la salud de los colombianos”.

Expertos coincidieron en que el saneamiento exige, de manera simultánea, certezas sobre la UPC, depuración de cuentas, auditorías independientes y mecanismos transitorios de liquidez, como la titularización de deudas.

Quejas y tutelas: el termómetro ciudadano

Otro indicador crítico es el crecimiento de quejas y tutelas. Según cifras presentadas en el encuentro, las tutelas por servicios de salud crecieron un 26 % entre 2023 y 2024, y un 16 % adicional entre mayo de 2024 y mayo de 2025.

La senadora Paola Holguín resumió así la pérdida de confianza ciudadana: “Perdimos 32 años de avance, de experiencia, de esfuerzo, de reconocimientos y de inversión en salud. Pero lo peor fue que perdimos la dignidad de los pacientes”.

El incremento de tutelas refleja barreras de acceso: demoras en autorizaciones, entrega tardía de medicamentos y falta de capacidad en las redes prestadoras.

Propuestas sobre la mesa

Cada uno de los precandidatos presentó alternativas con implicaciones técnicas y políticas de fondo:

• Paloma Valencia propuso reconocer la deuda con EPS y prestadores, titularizarla y aumentar la cotización en salud, reduciendo beneficios a los salarios más altos.
• Juan Daniel Oviedo sugirió una UPC ajustada por perfil de enfermedad del paciente, lo que requiere historias clínicas interoperables y calidad de datos.
• David Luna planteó simplificar los trámites de acceso y promover una «tutelatón».
• Vicky Dávila reclamó una auditoría independiente.
• Enrique Peñalosa propuso consolidar entre cuatro y cinco EPS por región y utilizar inteligencia artificial para optimizar diagnósticos.
• María Fernanda Cabal cuestionó la eliminación de las EPS.

Transparencia y control

Vicky Dávila propuso, en el ámbito de la gobernanza, que se realice una auditoría independiente para aclarar responsabilidades y restaurar la confianza.

Por otra parte, Leonardo Huerta enfatizó la defensa de los derechos de los pacientes y el acceso universal desde su experiencia en la Defensoría del Pueblo, destacando que el financiamiento debe ir a la par con una atención puntual.

Dávila impulsa un enfoque de control y vigilancia; Huerta, de garantías y derechos.

Los que aún no han detallado propuestas

Es importante señalar que, si bien varios precandidatos ya han hecho públicas sus posiciones frente a la crisis del sistema de salud, otros aún no han presentado propuestas específicas. Se prevé que, a medida que avance la campaña, hagan públicos sus programas, lo que permitirá un diálogo más amplio sobre temas esenciales, como el déficit de hospitales, la financiación del sistema y la atención en zonas rurales.

El trasfondo político y próximos pasos

El debate se da en un momento de alta tensión: el Gobierno impulsó una reforma estructural que no logró aprobar en el Congreso y mantiene la intervención de varias EPS. Mientras tanto, los gremios insisten en que la crisis responde a una desfinanciación estructural y a fallas en la gestión de las entidades intervenidas.

En este escenario, la campaña presidencial anticipa que la salud será uno de los temas centrales de discusión. El choque entre la visión de un sistema con aseguramiento mixto y la de un modelo más centralizado marcará la agenda pública en los próximos meses.

Los siguientes seis a doce meses serán decisivos. Entre los puntos a observar están:

• El cumplimiento de los autos de la Corte y la publicación de la metodología ajustada de la UPC.
• La liquidez de la red hospitalaria y el impacto de posibles titularizaciones.
• La evolución patrimonial de las EPS y las decisiones de la Supersalud.