Colombia afronta desafíos estructurales en el sistema de salud, sobre todo en las regiones rurales, donde existen brechas marcadas en la cobertura, el acceso y la calidad de los servicios. El Índice de Salud Rural 2024 (ISR 2024), creado por el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, muestra estas condiciones y pone de manifiesto importantes disparidades en infraestructura, recursos humanos, servicios básicos y salud pública.

El ISR 2024 fue elaborado con base en 37 indicadores aplicados a 520 municipios y tomando como referencia datos recolectados entre enero y julio de 2024. El índice compara la evolución frente a 2022 y evidencia el deterioro de variables críticas como la viabilidad financiera de los hospitales públicos rurales, la cobertura de servicios básicos, la disponibilidad de médicos, la atención en salud mental, el acceso a diagnósticos preventivos y las condiciones de infraestructura. Este instrumento constituye un diagnóstico integral que permite dimensionar la magnitud de las brechas rurales en salud y sustenta la urgencia de aplicar políticas diferenciadas y sostenibles en los territorios.

Contexto y diagnóstico: limitaciones estructurales en la salud rural

Más de la mitad de la población afiliada al sistema de salud colombiano está en el régimen subsidiado, siendo esta la principal vía de acceso en zonas rurales y vulnerables. Sin embargo, el ISR 2024 advierte sobre una profunda inequidad. Por ejemplo, la mortalidad infantil alcanza hasta 30 por cada 1.000 nacimientos en departamentos como Chocó y Guainía, más del doble del promedio nacional (12 por cada 1.000 nacimientos).

También se observan brechas en servicios preventivos. Solo 12 de los 520 municipios analizados tienen cobertura de mamografías superior al 50 %, y en 60 municipios menos del 1 % de las mujeres accede a este examen. En 171 municipios rurales ni siquiera hay información disponible.

La cobertura de agua potable es deficiente: el 39 % de los municipios presenta acceso bajo o crítico y solo el 41,1 % tiene servicio de alcantarillado. Estos factores, junto con el bajo acceso a conectividad, afectan directamente la salud pública y obstaculizan la implementación de estrategias como la telemedicina (que tiene menos del 1 % de cobertura en el 37,4 % de los municipios rurales).

El ISR 2024 también alerta sobre la situación financiera de los hospitales rurales: el porcentaje de Empresas Sociales del Estado (ESE) en riesgo alto pasó del 16,8 % en 2022 al 37,3 % en 2024. Además, existe una fuerte desigualdad en la distribución de médicos: de los 520 municipios analizados, solo tres —Santafé de Antioquia, Abejorral (Antioquia) y Córdoba (Bolívar)— cuentan con más de 100 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que, en el otro extremo, 116 municipios apenas disponen de un solo médico, concentrados principalmente en Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.

Esta escasez de personal de salud en zonas rurales eleva los riesgos de morbilidad y mortalidad, dejando a miles de personas sin atención médica oportuna. El déficit no solo afecta a los médicos, sino también a otras disciplinas esenciales, evidenciando la necesidad urgente de una mejor distribución del talento humano en el sector salud.

Territorialización: una estrategia para transformar el modelo

Ante este escenario, el modelo de territorialización de la salud se manifiesta como una alternativa estructural que posibilita la planificación y adecuación de los servicios sanitarios a las singularidades demográficas, geográficas, culturales y sociales de cada territorio. Esta estrategia supone que se utilicen enfoques interculturales en comunidades indígenas, sistemas de información interoperables, modelos integrales de atención primaria y una descentralización en términos operativos.

El Plan Nacional de Salud Rural (PNSR), adoptado mediante el Decreto 0351 de 2025, establece las bases para este cambio. Su implementación prioriza los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y territorios rurales dispersos.

Entre sus ejes estratégicos están: fortalecimiento de la gobernanza local, mejoras en infraestructura y dotación, participación comunitaria, atención mediante redes integradas, sedes satélites y telemedicina.

Sobre este plan, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló: “El Plan Nacional de Salud Rural no es solo una política de nuestro ministerio; es una apuesta por la vida, la equidad y la justicia social en los territorios”.

Beneficios esperados y retos persistentes

La territorialización podría mejorar la equidad territorial y social, optimizar el uso de recursos y reducir la morbilidad prevenible. Según el PNSR, al menos el 50 % de los recursos del sector salud se destinarán a infraestructura rural hasta 2031.

No obstante, persisten desafíos. Algunos actores se resisten a la descentralización; además, la infraestructura existente es desigual y el potencial administrativo local es limitado. Igualmente, las condiciones de trabajo son precarias, lo que contribuye a la escasez de personal humano y a la dificultad para mantenerlo en áreas remotas.

En ese sentido, Luis Jorge Hernández, director de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, sostiene que: “La formación y retención de profesionales de la salud en zonas apartadas debe pasar por incentivos estructurados y planes integrales que incluyan especialización y condiciones laborales dignas”.

La limitada cobertura tecnológica también restringe el despliegue de soluciones como la telemedicina, especialmente en áreas con conectividad nula o muy baja.

Perspectiva intersectorial

Augusto Galán, director ejecutivo de Así Vamos en Salud, destaca la relevancia de un enfoque integral: “La equidad territorial necesita políticas integrales que no solo traten el acceso a los servicios, sino también las causas sociales subyacentes”, tales como la educación, el saneamiento, el agua potable y las vías de acceso.

De igual manera, la Fundación Manos Pintadas de Azul, que encabeza brigadas sanitarias en zonas rurales, resalta el impacto de los modelos comunitarios adaptados a las circunstancias locales, pero advierte que su sostenibilidad depende del apoyo institucional y de la disponibilidad de recursos públicos.

El Índice de Salud Rural 2024 otorga un diagnóstico sólido que apoya la necesidad urgente de modificar el sistema sanitario rural en Colombia. El Plan Nacional de Salud Rural, en el contexto de la territorialización, sugiere una vía técnica y reglamentaria precisa que debe ser reforzada con compromisos sólidos a nivel local y nacional, inversión sostenida y colaboración entre sectores.

Según los informes, la superación de las brechas históricas en salud no solo requiere rediseñar la prestación de servicios, sino también garantizar que estos respondan a las características particulares de cada territorio. De esta manera, será posible avanzar hacia un modelo de salud más equitativo, accesible y pertinente para las poblaciones rurales del país.