La Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, declaró que el Ministerio de Salud incumplió las órdenes relacionadas con los tiempos máximos de espera en la atención médica.

El Auto 1174 de 2025, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, determinó que el Ministerio: “No cumplió con las actividades que él mismo planteó en los cronogramas y planes de trabajo, para definir los tiempos máximos en los cuales deben asignarse las citas de medicina especializada y realizarse los diferentes procedimientos”.

“No implementó medidas para regular e iniciar el registro que permita recaudar la información sobre el tiempo que tardan los pacientes en ser clasificados en un nivel de triage, atendidos en urgencias, asignárseles una cita especializada, realizárseles y dispensárseles procedimientos, tecnologías y medicamentos que les fueron ordenados, o asignárseles una cita de medicina y odontología general”.

La Corte reprochó que la cartera hubiera modificado unilateralmente los plazos ya avalados. Por ejemplo, la definición de tiempos máximos para asignar citas especializadas debía cumplirse en diciembre de 2023, pero fue trasladada hasta septiembre de 2025. Según el tribunal, este aplazamiento desconoce el mandato décimo sexto de la Sentencia T-760 y las órdenes de los Autos 584 de 2022 y 999 de 2023.

Retroceso en urgencias y aumento de quejas

El análisis de la Sala evidenció un deterioro progresivo en la atención en urgencias. Aunque el promedio nacional de espera para pacientes clasificados en triage II permanece por debajo del límite de 30 minutos establecido en la Resolución 5596 de 2015, las cifras muestran un retroceso: 22,38 minutos en 2020; 26,16 en 2021; 26,13 en 2022; y 24,22 en 2023.

Las demoras se agudizan en regiones específicas. En Vichada, el promedio llegó a 70 minutos en 2023, más del doble de lo permitido. Situaciones similares se reportaron en Guaviare, Bogotá, Bolívar y Norte de Santander.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que entre 2022 y 2023 recibió 619.561 quejas por demoras en citas médicas especializadas. De ellas, 540.686 correspondieron a especialidades distintas, 27.724 a medicina interna y 14.096 a cardiología.

La Defensoría del Pueblo documentó un incremento paralelo: en 2023 registró más de 18.000 quejas, de las cuales 6.000 estaban relacionadas con citas de especialistas y cerca de 3.000 con la entrega tardía de medicamentos.

Las acciones de tutela por acceso a servicios médicos también aumentaron. En 2021 representaban el 12,4 % y en 2023 ascendieron al 22,24 %.

Escasez de médicos y falencias en diagnósticos

El auto identificó causas estructurales detrás de las demoras. En Colombia existen 1,5 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes, frente al promedio de 3,5 recomendado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). La Academia Nacional de Medicina estimó en 2020 un déficit superior a 10.000 especialistas, concentrados principalmente en las ciudades capitales, lo que limita el acceso en zonas rurales y dispersas.

Acerca de los diagnósticos, la Corte advirtió que no hay información consolidada sobre tiempos de espera en procedimientos como radiografías, tomografías, endoscopias o biopsias, a pesar de que esta obligación ya había sido señalada en 2022.

Impacto en pacientes de alto costo

Las consecuencias recaen con mayor fuerza sobre quienes padecen enfermedades de alto costo. La Asociación de Pacientes de Alto Costo reportó retrasos en tratamientos de cáncer, VIH e insuficiencia renal, que incluyeron cancelación de citas, demoras en quimioterapias y entregas incompletas de medicamentos.

En su intervención, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas advirtió ante la Corte una “crisis humanitaria de la salud en Colombia”, respaldada en más de 1.6 millones de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). La organización solicitó declarar un estado de cosas inconstitucional en el sector.

Después del llamado de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud debe presentar un plan que cumpla con los tiempos máximos de atención establecidos, implementar un registro de espera en todas las etapas de la atención médica y garantizar la priorización de pacientes de alto riesgo, según lo ordena la Sentencia T-760 y los autos previos. Hasta ahora no se ha publicado un informe público que indique la ejecución efectiva de estas medidas, y persisten dificultades para los pacientes, con demoras en la asignación de citas especializadas, en la realización de procedimientos y en la entrega de medicamentos, especialmente para quienes padecen enfermedades de alto costo.

En 2025, estas dificultades se reflejan en el aumento de quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo, así como en el crecimiento de las acciones de tutela. Los pacientes de alto costo se han pronunciado a través de organizaciones.

La Cuenta de Alto Costo ha registrado un aumento de reclamaciones por la falta de acceso oportuno a tratamientos y medicamentos, mientras que la reducción del presupuesto para 2025, que pasó a $502 mil millones, ha generado alarma entre los pacientes y organizaciones, quienes solicitan al Ministerio de Salud medidas inmediatas y efectivas para garantizar la cobertura de sus necesidades y el acceso oportuno a los servicios médicos en todo el país.