El cumplimiento de la Sentencia T-460 de 2008 y el Auto 007 de 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social convocó mesas de trabajo con el propósito de definir, de manera concertada, la metodología de cálculo y el valor definitivo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2024.

La UPC es el valor anual que reconoce el sistema a las EPS por cada afiliado, con el fin de cubrir las prestaciones incluidas en el Plan de Beneficios en Salud. Su cálculo debe tener en cuenta variables como: la siniestralidad (relación entre costos asumidos e ingresos), el perfil demográfico y epidemiológico de la población, la suficiencia financiera del sistema y la disponibilidad real de recursos.

Sin embargo, según la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el proceso no cumplió con el mandato constitucional:“Pasadas las mesas ninguna de estas dos tareas se logró, claramente no se dieron acuerdos de ningún orden y menos se estableció el reajuste de la UPC 2024”.

La ACSC denunció que el Ministerio optó por consolidar un repositorio de propuestas que analizará de manera unilateral, en lugar de garantizar el consenso requerido.

Fallas en el cálculo y confiabilidad de la información

Uno de los aspectos más debatidos fue la confiabilidad de los indicadores. Para César Jiménez, director de Liquidaciones y Garantías de la ADRES: “No es confiable y, por lo tanto, no es posible calcular la UPC de la manera como se venía haciendo. Este es el debate que está acá puesto, que debería ser un escándalo y que implica que aquí la función pública entre a corregir”.

A su vez, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) reportó que el gasto de bolsillo de los hogares en salud aumentó a 16,8 % en 2024, frente al 14,2 % en 2021, acercándose al umbral de riesgo financiero del 20 % establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En paralelo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) estimó la deuda hospitalaria en $20 billones, mientras que la Contraloría General de la República la calculó en $32.9 billones. Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) situó la cifra en $30.6 billones en deudas de las EPS, producto de la insuficiencia de la UPC y del rezago en su actualización entre 2021 y 2024.

Riesgos jurídicos por incumplimiento

La falta de consensos en la definición de la metodología y del valor de la UPC 2024 abre la posibilidad de incumplimientos frente a lo ordenado por la Corte. Según la ACSC, esto podría derivar en sanciones de carácter disciplinario e incluso penal contra las autoridades competentes.

Además, el no haber cumplido la primera etapa impide avanzar en los siguientes pasos ordenados:

• La presentación conjunta de una propuesta por parte de MinSalud, MinHacienda y la ADRES.
• La definición de una metodología replicable y transparente para vigencias posteriores a 2025.

La discusión en la Mesa Técnica puso en evidencia la insuficiencia estructural de la UPC y la necesidad de construir un mecanismo de cálculo basado en información confiable y consensuada. Sin embargo:

• Lo que se hizo: se presentaron datos de siniestralidad, deudas acumuladas, gasto de bolsillo y reportes financieros. Además, los actores gremiales entregaron propuestas técnicas para mejorar la metodología.
• Lo que no se hizo: no se definió una metodología clara ni un valor ajustado de la UPC 2024, como lo exigía la Corte Constitucional.
• Por qué no hubo consensos: la discusión se fragmentó en cuestionamientos políticos y técnicos sobre la transparencia de la información y la legitimidad de los actores, lo que bloqueó la construcción de un acuerdo conjunto.