La salud mental en Colombia, además de ser un derecho prioritario, es un tema urgente. Frente al aumento de casos de ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas y suicidio, especialmente en la población juvenil, se hace evidente la necesidad de una respuesta estatal pronta y contundente mediante el establecimiento de políticas públicas que garanticen el bienestar psicosocial.

Aunque a comienzos de este año el Ministerio de Salud y Protección Social presentó un proyecto de decreto para actualizar la Política Nacional de Salud Mental (PNSM) 2024-2033 —con el propósito de garantizar el derecho a la salud mental, promover el bienestar, prevenir los trastornos mentales y ofrecer procesos de rehabilitación—, lo cierto es que los servicios en esta área han sufrido una histórica falta de financiación.

Esta deuda ha profundizado la escasez de recursos y ha fortalecido las barreras de acceso a la atención, las cuales pueden ser geográficas, financieras, administrativas, institucionales o socioculturales. El estigma, por ejemplo, se materializa en la reducción de la solicitud de atención y, de acuerdo con la Revista Colombiana de Psiquiatría, algunos pacientes manifiestan que las personas de su entorno cercano son la principal fuente de discriminación (61 %), seguidas por los medios de comunicación (43 %), supervisores o empleadores (36 %), familiares (43 %), compañeros de trabajo (43 %), profesionales de la salud (30 %) e incluso la pareja (27 %).

Determinantes sociales

La salud mental en el país está influenciada por distintos factores sociales que generan brechas entre regiones y grupos poblacionales. Según el Ministerio de Salud, las principales problemáticas son la pobreza multidimensional, la limitada disponibilidad de servicios de salud mental, las violencias interpersonales, intrafamiliares y de género, el desempleo de larga duración y los trastornos por consumo de alcohol y cannabis.

Brechas territoriales: pobreza y desempleo como detonantes

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024 la incidencia de pobreza multidimensional en el país fue del 11,5 %, lo que representa una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2023 (12,1 %). Sin embargo, esta leve mejoría podría ser vulnerable a retrocesos si no se brindan garantías de mejora en la calidad de vida de los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde se concentra la mayor afectación.

La psicóloga clínica Diony Pérez, de la Corporación Convivamos en Medellín, advierte que “la desesperanza de los jóvenes, al ver cómo sus familias tienen poco acceso a recursos para alimentarse, los desborda de miedos y activa en ellos ciertos neurotransmisores como mecanismo de defensa, haciéndolos vulnerables a vivir un sinfín de situaciones con tal de conseguir un sustento económico o emocional”.

Respecto al desempleo, las cifras de 2023 en 32 ciudades y áreas metropolitanas del país muestran que Arauca, Mocoa, Quibdó, Puerto Carreño, Ibagué, Riohacha, Florencia y San Andrés se ubicaron en el cuartil más alto de desocupación, según el Análisis de Situación de la Salud Mental con Énfasis en Determinantes Sociales, publicado por el DANE en 2024.

Entre 2019 y 2023 se diagnosticaron 375.570 casos de personas mayores de diez años con trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. De este total, los hombres representaron el 73,4 %, con un riesgo más del doble en comparación con las mujeres, según el mismo estudio. Esta vulnerabilidad de género coincide con las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: entre enero y febrero del presente año se presentaron 414 casos de suicidio en el país, de los cuales 334 fueron cometidos por hombres.

Pese a que la Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Secretaría de Salud, ha realizado más de 39.000 intervenciones psicológicas y 11.000 acciones educativas en salud mental, Pérez señala que la divulgación de estas iniciativas no ha sido efectiva. “Hemos evidenciado que muchos jóvenes no conocen con claridad los programas que ofrece la Administración, debido a que no existen mecanismos de comunicación efectivos. Por eso, muchos terminan refugiándose en el barrio, apropiándose de los problemas del entorno y viéndose afectados en su salud mental”, afirma.

Líneas de atención

La línea 123, disponible en todo el territorio nacional, cuenta con personal capacitado y está dispuesta a brindar atención para la prevención del suicidio y el fortalecimiento de la salud mental.

Desde 2021, en Medellín existen tres criterios únicos bajo los cuales se activa el Código Dorado por parte de la Alcaldía. Estos son: conducta suicida; trastornos por consumo de sustancias psicoactivas (intoxicación y síndrome de abstinencia); y trastornos mentales (episodios de psicosis y agitación). Este código puede activarse llamando a la Línea Amiga 444 44 48 o al 123.

En Bogotá, la Secretaría de Salud dispuso la Línea 106 “El poder de ser escuchado”, para brindar apoyo emocional y orientación psicológica a los ciudadanos.

Pendiente un cambio estructural y cultural

La Organización Mundial de la Salud insta a los gobiernos a asegurarse de que las personas que han tenido problemas de salud mental participen en la planificación y formulación de políticas, para que los servicios y programas respondan verdaderamente a sus necesidades.

Se precisa una articulación tanto del Estado como del sector privado para hacer frente a estos riesgos sociales. Es trascendental aunar esfuerzos que no solo busquen mejorar los indicadores de salud mental, sino también promover un cambio cultural que priorice el bienestar emocional como parte fundamental en la construcción del tejido social.

Colombia actualiza su Política Nacional de Salud Mental con enfoque territorial, diferencial e interseccional

Con la emisión del Decreto 0729 del año 2025, el Gobierno nacional tomó oficialmente la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, un plan de acción que tiene como objetivo atender de forma holística los retos en salud mental en la nación. La acción se rige por lo dictado por la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) y la Ley 1616 de 2013.

El decreto, firmado el 25 de junio, adiciona un nuevo título al Decreto 780 de 2016 (compilatorio del sector salud) y establece lineamientos claros para garantizar el derecho a la salud mental con enfoque de derechos humanos, curso de vida, género, interculturalidad, territorialidad y enfoque diferencial.

La política se articula a partir de cinco ejes estratégicos:

1. Promoción de la salud mental.
2. Prevención de problemas, trastornos mentales y epilepsia.
3. Atención integral de los trastornos mentales.
4. Rehabilitación e inclusión social./li>
5. Gobernanza y coordinación intersectorial.

Red Mixta Nacional y Territorial

Uno de los progresos más significativos es el establecimiento de la Red Mixta Nacional y Territorial en Salud Mental, organismo de gobernanza que coordinará acciones entre el Estado, la sociedad civil, universidades, organizaciones comunitarias, ONG y entidades de atención médica. Esta red se organizará en niveles nacional, regional y local, sin asumir funciones asistenciales directas, pero orientando acciones para mejorar el acceso equitativo y continuo.

Asimismo, se establecerá una Red Nacional de Salud Mental organizada funcionalmente en tres niveles: un Centro Nacional de Referencia, Centros Regionales de Referencia, y prestadores de servicios locales, públicos y privados, todos articulados a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).