Reforma en pausa: ¿cómo se conecta la crisis del sistema con el proyecto del Gobierno?

El acceso a servicios y tecnologías en salud no cubiertos por la UPC sigue siendo una deuda pendiente del sistema. Pacientes con enfermedades huérfanas, tratamientos oncológicos o condiciones de alto costo siguen enfrentando trabas, negaciones y demoras, a pesar de múltiples fallos de la Corte Constitucional que ordenan garantizar este derecho.

Aunque se han implementado estrategias como compras centralizadas, las organizaciones de pacientes denuncian que la financiación sigue siendo insuficiente, especialmente en zonas rurales y para poblaciones vulnerables. La brecha entre el mandato constitucional y la realidad en la atención persiste, planteando serias dudas sobre el cumplimiento efectivo del Estado en esta materia.

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En los últimos doce meses, la intensificación del conflicto armado en regiones como Cauca, Arauca y Nariño ha afectado gravemente el acceso a servicios de salud. La violencia, los desplazamientos forzados y las amenazas al personal sanitario han provocado el cierre de puestos de atención y un deterioro silencioso en la cobertura.

Misiones médicas han sido atacadas, las rutas de atención primaria se han interrumpido y el miedo se ha instalado entre los trabajadores de la salud. Organismos internacionales han alertado sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario, mientras comunidades enteras quedan desprotegidas ante la ausencia de garantías para la atención.

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