En 2024, Colombia experimentó una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, afectando directamente la salud física, mental y comunitaria de miles de personas. Lejos de mejorar, los primeros meses de 2025 han confirmado un agravamiento de la situación, lo que podría convertir al año actual en el peor de la última década en términos humanitarios, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)

El CICR registró 382 casos de infracción al DIH durante 2024. El 44 % de estos sucesos afectaron directamente la vida y la integridad física y mental de la población civil, mientras que el 23 % comprometieron el acceso a servicios fundamentales, entre ellos la salud.

“El sufrimiento de estas comunidades no es una consecuencia inevitable de los conflictos armados. Es el resultado directo de la falta de respeto a las normas humanitarias diseñadas precisamente para proteger a quienes no participan en las hostilidades”, advirtió Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

Durante 2025, el patrón se ha intensificado con el aumento de enfrentamientos entre actores armados, el uso extensivo de artefactos explosivos y la estigmatización de comunidades, generando consecuencias graves para la salud de la población civil.

Confinamiento y desplazamiento: barreras críticas al acceso a salud

En 2024, los confinamientos aumentaron en un 102 %, restringiendo el acceso a servicios de salud, medicamentos, agua potable y alimentos. Ese mismo año, se desplazaron 41.228 personas en 15 departamentos. En 2025, la situación ha empeorado: entre enero y mayo, 58.160 personas fueron desplazadas, y se contabilizaron 87.461 desplazamientos individuales.

Estas condiciones dificultan los tratamientos médicos, limitan los servicios sanitarios y aumentan el riesgo de enfermedades contagiosas, desnutrición y trastornos mentales, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios básicos.

Artefactos explosivos: heridas, traumas y restricción de movilidad

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El uso de artefactos explosivos ha seguido en aumento en 2025. Entre enero y mayo, 524 personas resultaron heridas o murieron por estos dispositivos, lo que representa un incremento del 145 % respecto al mismo periodo de 2024. Las zonas más afectadas fueron Cauca, Huila y Norte de Santander.

El uso de dispositivos lanzados, como drones armados e explosivos improvisados, ha restringido la movilidad, provocado confinamientos forzados y causado heridas graves, dificultando aún más la atención en salud.

Violencia contra la Misión Médica

El personal de salud sigue siendo blanco de agresiones. En 2024, el CICR documentó amenazas, robos de insumos y la prestación forzada de atención en condiciones inadecuadas, afectando a 451 trabajadores del sector. Muchos de ellos reportaron altos niveles de estrés, ansiedad y afectación emocional.

“Estos trabajadores enfrentan una triple afectación: exposición directa a la violencia, ejercicio de su labor en entornos inseguros y contacto constante con historias de sufrimiento”, señala el CICR.

En 2025, la situación se agravó: entre enero y mayo se reportaron 101 actos violentos contra la Misión Médica, un aumento del 38 % respecto al año anterior. Los hostigamientos se concentraron en Norte de Santander, Chocó y Antioquia.

En febrero de 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social denunció públicamente un atentado contra miembros de una ONG médica internacional y funcionarios de la E.S.E. Suroccidente del Cauca, a escasos metros de la entrada del hospital de campaña del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.

Según información confirmada en terreno, se trató de un artefacto explosivo de bajo poder, lanzado hacia la carpa principal del hospital. El ataque causó heridas leves a una trabajadora de la E.S.E., impactada por esquirlas del explosivo.

La zona de El Plateado ha sido escenario de enfrentamientos entre diversos grupos armados, que no han respetado la labor de la Misión Médica. En ese contexto, el Ministerio exigió “a todos los actores presentes en el territorio garantizar el libre acceso y movilización de médicos, enfermeras y demás integrantes de los equipos de salud en las zonas de conflicto armado”, con el fin de salvaguardar este derecho fundamental de la población civil.

Salud mental

La investigación Salud Mental en el Postconflicto en Colombia, liderada por la Universidad Externado y la ONG DIGNITY, reveló en 2024 que más del 30 % de la población víctima del conflicto presentaba síntomas de ansiedad, depresión o estrés postraumático. También se identificaron niveles preocupantes de ideación suicida, desconfianza institucional y debilitamiento de redes comunitarias de apoyo.

“La meta de este estudio fue generar conocimiento sobre grupos vulnerables para orientar intervenciones focalizadas”, explicó Diego Mauricio Aponte, coordinador del proyecto.

En 2025, estas afectaciones persisten y se han intensificado debido a nuevos episodios de violencia, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y las limitaciones en la atención psicosocial. Entre enero y mayo se registraron 136 desapariciones, el 79 % de ellas de civiles, incluidos 26 menores.

Condiciones carcelarias: salud en crisis

En 2025, el hacinamiento alcanzó el 28 % en los centros del INPEC y el 122 % en unidades de policía, lo que limita el acceso a servicios médicos, alimentación adecuada y condiciones mínimas de higiene.

Respuestas locales

Ante este panorama, experiencias como los Grupos solidarios para la gestión de la salud mental y la cultura de paz muestran el valor de las estrategias territoriales para fortalecer la resiliencia y el bienestar psicosocial en zonas afectadas.

El CICR reiteró que las normas del Derecho Internacional Humanitario deben respetarse sin excepción:

“La ocurrencia de amenazas, homicidios, lesiones físicas y mentales, así como el desplazamiento forzado del personal sanitario, los daños a infraestructura, vehículos, equipos e insumos, y el bloqueo de las actividades sanitarias, limitan la prestación de servicios de salud. Estas situaciones, además de ocasionar pérdida de vidas humanas y lesiones graves, deterioran la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas por la falta de atención médica oportuna”, aseguró la doctora Gina Tambini Gómez, representante de la OPS/OMS en Colombia.

Debido a este contexto, en Colombia se creó hace más de 20 años la Misión Médica como un mecanismo de protección para el personal de salud ante los ataques, mediante el uso de un emblema protector, junto con derechos, deberes y rutas de atención definidas. La Misión Médica es un pilar fundamental para garantizar la atención de personas en situaciones de conflicto armado, desastres naturales y otras emergencias humanitarias. “No hay excusas: la protección de los civiles y el cumplimiento del DIH no son opcionales”, concluyó Patrick Hamilton.