Según los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud al 30 de junio de 2025, 22 de las 23 EPS vigentes informaron sus estados financieros, con excepción de NUEVA EPS, que no reporta información desde 2022, pese a tener una participación del 31,6 % en el sistema (más de 11 millones de afiliados). Entre 2012 y 2023, el sistema acumuló pérdidas anuales entre $1 y $4.9 billones, alcanzando una pérdida operativa de $1.4 billones solo en el primer semestre de 2025.

La siniestralidad promedio es del 110,1 % y ninguna EPS cumple con las reservas técnicas. El patrimonio negativo de las EPS intervenidas suma $10.6 billones, mientras que las habilitadas registran -$900.000 millones, acumulando un total de -$11.5 billones. La Contraloría General ha advertido sobre la inviabilidad financiera del sistema, y la Corte Constitucional señaló al 30 de junio de 2025 el sector asegurador en salud enfrenta una crisis estructural y sistémica agravada por un modelo de negocio, gestión del riesgo y operación corriente que no permiten lograr cierres financieros adecuados.

La UPC, principal fuente de financiamiento, ha demostrado ser no contingente y, desde 2022, se calcula solo con base en el IPC, generando una brecha financiera estimada en $10 billones. Esto ha repercutido en el desabastecimiento de servicios, cierre de tecnologías en salud y saturación de urgencias como principal vía de atención. El déficit crónico ha generado incremento en el gasto de bolsillo, deterioro patrimonial y riesgo de colapso financiero que podría derivar en una crisis humanitaria.

Al 30 de junio de 2025, las 23 EPS vigentes que consolidaron información contable ante la Superintendencia Nacional de Salud (exceptuando a NUEVA EPS) reportaron ingresos operacionales por un valor total de $36.2 billones, con costos de producción por $36 billones. Esto arrojó un resultado bruto de $139.000 millones, con un margen neto de apenas el 0,38 %.

El sistema de aseguramiento en salud enfrenta un desequilibrio financiero crítico: aunque los ingresos lograron cubrir los costos de producción (sin incluir a NUEVA EPS), no alcanzaron para cubrir los gastos administrativos, generando una pérdida neta de $2.4 billones y un margen de -6,51 %. Estos gastos, esenciales para la gestión del riesgo y la eficiencia operativa, no deben considerarse intermediación, sino una inversión estructural en el buen funcionamiento del sistema.

A junio de 2025, el sistema mostró una pérdida contable acumulada de -$1.4 billones y un margen neto de -3,82 %, con un exceso de facturación de casi $4 por cada $100 recibidos. Las EPS acumulan pasivos por $29.6 billones, frente a activos por $18 billones, con un endeudamiento del 163,5 %. Esto indica una solvencia negativa estructural (-63,5 %), incumpliendo el Decreto 2702 de 2014 sobre reservas técnicas, lo que ha llevado a medidas de intervención y liquidación. La siniestralidad técnica fue del 99,62 % y, al incluir gastos administrativos, sube a 106,51 %, reflejando una inviabilidad económica insostenible: el sistema gasta más de lo que recibe, poniendo en riesgo su sostenibilidad.

Este comportamiento financiero es altamente preocupante, habida cuenta de que es consecuencia directa de una operación negativa entre ingresos, costos y gastos. En otras palabras, los ingresos recaudados por las aseguradoras en salud no logran cubrir los costos asociados a la facturación y prestación de servicios, y mucho menos los gastos administrativos.

Esta situación se traduce en un remanente negativo que menoscaba el patrimonio de estas empresas, impidiendo que el patrimonio técnico supere el patrimonio adecuado, lo que genera una insuficiencia patrimonial que contraviene lo establecido en el Decreto 2702 de 2014. Esta condición contribuye a la adopción de medidas posteriores por parte de las autoridades, como la intervención o la liquidación.

Se trata, por tanto, de una condición que requiere revisión urgente, dado que la demanda por servicios de salud supera ampliamente los ingresos que el sistema es capaz de generar a partir de sus fuentes y fondos previstos.

En este contexto, la siniestralidad inicial fue del 99,62 % (sin NUEVA EPS), entendida como la relación entre costos de producción e ingresos operacionales durante el primer semestre del año. Tal como lo advirtió el órgano de control fiscal, los ingresos fueron inferiores a los costos de producción. Al incorporar además el gasto administrativo, y de acuerdo con la metodología del Loss Ratio, el indicador asciende al 106,51 % (sin incluir a NUEVA EPS). Esto significa que, al 30 de junio de 2025, por cada $100 pesos de ingresos compensados, se incurrió en $106,51 de costos y gastos; es decir, un exceso de $6,51 por cada $100 pesos recibidos.

23 EPS (SIN NUEVA EPS) ESTADO DE RESULTADOS 2025

Fuente: Catalogo SNS. Formato FT001. Cálculos: Jaime A. Peláez Q. Especialista en gerencia, economía y finanzas de la salud, UPB. Infografía realizada a través de Blackbox.

Análisis del déficit estructural del aseguramiento en salud en Colombia (cifras al 30 de junio de 2025)

En el cálculo del total de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia, con corte al 30 de junio de 2025 y excluyendo los 11.548.495 afiliados de la NUEVA EPS, se obtiene un total neto de 38.487.516 afiliados. A partir del total de los ingresos reportados y dividido entre este número de afiliados, se estima un ingreso per cápita de $940.356, mientras que el costo medio per cápita asciende a $936.754.

El gasto administrativo per cápita fue de $64.857. De este compuesto se deriva un valor neto negativo de -$61.256. Al multiplicar este valor por el número de afiliados, se obtiene un déficit fiscal de aproximadamente $2.4 billones, correspondiente únicamente al primer semestre de 2025. Este valor coincide con el déficit operativo del aseguramiento, sin incluir aún los resultados financieros de la NUEVA EPS. Al integrarlos, el déficit sería considerablemente mayor.

Dichos costos corresponden a la facturación radicada por clínicas y hospitales, es decir, el valor cobrado por los servicios prestados según tarifas pactadas, frecuencias de uso, costos reales y márgenes sobre los costos incurridos.

Por su parte, el gasto administrativo representa la contraprestación lógica por la gestión del riesgo en salud, que incluye modelamientos, diseño de programas, gestión de cohortes, proyectos especializados y controles operacionales. La efectividad de estos modelos y programas es clave para lograr eficiencia en el aseguramiento.

Cuando las EPS no logran cubrir ni los costos ni los gastos operativos, esto se manifiesta en una brecha financiera negativa, reflejada en los resultados operativos y en el balance neto del ejercicio. Esta situación, contraria al principio de sostenibilidad, termina afectando el patrimonio de las entidades, deteriorando sus indicadores de permanencia y su capacidad de cumplir con el régimen de inversiones de reservas técnicas, como lo señala la Corte Constitucional.

Esta “nueva crisis” adopta un rostro tangible en los servicios de urgencias colapsados, desabastecimiento de tecnologías en salud y un crecimiento exponencial de las deudas entre EPS, prestadores, operadores logísticos y gestores farmacéuticos. Se configura así una crisis humanitaria inminente, cuyo abordaje exige una comprensión profunda del fenómeno y la construcción de soluciones concertadas, basadas en la confianza, la participación y un nuevo gran pacto social.