La crisis de salud que vive Colombia no es ajena ni paralela al proyecto de reforma impulsado por el Gobierno. Es, en buena medida, su consecuencia directa. No porque la reforma en sí misma haya fracasado —aún no ha sido implementada— sino porque el intento de avanzar sobre ella sin contar con las condiciones técnicas, financieras e institucionales necesarias ha generado un vacío estructural, un desorden operativo y una profunda inestabilidad fiscal.

El Decreto 0858 de 2025 como punto de inflexión, mediante el cual el Ministerio de Salud decidió activar elementos claves del nuevo modelo sin que el Congreso haya aprobado la reforma estructural, representa el punto de inflexión. A partir de allí, el sistema entró en una fase de transición incompleta, que combina el agotamiento del modelo de aseguramiento vigente con una implementación parcial y desfinanciada del nuevo diseño basado en atención primaria territorial.

Desde entonces, los actores del sistema operan sin reglas claras. Las EPS intervenidas continúan funcionando con incertidumbre jurídica y déficit operativo, mientras se intenta forzar la puesta en marcha de Centros de Atención Primaria (CAPS), Redes Integrales e Integradas de Servicios (RIITS) y Equipos Territoriales sin un plan financiero concreto ni una infraestructura mínima garantizada. Esto ha generado un efecto dominó sobre la red prestadora: las IPS no reciben pagos suficientes ni oportunos; los hospitales acusan déficits crecientes; y el talento humano trabaja en condiciones de alta presión, con salarios atrasados y riesgo de deserción.

El modelo que se intenta transitar exige rediseñar completamente los flujos de recursos, las funciones de los actores, los sistemas de información, los mecanismos de contratación y los marcos regulatorios. Pero nada de eso ha sido resuelto.

El decreto dejó sin definir aspectos claves como:

• Quién asume el riesgo financiero en ausencia de aseguramiento.
• Cómo se asignan y ejecutan los presupuestos máximos por territorio.
• Qué entidad regula, monitorea y responde por la continuidad de los servicios.
• Cuál es el régimen de transición y qué herramientas legales acompañan el cambio.

Crisis de liquidez y deterioro del acceso

En paralelo, la dificultad de liquidez se profundiza. Las deudas acumuladas por las EPS —intervenidas o no— superan los 32 billones de pesos, comprometiendo gravemente la operatividad del sistema. Clínicas y hospitales han reducido servicios, suspendido inversiones en tecnología e infraestructura, y pospuesto pagos al talento humano. Se han cerrado unidades de urgencias, ginecología, salud mental y pediatría. Y lo más preocupante: el acceso efectivo a la atención está deteriorándose incluso en áreas urbanas densamente pobladas.

Desfase entre la UPC y el costo real de la atención

Lo fiscal y lo técnico están directamente conectados. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) está desfasada frente al costo real de atención. Las EPS gastan en promedio un 110 % del valor de la UPC, lo cual explica parte del déficit estructural. Si se pretende desmontar este mecanismo y transitar hacia presupuestos territoriales sin haber corregido estas distorsiones, el resultado no puede ser otro que el colapso progresivo.

La reforma —concebida con principios loables como la atención preventiva, el enfoque territorial y la gestión pública— requiere condiciones mínimas para su viabilidad: planificación normativa, infraestructura instalada, interoperabilidad de sistemas, talento humano capacitado, y, sobre todo, sostenibilidad financiera. Hoy, ninguna de estas condiciones está plenamente garantizada. Se está aplicando un modelo nuevo sobre una plataforma que no ha sido actualizada y con un sistema financiero que ya estaba al límite.

La conexión entre la reforma y la crisis no es causal en el sentido simplista de que una “causó” la otra. Es más compleja: refleja el vacío que deja intentar implementar una reforma sin contar con las herramientas para hacerlo. Es una expresión del desfase entre el diseño institucional y la realidad operativa. Y es también un síntoma de lo que ocurre cuando se prioriza el voluntarismo político sobre la planificación técnica.

Por ello, entonces, creemos que esta situación no es irreversible, pero sí exige un cambio inmediato en el enfoque de implementación. Es necesario:

• Suspender la expansión normativa por decreto hasta no contar con los marcos legales aprobados.
• Activar un plan de choque fiscal, con recursos extraordinarios destinados directamente a las IPS.
• Reestructurar el calendario de transición, incluyendo indicadores de capacidad territorial, financiera y operativa.
• Modificar de manera técnica la UPC y los esquemas de financiación, incluyendo factores geográficos y epidemiológicos.
• Restablecer la gobernanza del sistema, definiendo con claridad las competencias de EPS, IPS, entes territoriales y ADRES en esta fase de transición.

Transformar el sistema de salud es urgente y necesario. Pero hacerlo sin orden, sin recursos y sin legitimidad institucional, solo profundiza las fallas del presente y pone en riesgo cualquier alternativa futura. El colapso actual no es la prueba de que el sistema anterior fracasó, ni la demostración de que el nuevo modelo no sirve. Es la consecuencia de no tener una hoja de ruta clara, realista y consensuada.

La interrupción legislativa no puede continuar siendo un ámbito de improvisación. La salud de millones de colombianos requiere precisión técnica, responsabilidad tributaria y liderazgo político que atienda, planee y edifique desde la región.