MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 323 AGOSTO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
El pasado 30 de julio de 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social firmó la Resolución 1597, un nuevo marco normativo que busca fortalecer la gestión territorial integral de la salud pública, desde la planeación hasta la evaluación de intervenciones, pasando por la vigilancia, ejecución y participación social. La norma se expide en el marco del Plan Decenal de Salud Pública y de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), y marca un paso clave en la reorganización del sistema sanitario desde los territorios.
El documento no llega en un momento neutro. Aparece en medio de la pausa legislativa de la reforma estructural a la salud y en una coyuntura de incertidumbre institucional. Mientras se discute la arquitectura del aseguramiento y del modelo de atención, esta resolución se concentra en los cimientos de la salud pública territorial, con un enfoque descentralizador y participativo.
La implementación será progresiva y con enfoque territorial, especialmente en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención. Se prevé que más de 1.100 municipios reorganicen sus redes de atención, y que las Entidades Territoriales asuman funciones de planificación y articulación. También se proyecta la apertura gradual de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la alineación de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Presupuesto General de la Nación.
La resolución complementa el Decreto 0858 de 2025, que adopta el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política nacional, reorganizando los servicios de salud y fortaleciendo el primer nivel de atención, con enfoque en promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
La Resolución 1597 reconfigura la función de los departamentos, distritos y municipios, concediéndoles responsabilidades específicas para elaborar, implementar y valorar planes de salud pública de carácter territorial, en colaboración con comunidades, sectores e instituciones. Esto incluye la gestión de intervenciones colectivas (PIC), la identificación de riesgos en salud, la atención primaria con enfoque intercultural y la garantía del derecho a la salud como bien público.
El Ministerio de Salud reconoce que los problemas estructurales —desigualdades territoriales, centralismo, fragmentación— no pueden abordarse exclusivamente desde el nivel central. Por ello, esta norma habilita a los entes territoriales a adaptar estrategias a sus realidades, pero exige también capacidad técnica, seguimiento y articulación intersectorial.
A la par de esta resolución, el Observatorio Nacional de Salud (ONS) del Instituto Nacional de Salud publicó el Informe No. 16, que recoge las voces de más de 285 personas de distintos sectores sociales en 14 regiones del país. Las mesas de diálogo participativo revelaron una comprensión amplia y profunda de la salud pública como derecho fundamental, bien común y expresión de justicia social.
Según Carlos Castañeda Orjuela, director del ONS, los diálogos permitieron “conocer las nociones sobre el territorio y la salud pública más allá del enfoque institucional”. Por su parte, Tomás Prasca, director encargado del INS, aseguró que el informe ofrece herramientas para construir políticas más inclusivas, descentralizadas y sensibles a la diversidad del país.
El informe revela que la salud pública no se reduce a la atención médica. En muchas regiones —como Caribe-Norte y Cordillera— se relaciona con identidad, espiritualidad y territorio; en otras —como Pacífico y Cafetero-Norte—, con exclusión, ausencia de infraestructura y violencia estructural.
Los principales desafíos estratégicos identificados por las comunidades se alinean con los propósitos de la Resolución 1597, pero también evidencian tensiones no resueltas entre la política y la realidad:
Adicionalmente, el reporte subraya desafíos distintivos por región, tales como la migración y el conflicto bélico en el Gran Santander y el Pacífico, o el envejecimiento acelerado en áreas como Cafetero- Norte. La salud mental se presenta como un problema de gran alcance, relacionado con la violencia, la exclusión y la ausencia de respaldo estatal.
La expedición de esta resolución puede leerse como un avance técnico necesario para consolidar una salud pública centrada en las personas, el territorio y los determinantes sociales. Pero también puede interpretarse como una respuesta política frente al vacío que ha dejado la postergación de la reforma a la salud, en un momento donde el sistema requiere señales claras de reorganización, sin caer en imposiciones.
En este contexto, tanto la norma como el informe representan un llamado a escuchar las regiones. No es suficiente con transferir responsabilidades; es necesario potenciar habilidades, asegurar fondos, garantizar capacitación de recursos humanos y, principalmente, generar confianza en la institucionalidad a través de la legitimidad social.
La Resolución 1597 y los descubrimientos del ONS no constituyen objetivos, sino indicios para una agenda de transformación. No se puede quedar en papel la descentralización de la salud pública: debe convertirse en decisiones, presupuestos y gobernanza con y desde los territorios.
Sin embargo, solo será factible si la legislación se complementa con una voluntad política y acción específica, aceptando que las respuestas verdaderas se edifican en los territorios.
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