Desde el 1.º de agosto de 2025 entraron en vigencia las nuevas tarifas del modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

La medida se implementó en un contexto de fuerte controversia y tensiones contractuales, evidenciado, entre otros hechos, por el retiro de la Fundación Santa Fe de Bogotá del sistema. Este episodio puso en relieve los desafíos estructurales de la reforma y aumentó la preocupación de los maestros por la estabilidad y calidad del servicio.

El 22 de julio, la Fundación Santa Fe anunció que no seguiría atendiendo a los profesores afiliados a la Fiduciaria La Previsora, tras la finalización del contrato el 31 de julio de 2025. La clínica explicó que la terminación del convenio obedecía a condiciones contractuales que ya no permitían continuar prestando el servicio con los estándares establecidos por la institución. “Entendemos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y les recomendamos comunicarse directamente con su aseguradora con el fin de recibir las indicaciones pertinentes”, señaló la entidad en un comunicado.

Respuesta oficial del Fomag

La reacción del Fomag fue inmediata. En un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el vicepresidente Aldo Cadena aseguró que la atención médica de los maestros estaría garantizada, incluso con la salida de prestadores como la Santa Fe: “Esto va no solamente para la clínica de Santa Fe, sino también para todos los prestadores en Bogotá y en el país. Porque mañana pueden ser otros, siguiendo la línea de la Clínica Santa Fe, con quien hemos tenido unas excelentes relaciones y esperamos continuarlas”, expresó, en un mensaje que dejó entrever que podrían presentarse más retiros.

Cadena enfatizó que el nuevo modelo permite una contratación más flexible: “Esto se termina (el 31 de julio) y nosotros garantizamos que habrá prestación de los servicios, porque nosotros continuaremos contratos con la Fundación Santa Fe o con otros, con una libertad amplia que tenemos”.

Transición forzada con vacíos operativos

El modelo aprobado por el Comité Directivo del Fomag eliminó los operadores intermediarios y delegó en la Fiduprevisora la responsabilidad directa de contratar con las IPS. Aunque el Gobierno defendió la medida como una forma de reducir la corrupción y mejorar la calidad del servicio, los problemas de implementación han sido visibles desde el comienzo.

En departamentos como Boyacá, Bolívar y Antioquia se registraron protestas por parte de docentes que denunciaron fallas en la entrega de medicamentos, demoras en agendamiento de citas y desconocimiento sobre a qué instituciones acudir. Según el propio Fomag, más del 40 % de los docentes afiliados superan los 60 años de edad, lo que los convierte en una población de alto riesgo ante interrupciones en la atención médica.

“No se quedan sin servicio. Garantizamos que habrá servicios para todos. Y ahora, con mucho más rigor, con mucho más control, con auditoría concurrente, con auditorías de calidad, porque queremos hacerlo cada día mejor”, afirmó Cadena. También añadió que los nuevos convenios estarían regidos por un tarifario estándar, y no por negociaciones individuales: “Aquí no existen reglas para la negociación”.

Implicaciones del nuevo modelo

La implementación del modelo ha sido calificada por el Gobierno como una apuesta por la eficiencia y el control directo, sin operadores financieros. Sin embargo, varios gremios de docentes han cuestionado la falta de preparación, la desorganización en la transición y la escasa socialización con los usuarios.

La Procuraduría General de la Nación, el pasado 24 de julio, abrió una investigación disciplinaria contra ocho funcionarios del Fomag y la Fiduprevisora para determinar si hubo fallas administrativas en la puesta en marcha del modelo, que pusieron en riesgo el derecho a la salud de los maestros.

Además, persiste una demanda ante el Consejo de Estado que cuestiona la legalidad de la reforma del sistema del Fomag, alegando fallas estructurales y omisión de estudios técnicos previos.

¿Qué sigue?

A pesar de los cuestionamientos, el Ejecutivo insiste en que el modelo se mantendrá: “Se terminan y comienzan nuevos contratos, solo que ahora habrá reglas para hacerlo”, afirmó Cadena, anticipando más cambios en la red prestadora de servicios.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste para miles de docentes en el país, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas o en tratamiento. El sistema está en su fase de estabilización, pero la salida de actores clave como la Fundación Santa Fe plantea una pregunta de fondo: ¿puede sostenerse un modelo de contratación directa sin una red consolidada y sin poner en riesgo la atención de una población envejecida y vulnerable?