A medida que avanza el segundo semestre de 2025, los indicadores del sistema de salud colombiano siguen mostrando signos de deterioro, tanto en lo financiero como en su capacidad operativa. Según la Contraloría General de la República, las tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios crecieron un 35 % en el último período, y las peticiones, quejas y reclamos (PQR) aumentaron un 23,2 %. El 91 % de estas quejas corresponde a barreras de acceso en servicios esenciales como consultas médicas, diagnósticos y tratamientos.

Frente a esta situación, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sostuvo: “No se trata de solo cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas en riesgo”. Y añadió: “Las vidas de millones de colombianos dependen de una reforma urgente y de soluciones estructurales que garanticen el derecho fundamental a la salud”.

Uno de los casos más representativos es el de la Nueva EPS, con 11.5 millones de afiliados, que concentra el 22 % del total de quejas. A raíz de esta situación, la Procuraduría General realizó inspecciones a esta entidad, así como a Famisanar y Sanitas, para evaluar el estado financiero y operativo. “La autoridad disciplinaria, durante su visita, solicitó a los funcionarios informes sobre el estado de las tutelas y demandas; y el estado actual de la facturación, las contrataciones, los estados financieros, la cartera y los indicadores de cumplimiento”, indicó el Ministerio Público.

Desde el punto de vista financiero, el panorama es crítico. La deuda acumulada de las EPS por servicios de salud supera los $32.9 billones. Actualmente, solo seis entidades cumplen con los requisitos de solidez financiera, cubriendo apenas al 10,9 % de los afiliados. Esto deja al 89 % de los usuarios expuestos a riesgos en caso de quiebra o intervención de sus aseguradoras.

El recurso a la vía judicial para garantizar el derecho a la salud también muestra una tendencia en ascenso. La Corte Constitucional reporta que, hasta mayo de 2025, se han radicado 125.819 tutelas, lo que representa un aumento del 52 % respecto a 2023. Esta cifra da continuidad al pico registrado en 2024, con 265.273 acciones. De mantenerse esta dinámica, el año podría cerrar con más de 300.000 tutelas en esta materia.

“La acción de tutela se convirtió en el salvavidas de cientos de colombianos a quienes se les ha negado el servicio de salud en el país”, señala un informe judicial. Entre las solicitudes más comunes se encuentran medicamentos, autorizaciones de procedimientos y atención médica oportuna.

En paralelo, desde enero de 2025, la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que el Gobierno transfiere a las EPS por cada afiliado. Según la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, el valor asignado no es suficiente y, además, el Ministerio de Salud no ha explicado con claridad el método de cálculo de la UPC. Actualmente, se desarrollan mesas técnicas para revisar y ajustar este componente clave del financiamiento.

En medio del debate, distintos sectores han presentado propuestas para una reforma estructural del sistema. Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, expresó: “Lo más urgente es que se tomen decisiones con base en datos reales y no en discursos políticos”. Desde su perspectiva, la solución requiere planificación técnica y financiación adecuada.

Yaneth Giha, presidenta de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), también hizo un llamado a la sostenibilidad: “Necesitamos decisiones consensuadas y sostenibles en el tiempo. Sin sostenibilidad financiera, no hay garantías reales para los pacientes”.

Desde el movimiento social y ciudadano, la iniciativa “Reforma a la salud con la gente” —impulsada por Pacientes Colombia, la Fundación RASA y la Alianza de Usuarios por la Salud— ha construido un documento técnico participativo. Su propósito es fortalecer el derecho a la salud con enfoque de derechos humanos y participación ciudadana. “Queremos que se nos escuche, que el modelo se construya desde la experiencia real de los pacientes”, afirmó Diana Cárdenas, exdirectora de la ADRES y vocera del colectivo.

En el plano operativo, los problemas se acentúan: demoras en pagos a prestadores, escasez de medicamentos, listas de espera prolongadas para procedimientos y el desgaste del personal de salud. Todo ello configura un sistema bajo presión constante. Como advirtió el contralor Rodríguez: “Esto no es solo un problema presupuestal, es una emergencia social”.

En conclusión, los datos y pronunciamientos revelan una crisis multisistémica que requiere atención urgente desde lo financiero, lo jurídico, lo técnico y lo humano. Aunque la discusión sobre la reforma del sistema de salud sigue abierta, tanto las cifras como las voces coinciden en un punto clave: urge avanzar hacia soluciones viables, consensuadas y sostenibles para garantizar el acceso y la calidad en la atención en salud en Colombia.