La reforma a la salud en Colombia sigue sin definirse legislativamente, mientras que el sistema enfrenta desafíos operativos y financieros que impactan a usuarios, prestadores y trabajadores del sector.

Liquidez crítica: alerta de hospitales y clínicas

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha reiterado que la situación de liquidez de las IPS públicas y privadas se ha agravado. Según su director, Juan Carlos Giraldo, la mayoría de las instituciones afiliadas atraviesan dificultades para operar con normalidad debido a la falta de flujo de recursos. “Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se esfuerzan por mantener su operación, algunas en puntos máximos de producción de servicios, sin que pueda afirmarse por ello que reciben los ingresos en la misma medida de su esfuerzo”, afirmó.

Frente a esta situación, la ACHC propuso un plan extraordinario de liquidez que incluye el uso del giro directo, la desinversión de reservas técnicas, la capitalización de EPS intervenidas y cambios regulatorios en reclamaciones del SOAT. “Estas medidas pueden ayudar a resolver la cartera antigua y evitar el empeoramiento o deterioro de la cartera corriente de las IPS”, explicó Giraldo.

Además, la entidad señaló que el Decreto 572 de 2025, que establece el pago anticipado de retenciones e impuesto de renta, podría agravar la situación de las IPS. “No tienen el flujo de caja, ni la liquidez suficiente que les permita cumplir con el pago anticipado (…) Consideramos que resulta por decir lo menos inoportuno e inequitativo que se les equipare a otros sectores”, añadió.

Pacientes: judicialización y desinformación

La falta de pagos oportunos y claridad sobre el modelo de atención también ha tenido efectos directos en los pacientes. Según Pacientes Colombia, se ha incrementado la judicialización para acceder a servicios básicos. “Las tutelas por acceso a servicios de salud volvieron a niveles del año 2018, y eso demuestra que el sistema está fallando en su función principal: garantizar la atención oportuna”, señaló su directora, Diana Cárdenas.

Las dificultades se concentran especialmente en pacientes con enfermedades de alto costo, quienes enfrentan demoras en tratamientos, entrega de medicamentos y traslados entre EPS. “Los usuarios no saben si deben seguir con la misma EPS, si habrá traslados o qué pasará con sus tratamientos. Esa incertidumbre es una carga adicional”, agregó.

Desde la Superintendencia de Salud se alertó que más del 40 % de las EPS presentan fallas en oportunidad y continuidad de atención, tanto en régimen contributivo como subsidiado. A pesar de las intervenciones, persisten las deudas y barreras de acceso.

Profesionales de salud: precarización laboral

La Asociación Colombiana Médica indicó que la inestabilidad financiera también afecta las condiciones del talento humano. Médicos y trabajadores de la salud reportan pagos retrasados, contratos inestables y sobrecarga laboral. “Esta situación deteriora la calidad del servicio y afecta la salud mental de los trabajadores”, señaló uno de sus voceros. Hospitalización domiciliaria: una alternativa desaprovechada En este contexto, distintos sectores han planteado alternativas que podrían mitigar la presión sobre el sistema, como la hospitalización domiciliaria. Adriana Patricia Forero, presidenta de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria (ACISD), destacó que esta modalidad “puede reducir reingresos, mejorar la experiencia del paciente y generar ahorros de hasta el 38 % en comparación con la atención convencional”.

Colombia cuenta con más de 2.800 IPS habilitadas para atención extramural, pero, según Forero, “falta voluntad política y un modelo de integración coherente”. Agregó que “el 70 % de los colombianos prefiere ser atendido en casa en etapas terminales”, lo que también responde a un mandato cultural y no solo financiero.

Como expresó Ivan G. Aguirre Arenas en LinkedIn, enfermero, especialista en gerencia de IPS y magíster en telesalud, “en un contexto donde los sistemas de salud enfrentan desafíos financieros y operativos, la atención domiciliaria se presenta como una alternativa costo- efectiva frente a la hospitalización tradicional. Este modelo no solo optimiza los recursos disponibles, sino que también mejora de manera significativa la experiencia del paciente, al permitirle recibir cuidados en un entorno familiar y menos invasivo. Además, reduce costos asociados a alimentación, lavandería, aseo y otros gastos indirectos presentes en los hospitales, al tiempo que disminuye la presión sobre las instalaciones y contribuye a la seguridad del paciente y a su bienestar integral”.

La baja disponibilidad de camas hospitalarias (1,7 por cada 1.000 habitantes) y la ausencia de hospitales de segundo nivel en el 60 % de los municipios refuerzan la necesidad de ampliar alternativas como esta.

¿Reforma estructural o transición por decreto?

El Decreto 0858 reorganiza el sistema en torno a un modelo territorial, con la ADRES como único gestor financiero y las RIITS como eje operativo. Sin embargo, desde gremios, se ha advertido que muchos de los cambios introducidos deberían pasar por trámite legislativo.

Es de señalar que el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que pone en marcha varios puntos clave de su reforma a la salud, incluyendo cambios en el rol de las EPS. Aunque el Ministerio de Salud dice que el decreto busca el fortalecimiento de la atención primaria y no reemplaza el trámite de la reforma en el Congreso, su contenido y el momento en el que se publica —cuando la presidencia de la Comisión que revisará la reforma la asume un opositor— muestra otra cosa.

La ausencia de una hoja de ruta clara para la reforma estructural del sistema de salud genera incertidumbre en todos los niveles. Mientras la iniciativa legislativa permanece estancada, los efectos se reflejan en las dificultades de pacientes para acceder a atención, en los hospitales con problemas de liquidez y en un talento humano sin garantías. Aunque el Gobierno ha optado por avanzar a través de decretos, los actores del sistema coinciden en la necesidad de una solución integral, consensuada y sostenible.