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La derogatoria de la resolución 189/94
¿Se avecina invasión
de residuos peligrosos?
Hernando
Guzmán Paniagua Periodista - elpulso@elhospital.org.co |
| Colombia vive la controversia
acerca de la norma que dejó sin piso la prohibición
de entrar al país residuos tóxicos peligrosos.
Aquella resolución 0809 del pasado 10 de mayo, expedida
por la entonces ministra de Ambiente, Sandra Suárez,
sin enunciar consideración alguna dice simplemente: “La
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas
en el artículo 5° de la Ley 99/93, resuelve: Artículo
1°. Derogar la resolución 189 del 15 de julio de
1994 de este ministerio, por la cual se dictan regulaciones
para impedir la introducción al territorio nacional de
residuos peligrosos”. Ante esta cirugía ambulatoria
y sin anestesia, surgieron muy variadas apreciaciones, de las
cuales presentamos algunas de las sostenidas en el panel “¿Quiere
Colombia que ingresen residuos tóxicos y peligrosos al
país?”, realizado el pasado 15 de agosto en la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. |
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Se
aclaró la norma, dice el Ministerio
Carlos Arturo Álvarez Monsalve, asesor encargado
de la dirección de desarrollo sectorial sostenible del
Ministerio de Ambiente, expuso: “Si se revisa el marco
jurídico que existía, el actual y el aplicable
al tema, la resolución 809 había perdido sus dos
componentes: el artículo 2 mediante la Ley 253/96 y el
artículo 1 mediante el decreto 4741/05. Por tanto, buscando
armonía y coherencia normativa, era necesario hacer una
derogación explícita debido a que la forma tácita
no había quedado clara. Para aprovechar algunos desechos
para el sector productivo, en materia de infraestructura estamos
en proceso de desarrollo; acometer un proceso de ingreso de
residuos peligrosos de forma irresponsable y considerando un
uso futuro no es criterio del Ministerio.
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El criterio es tener la capacidad para poder hacer la gestión.
Existen 7 categorías de residuos que son igualmente
aplicables y aprovechables, hay procesos productivos que los
pueden aprovechar como insumos y el uso debe ser demostrado
a través de un proceso de licenciamiento ambiental”.
Álvarez Monsalve sostuvo que la resolución 809
no permite la introducción de residuos tóxicos
peligrosos y recalcó que “para el Ministerio del
Ambiente es claro que Colombia no se va a convertir en un
cementerio de residuos tóxicos peligrosos; hay retos
en infraestructura y en materia técnica”.
Retroceso en política ambiental
A la posición del Ministerio, el ex ministro
de Ambiente Manuel Rodríguez, replicó: “Mediante
un lenguaje técnico y jurídico se quiere esconder
la verdad. La derogatoria supone enorme retroceso en la política
ambiental de Colombia. El gobierno nacional va pésimo
en este sentido, en los últimos 38 años no se
había visto algo igual y la derogatoria es un hecho
inaceptable para el interés público; mientras,
el Ministerio de Ambiente nos dice aquí no ha pasado
nada, no estamos mal, antes estamos mejor. Al representante
del Ministerio se le olvidó decir que la Convención
de Basilea estableció que los países pueden
prohibir parcial o totalmente la entrada de desechos peligrosos.
Además, es ilegal hacer una resolución de un
solo renglón y no motivada”. Rodríguez
cuestionó, “¿cuál era la responsabilidad
del Ministerio al saber que la resolución estaba tácitamente
derogada? La ministra Suárez falló en materia
grave porque su responsabilidad era buscar instrumentos legales
para restablecer la prohibición. Ahora la visión
del gobierno en materia ambiental es someterla a intereses
particulares. Por eso la Ley de Bosques trata sólo
de madera y no de los demás recursos, es una ley maderera
y tendrá graves consecuencias. Lo más grave
en estos asuntos en los últimos 4 años son los
grandes silencios del Minambiente, uno de ellos el de los
proyectos de nuevos puertos como los de Bahía Málaga,
Tribugá y Dibulla. El proyecto de ley de aguas favorece
ante todo a las multinacionales en perjuicio de los sectores
más vulnerables de país”.
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“Este es
un debate que no admite aplazamientos. El medio ambiente
y la salud pública no se pueden dejar en manos de
mercaderes irresponsables. Tienen que ser protegidos a toda
costa”.
Alberto Uribe C.
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Agregó que
“exministros del período 1992-2002, entre ellos
Cecilia López Montaño, José Vicente Mogollón,
Eduardo Verano de la Rosa, Juan Mayr, Eduardo Carrizosa y yo,
nos reunimos 5 horas con el nuevo ministro Juan Lozano, y le
expusimos toda la problemática ambiental del país.
Me dicen en el caso de las baterías Mack, que esta industria
tiene la tecnología apropiada para tratar esa clase de
residuos, y a un dirigente de esa empresa le dije que si eso
es cierto, me parece más condenable la decisión
del Ministerio porque en ese caso le habrían hecho un
daño a esta empresa; y si había de por medio la
familia de otro ministro y esta familia tenía una tecnología
para lidiar con unos residuos, ello tenía que ser manejado
muy transparentemente”.
No se dimensiona problema de residuos
peligrosos
En el mismo sentido, el rector de la Universidad de
Antioquia, Alberto Uribe Correa, expresó: “Este
es un debate que no admite aplazamientos. El medio ambiente
y la salud pública no se pueden dejar en manos de mercaderes
irresponsables. Tienen que ser protegidos a toda costa”.
El director de la Corporación Autónoma del Centro
de Antioquia (Corantioquia), Luis Alfonso Escobar Trujillo,
citó cifras del Ministerio de Ambiente según las
cuales Colombia genera cerca de 390.000 toneladas anuales de
residuos peligrosos industriales en la zonas industriales de
Bogotá-Soacha, Medellín-Valle de Aburrá,
Cali-Yumbo, Cartagena y Barranquilla-Soledad, 21.000 de residuos
hospitalarios y más de 25.000 galones al año de
residuos mineroenergéticos, fuera de 270 toneladas de
plaguicidas obsoletos almacenados y más de 4.500 toneladas
de suelos contaminados con ellos”. Agregó que el
país no posee un inventario de las empresas que generan
estos desechos o sea que la real dimensión del problema
no se conoce, y Colombia tiene una baja capacidad para tratar
los residuos, con apenas 170 incineradores y una capacidad instalada
nacional de apenas 18.000 toneladas/año, con uso calculado
en 50%. |
“Vivimos
en una isla mundial; no tenemos para donde ir si se contamina
el planeta”.
Germán González E.
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El doctor Escobar citó
una carta abierta elaborada conjuntamente con el subdirector
de Recursos Naturales, Luis Aníbal Sepúlveda Villada,
en la cual señala: “La contaminación producida
por la generación de residuos peligrosos industriales
y domésticos constituye el talón de Aquiles de
una civilización que ha promovido el crecimiento económico
y la industrialización como prototipos de modernización
y progreso, con grandes ineficiencias energéticas y sin
considerar los límites, las fragilidades e interrelaciones
de los ecosistemas, los recursos naturales y las organizaciones
sociales”. El memorial termina con varias propuestas para
enfrentar la situación; una de ellas dice: “Que
el Congreso de la República convoque a la exministra
Suárez para que explique y sustente la derogatoria de
la resolución 189 y el sustento técnico para hacer
viable la 1402”. Pide además que las autoridades
de control local, regional y nacional se pronuncien y tomen
decisiones pertinentes, y considera que la educación
y la información adecuada, la discusión pública
y la participación ciudadana, son la clave para establecer
controles ambientales.
Defender el medio ambiente sano
El docente investigador Gustavo Peñuela, de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia,
aportó estas cifras: “Los residuos tóxicos
peligrosos constituyen 12% de las exportaciones mundiales de
manufacturas, provenientes de EU, Europa y Japón principalmente,
con unas 400 millones de toneladas/año por valor de 1.3
billones de dólares; 30% de los componentes de pilas
domésticas son tóxicos y cada persona utiliza
en promedio 10 pilas desechables/año; de cada 400 gramos
120 son materiales tóxicos. Anotó que “producir
compuestos de mercurio, plomo, cadmio, níquel y otros
metales es más rentable que combatir la contaminación,
y la sinergia de varios contaminantes hace más difícil
el efecto y su manejo. Encima, con el TLC será mucho
mayor la importación de estas sustancias químicas”.
Sea como fuere, el momento es crucial y exige soluciones de
fondo; no es válido esperar que se venga la avalancha
de desechos peligrosos para ver cómo le hacemos el quite,
mientras los usufructuarios del caos ambiental acumulan ganancias
tratando los residuos. En el centro del problema está
nuestra propia supervivencia como seres humanos. Pasar de agache
frente a esta realidad es volver letra muerta el artículo
79 de la Constitución Política, donde se consagra
que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano” y que “la ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla”.
Como lo expresó en el panel referido el decano de la
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia, Germán González Echeverri: “Vivimos
en una isla mundial; no tenemos para donde ir si se contamina
el planeta”. La necesidad de una cruzada en pro de la transparencia
en asuntos ambientales la resumió en el mismo evento
el doctor Carlos Samuel Osorio, funcionario de la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia, al citar esta sentencia anónima:
“Triunfar o vencer puede estar o no a nuestra mano; luchar
sí”. |
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