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permanente la actual fórmula de un incremento anual
de la inflación más 2,5%, lo cual no es suficiente
para lograr cobertura total en aseguramiento en salud subsidiada;
por tanto, propuso incrementar en un punto las cotizaciones
(75% empleador y 25% trabajador) destinado a la Subcuenta
de Solidaridad del Fosyga, para recaudar $700.000 millones
anuales destinados a cubrir población vulnerable desprotegida
(según el gobierno, hoy no reciben servicios de salud
unos 5 millones de colombianos: 27% de la población).
La justificación del punto adicional parte de que según
la fórmula planteada por el gobierno para las transferencias,
los recursos son insuficientes para alcanzar cobertura universal
(que se lograría en 2010), y que en salud tendría
un costo de $55,9 billones; de éstos, $26,8 billones
proceden de las transferencias, $17 billones de otras fuentes
y quedaría un faltante de $12,1 billones: Por ello,
la medida se complementaría con un sistema de compensación
para evitar que la generación de empleo se resienta.
Si bien la fórmula propuesta para transferencias no
permite lograr atención en salud para toda la población,
el gobierno insiste en la prolongación del esquema
transitorio, porque según Carolina Rentaría,
directora de Planeación Nacional, garantiza estabilidad
y sostenibilidad de la economía y permite al gobierno
coordinar proyectos para cumplir las metas del 2019; a su
vez, el Ministro Carrasquilla reconoció que pese a
que con el régimen transitorio las transferencias han
disminuido como porcentaje del PIB, los departamentos y municipios
tienen certeza de la plata que van a recibir.
Sin embargo, los gobernadores y alcaldes se mostraron preocupados,
porque su interés era volver a la fórmula anterior,
ya que con el esquema transitorio el crecimiento es de $1,2
billones, mientras con el anterior, puede ser de $4,5 billones:
“El panorama es desalentador si contemplamos la posibilidad
de la disminución, porque generaría graves consecuencias
para el cumplimiento de competencias atribuidas a los entes
territoriales; resulta bastante osado pensar en paliativos
que puedan ayudar a disminuir el impacto en un grupo tan vulnerable
de la población”, declaró la doctora María
Teresa Forero de Saade, directora ejecutiva de la Federación
Nacional de Departamentos; ella estima que la situación
no deja de ser una paradoja, ya que mientras se clama por
mejorar los servicios de salud y aumentar su cobertura, de
otro lado llegan propuestas de disminución de las transferencias:
“Parece que entre más enfermo se encuentre el
paciente menos atención se le debe dar; si con las
exigencias de aumento de cobertura vienen medidas de reducción
de las transferencias, se perpetúa la situación
de entidades territoriales atiborradas de obligaciones y sin
recursos para atenderlas. Mientras la situación del
sistema de salud aumenta su complejidad, con la misma rapidez
la posibilidad de mejorarlo se aleja”.
Historia de las transferencias
El actual sistema de transferencias está regulado
por el Acto Legislativo 01 de 2001 que creó el Sistema
General de Participaciones y reemplazó la Ley 60 de
1991 que establecía el Situado Fiscal; ambas leyes
determinan la distribución de recursos desde el gobierno
central hacia las regiones. Desde la expedición del
Acto Legislativo 01/01, se determinaba que la vigencia para
las fórmulas de distribución de recursos sería
modificada para el año 2008, por lo que la propuesta
de modificar la ley no toma a nadie por sorpresa.
Las transferencias crecieron anualmente la inflación
más 2 puntos hasta 2005, en 2006 el crecimiento fue
inflación más 2.5, pero según la ley
a partir de 2008 el cálculo cambia y puede tener un
crecimiento similar al de los ingresos de la Nación,
lo cual hacía suponer a los entes territoriales un
incremento superior en sus recursos.
La red pública, ahora si en
la cuerda floja
La preocupación de los municipios no radica
en que se cambie la ley, sino en eliminar la posibilidad de
que a partir de 2008 el incremento se uniera al crecimiento
de los ingresos de la Nación: “El gobierno esta
apuntándole a que no volvamos a tener un crecimiento
como el que teníamos con la Ley 60, en donde si los
Ingresos Corrientes de la Nación crecían, la
transferencias lo hacían en proporción similar,
y así no tendremos el crecimiento que esperábamos”,
indicó Julio Alberto Rincón, director de Cosesam.
Pero la mayor preocupación de los municipios tiene
que ver con el futuro de la red pública hospitalaria,
pues con la transformación de recursos de oferta hacia
demanda, los hospitales cada vez tendrán menos fuentes
de financiación: ”Hay sitios donde estando toda
la población afiliada a algún régimen,
el hospital pese a ser eficiente no tiene sostenibilidad por
el volumen de personas, y mantener algunos servicios abiertos
costaría más que lo recibido por pago de venta
de servicios; esos hospitales tendrán que tener un
subsidio de oferta, pues hay lugares donde la demanda no cubriría
el costo de unas urgencias abiertas 24 horas, y sin subsidios
de oferta habría que cerrar y llegaríamos a
un problema de accesibilidad”, indicó el doctor
Rincón. Agregó que cobertura universal no significa
cubrir todos los servicios porque existe el No POS de los
subsidios parciales, servicios que tendría que prestar
la red pública, pero, ¿cómo pagarle al
hospital si al alcanzar cobertura universal se acaba el subsidio
de oferta? La fórmula muestra que de acuerdo con el
número de 'vinculados' se dan los recursos, y al no
tener vinculados, ¿de donde saldrán los recursos?
Explicó el doctor Rincón: “Por eso se planteó
que para régimen subsidiado y subsidios parciales,
había que contemplar un porcentaje para lo no POS.
Planeación Nacional dice: al aumentar los afiliados
al régimen subsidiado, se tendrán menos vinculados
y menos recursos de oferta: es una ecuación simple.
Y el dinero que se transforma al régimen subsidiado,
llegaba antes a los hospitales”.
El Congreso no le jugaría
a la disminución
La propuesta de reforma a las transferencias es un
proyecto gubernamental, pero será el Congreso de la
Republica el que decida; por esto el senador Luis Guillermo
Velez prevé una lucha entre el gobierno tratando de
equilibrar sus finanzas, y los departamentos y municipios
presionando para lograr más recursos; el senador interpreta
la posición del presidente Uribe como la búsqueda
de una norma que garantice la cobertura universal. Además,
el senador considera oportuno que la reforma sea estructural
y propone que impuestos indirectos como el IVA sean recaudados
por las regiones, para que los empleen en salud, educación
y saneamiento ambiental; y en regiones con pocos ingresos,
mirar si son viables, y mantener un fondo de solidaridad para
regiones marginales.
Por su parte, la senadora Cecilia López manifestó
que una preocupación radica en el déficit que
tiene el gobierno de casi 6% del PIB: “La reforma tributaria
no aumentará recaudos, y a su vez el TLC implicará
indemnizaciones al sector agropecuario, entre otros; por tanto,
existe un afán del gobierno por recortar las transferencias”.
Congresistas uribistas como Gabriel Zapata Correa, sostienen
que el Congreso no va a 'caminarle' a una propuesta de disminución
de las transferencias a entes territoriales, y asegura que
la bancada del partido conservador ya discutió el tema
y no le jugaría a esas condiciones: “El gobierno
ha mostrado que el gasto público tiene un déficit
cercano a los $12 billones, pero hay unanimidad en el Congreso
en que no se rebajen las transferencias, que sean equitativas
y acordes con el número de habitantes y la eficiencia
fiscal de los entes territoriales, y que incluso haya posibilidad
de crecimiento”.
Desde las barreras
Una estrategia del gobierno para disminuir la oposición
de gobernadores y alcaldes, e incluso conseguir su apoyo frente
a las transferencias, será el manejo de una agenda
política paralela con la propuesta de su reelección
inmediata. Así lo manifestó el ex senador Rodrigo
Rivera, quien agregó su preocupación por la
falta de ambición de la propuesta: “Partidos,
municipios y departamentos debemos plantear una negociación
de más autonomía a cambio de los recursos que
se van a dejar de percibir; evitar el colapso de las finanzas
del gobierno central, no quiere decir que sea a cualquier
precio”.
Por su parte, el ex ministro Juan Camilo Restrepo afirma que
el volumen total de las transferencias no debe disminuirse,
ya que sería un golpe a la descentralización
y a la inversión social; pero considera que retornar
a la fórmula que existía entre 1991 y 2001,
de que las transferencias crezcan en proporción con
los Ingresos Corrientes de la Nación es inviable por
su costo además de incorporar inestabilidad: un año
bueno pueden subir pero en uno malo pueden bajar. A su vez,
el ex ministro señaló que la propuesta de aumentar
un punto en las cotizaciones es muy gravosa para los trabajadores
y se sumaría a la lluvia de impuestos que se avecinan,
de aprobarse la reforma tributaria.
Y otro problema: detrás de las cifras y el manejo de
las transferencias se esconde el peligro que corre el proceso
de descentralización iniciado con la Constitución
de 1991, expresó el ex ministro Jaime Castro, al señalar
que lo que está en juego es la autonomía de
las regiones y al advertir que la descentralización
está en su peor momento.
Así las cosas, sigue abierto el debate sobre lo que
será el futuro de las transferencias a los entes territoriales
y la destinación que de éstas corresponderá
a salud.
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