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Dos de las iniciativas son de origen gubernamental y las
tres restantes fueron propuestas por parlamentarios. En conjunto
suman 75 artículos y 43 parágrafos que abordan
tópicos tan variados como la financiación del
régimen subsidiado, la integración vertical
de las EPS, la sostenibilidad financiera de las IPS públicas
y al final lo mismo de la vez pasada: dirección, vigilancia,
control y equilibrio de los diferentes actores del sistema.
Los proyectos del gobierno
Radicados desde el mismo 20 de julio y con mensaje
de urgencia de por medio, el gobierno, a través del
ministro de la Protección Social, Diego Palacio, presentó
dos proyectos de ley: el 001/2006 Senado, “Por el cual
se otorgan facultades extraordinarias al Presidente”,
y el 040/2006 Senado (002/2006 Cámara), “Por el
cual se hacen algunas modificaciones en el SGSSS y se dictan
otras disposiciones”.
El primero de ellos otorga facultades extraordinarias por
6 meses al presidente de la república, para expedir
normas con fuerza de ley para regular la controvertida integración
vertical de las EPS que no podrá ser superior al 50%
(en el 052 se limitaba al 30%, por lo que el aumento en el
nuevo límite se interpreta como una victoria de las
EPS). Al respecto, el ministro Palacio señaló:
“Uno de los temas que más discusiones implicó
tiene que ver con la preocupación permanente de los
prestadores de servicios de salud acerca de la posición
dominante de los aseguradores, dada su capacidad de compra
en grandes volúmenes, y el riesgo de abuso de dicha
dominancia, el cual podría acentuarse con los procesos
de integración vertical en donde las aseguradoras desarrollan
su propia infraestructura de prestación de servicios
y pueden eventualmente preferir su propia red, con criterios
de conveniencia más que de calidad o de accesibilidad
y elección de los usuarios”. El proyecto pretende
regular y controlar la integración vertical y prevenir
cualquier abuso de posición dominante, sin menoscabar
la libertad de los usuarios para elegir IPS, ni menoscabar
la gestión del riesgo por parte de las EPS. El proyecto
fue asignado a la Comisión Primera.
El segundo proyecto de ley consta de 18 artículos a
través de los cuales se reglamentan, entre otros, temas
como la ampliación de cobertura del aseguramiento,
la administración por resultados de los recursos de
salud pública, la contratación de servicios
de salud con las Empresas Sociales del Estado (ESE), el manejo
de los recursos de prestación de servicios de salud
a la población pobre en lo no cubierto con subsidios
a la demanda, el aseguramiento del alto costo y la creación
del Defensor del Usuario -una de las iniciativas más
acogida en las discusiones del 052-. El proyecto asigna las
actividades de promoción y prevención del POS-S
a las EPS del régimen subsidiado, quitando tal responsabilidad
a los entes territoriales, según establecía
el artículo 46 de la Ley 715/01. También reforma
el artículo 165 de la Ley 100, estableciendo que el
Ministerio de la Protección definirá un Plan
de Atención Básica complementario del POS.
El proyecto del senador Maloof
El proyecto 020/06 de Senado, presentado por el senador
Dieb Maloof, busca fortalecer la dirección, regulación
y supervisión del SGSSS, mejorar el flujo, la eficiencia
y uso adecuado de los recursos, el fortalecimiento del sistema
de inspección, vigilancia y control e implementación
de su descentralización, y propiciar el equilibrio
en las relaciones entre aseguradores y prestadores, entre
otros.
A diferencia del proyecto del gobierno, el del senador Maloof
limita la integración vertical de las EPS a un máximo
del 30%. Además reforma la constitución del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud -CNSSS-, dando
cabida a los pensionados, defensores del paciente, gobernadores
y alcaldes. Impone la actualización del POS por lo
menos una vez al año, exigiendo que sean definidas
en él por parte del CNSSS, las enfermedades de alto
costo cuya atención será responsabilidad de
las EPS. Asigna al gobierno la responsabilidad de establecer
una clasificación y escala salarial de los servidores
del área de la salud, expedición del manual
tarifario y sistema único de códigos de procedimientos
de salud, por debajo del cual en ningún caso se podrá
contratar la prestación de servicios. El proyecto también
crea el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control,
el Plan de Salud Pública Nacional que deberá
definirse cada 4 años e incluirse en el Plan Nacional
de Desarrollo y el Plan de Salud Colectiva en reemplazo del
Plan de Atención Básica (PAB), que será
obligatorio y gratuito. Sobre la pertinencia de su proyecto,
el senador Maloof anota: “Estoy convencido como profesional
de la salud, como estudioso del tema, como Senador de la República,
que la Ley 100/93 necesita urgentemente una reforma ambiciosa,
que permita a millones de colombianos el acceso al Sistema
de Seguridad Social en Salud en unas condiciones dignas y
adecuadas para los usuarios, por parte de los prestadores
de salud, respetando éstos la autonomía del
profesional de la salud, logrando un verdadero equilibrio
del sistema y una adecuada inspección y vigilancia”.
La Comisión de Regulación
de Salud (CRES)
El representante Jaime Restrepo Cuartas también
radicó su proyecto de ley reformatorio del SGSSS. Es
el 038/2006 y fue puesto a consideración del Congreso
el pasado 25 de julio. Su parte sustancial radica en la creación
de la Comisión de Regulación de Salud (CRES),
modificando las competencias del CNSSS, instituyéndose
la primera como una unidad administrativa especial, con personería
jurídica, independencia administrativa, técnica
y patrimonial adscrita al Ministerio de Protección
Social, y pasando a ser el segundo un órgano asesor
tanto del Ministerio como de la propia CRES.
La CRES, que se financiaría con recursos del Fosyga,
tendría entre sus 29 funciones definir los POS, el
valor de la UPC y proferir la regulación integral del
sector salud. Su autor anota: “La aplicación de
la Ley 100 ha tenido grandes debilidades, pues no ha existido
un organismo capaz de diseñar las políticas
y trazar las estrategias necesarias para que se avance en
la solución de los principales problemas de salud del
país. La actual Comisión Nacional de Seguridad
Social en Salud es un organismo demasiado grande y complejo,
con representación específica de los diferentes
organismos que tienen que ver con la organización,
aseguramiento y prestación de los servicios de salud,
que no se reúne con la suficiente periodicidad ni actúa
con la debida diligencia para pensar con seriedad en la salud
de los colombianos. Su labor está más dirigida
a defender intereses particulares de las entidades que representan
sus miembros, por lo que debería convertirse en una
comisión asesora del Ministerio de la Protección
Social y de ese modo sirviera como un instrumento de regulación
y control”.
Cobertura total en 3 años
Esa es la principal pretensión del proyecto
de ley 001/2006 Cámara, presentado por la senadora
Dilian Francisca Toro y los representantes Sandra Ceballos
y Eduardo Benítez. Para financiar los recursos que
permitan lograrlo, se propone entre otros el incremento de
la cotización de salud de 12 a 13% (9% a cargo del
empleador y 4% a cargo del empleado) en 2007; dos de esos
puntos porcentuales irían exclusivamente a régimen
subsidiado, así como entre un 5 y 10% de los recaudos
que del subsidio familiar hacen las cajas de compensación
familiar. El proyecto además contempla iniciativas
como el diseño de indicadores de gestión e impacto
en salud y bienestar para aseguradoras, municipios, departamentos,
y la actualización de por lo menos una vez al año
del Plan de Beneficios y la UPC. Al igual que el proyecto
del senador Maloof, consagra el Plan Nacional de Salud Pública,
el Plan de Salud Pública Colectiva y la fijación
del manual tarifario y el sistema único de códigos
de procedimientos de salud; pero a diferencia de aquel, limita
la integración vertical al 50%, tal como propone el
proyecto del gobierno, con el que comparte también
la creación de la figura del Defensor del Usuario.
En fin, tenemos nuevamente múltiples alternativas de
reforma al SGSSS. Esta vez se espera sea la vencida y que
gobierno nacional, el Congreso de la República, los
aseguradores, los prestadores y en general todo el sector
de la salud, logren sacar adelante el tan sufrido 'ajustico'.
Así lo exigen los aproximadamente 7 millones de compatriotas
(18% de la población) que están aún sin
ningún aseguramiento en salud.
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