Comenzó un nuevo mandato presidencial y una nueva legislatura; unido a ello, una vez más se pone sobre el tapete la discusión acerca de la necesidad de modificar la ley que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, al punto que para las primeras sesiones ya se habían presentado a consideración del Congreso de la República dos proyectos de ley, y al parecer ya van cinco presentados.
Siempre desde estas líneas hemos sostenido, que del texto de la Ley 100 de 1993 se desprende como conclusión, que el legislador en aquella oportunidad pensó seriamente en la comunidad y diseñó un sistema donde cupieran todos los habitantes del territorio nacional, les reconoció sus derechos y asignó obligaciones en ese sentido para que estos no fueran más letra muerta de la mucha existente en el país, donde cunde la legislación plagada de buenas intenciones.
No podemos olvidar que el tema de lo que hoy llamamos “integración vertical” fue permitido dentro de las discusiones que se dieron al proyecto -pues inicialmente se consideró necesario separar la actividad de los administradores de los regímenes de beneficios, de la actividad prestadora de servicios de salud- y con el argumento de defender el Seguro Social, todo motivado por la entonces presidente de esa institución.
Hoy, cuando al parecer todo el país es consciente de la necesidad de acabar con ese prestador -salvo los que en ella devengan-, es también necesario reflexionar sobre la importancia para los ciudadanos de la separación absoluta de la actividad prestadora y la aseguradora, sin porcentajes, como se pensó inicialmente, y que el proyecto de delegar en la Presidencia de la República sea para este fin.
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