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Luego del anuncio de una liquidación inminente del
ISS por parte del presidente Uribe, el Ministro de la Pro-tección
Social, Diego Palacio, anunció que tramitará
ante el Congreso de la República un proyecto de ley
solicitando atribuciones especiales para adelantar el proceso;
esto lo interpretan varios analistas como una jugada maestra
del gobierno para buscar el respaldo del Congreso a la decisión,
amparado en el apoyo incondicional del uribismo y la implementación
de la ley de bancadas, pero también como una pública
'lavada de manos', al dejar la decisión final en una
instancia diferente al ejecutivo.
“Lo primero es que el gobierno debe reconocer su equivocación
con la escisión, más cuando en su momento fue
advertido que esa no era la solución ante la crisis
del Seguro”, afirmó el representante a la Cámara
Germán Reyes: “Dijimos que los problemas eran
estructurales y que debían solucionarse, y el gobierno
no aceptó esa tesis; hoy se comprueba que nuestra tesis
era correcta. Claro que en el fondo no fracasó la fórmula
del gobierno, por cuanto su posición es hipócrita;
lo que ellos quieren es entregar el patrimonio público
al sector financiero, que las EPS compren a 'precio de huevo'
las instalaciones en las cuales los colombianos hicieron una
gran inversión. Es solidificar la integración
vertical y mientras al ISS le quitaron la prestación,
las EPS privadas luchan por obtener la prestación de
servicios, adquirir universidades, manejar el recurso humano,
los insumos y farmacias. Es el afán monopólico
de manejar todo el negocio de la salud”.
Para el representante Reyes, la crisis del Seguro es consecuencia
de la aplicación desde 1989 del Consenso de Washington:
“Entregar los recursos de la salud al sector financiero
y desmontar la prestación de los servicios del sector
público”. Otro antecedente se dio en 1993 en la
discusión de la Ley 100, cuando el entonces senador
Álvaro Uribe era contundente, en el sentido de que
había que liquidar al Seguro Social, hecho que no se
concretó debido a la oposición de sectores liberales
y conservadores pero que ahora logra llevar a cabo luego de
un proceso de liquidación paulatina, en donde la escisión
fue quitar la prestación de servicios: ”Esa era
la fórmula salvadora del ISS; así lo planteó
el gobierno y lo dijo el mismo Ministro de la Protección,
Diego Palacio, que ahora sale con que van a liquidar las ESE
y a todo el ISS. Eso demuestra una política estratégica
de liquidación”.
La posición del gobierno de entregar la infraestructura
hospitalaria a los entes municipales y departamentales, o
la defendida por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla:
venderla para recaudar fondos para la Nación, mientras
administrativamente se dividiría al ISS -nuevamente
como fórmula salvadora-, en una empresa de riesgos
profesionales, pensiones y aseguramiento en salud, para el
doctor Reyes, son pasos previos a la liquidación, y
asegura que el desbalance financiero del ISS es estructural
y obedece a la concentración del alto costo y a la
edad avanzada de los usuarios: “Los gastos de salud son
mayores al valor de la UPC, y las EPS hacen selección
adversa trasladando el mayor riesgo al ISS; por eso planteamos
fórmulas para hacer otra redistribución de pacientes”.
La senadora Cecilia López Montaño afirma que
el Seguro Social ha sido la entidad del Estado más
golpeada desde que nació, pues el gobierno nunca le
dio los dineros que le correspondían, fue un núcleo
de clientelismo y desde el debate de la Ley 100, empezó
la idea de acabar con él: “En el fondo de mucha
gente nunca estuvo la idea de sacar el Seguro adelante; y
nunca se le ha visto como lo que debe ser: la mejor EPS para
jugar un papel de regulador en el mercado. El gobierno debería
hacer un análisis serio de cómo adecuar el ISS
a las nuevas condiciones, y no ponerlo a competir con una
carga laboral tan grande, atraso tecnológico y el peso
del clientelismo”. La senadora rechaza de plano la imagen
proyectada de que el Seguro Social es el 'malo del paseo',
cuando por el contrario ha sido la víctima de una estrategia
soterrada para acabarlo; del mismo modo, cree que la escisión
fue una medida equivocada, tomada sin adecuarlo a las condiciones
de competencia y sin análisis que incluyeran la viabilidad
de las clínicas, en donde había algunas muy
buenas y otras que con pequeñas ayudas podían
ser excelentes.
Frente al anuncio de liquidación, la reacción
de la senadora fue: “¿Qué hacemos para
que el gobierno deje de tomar decisiones solo, como si estuviéramos
en una dictadura? El país debe decidir que la EPS del
Estado, con todas sus redes, sea la mejor, no sólo
para competir sino para tener un instrumento de regulación;
pero este gobierno no lo ha hecho ni ha decidido fortalecer
al Seguro, y después de cada intervención, lo
deja más herido de muerte, hasta que sea tan malo que
lo cierren todo; hay sectores en este país que quieren
acabar con el ISS. ¿Con qué autoridad moral
el gobierno reestructurará el ISS, cuando lo hizo hace
sólo 3 años, y prácticamente lo acabó?
No veo la capacidad ni la voluntad del presidente Uribe de
convertir al ISS en la EPS pública más eficiente,
menos cuando está detrás la idea de la salud
como negocio. Así no hay manera de que el ISS salga
adelante, porque en el fondo lo que quieren es quitarle la
plata y pasarla al sector privado”.
La preocupación por la situación de la entidad
incluye a senadores de la bancada uribista como Luis Guillermo
Vélez, para quien es importante mantener una entidad
pública prestadora de servicios de salud, no sólo
para atender las franjas más necesitadas de la población,
sino como regulador de mercado y como ejercicio de la función
pública, ligado a la idea de que la salud no puede
confiarse enteramente a las frías fuerzas del mercado:
“Debe mantenerse el Seguro Social; pero a imagen de lo
hecho en Telecom o la Caja Agraria, es necesario un audaz
proceso de borrón y cuenta nueva para arrancar con
una nueva institución cero kilómetros, ojalá
separando salud de pensiones; son acciones para superar esta
“catástrofe de la seguridad social”, partiendo
de definir la conveniencia de mantener el sistema dual -público
y privado- o si por el contrario el país está
dispuesto a confiar la salud, pensiones y riesgos profesionales,
al cuidado de empresas privadas”.
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