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Con el objetivo de
hacer un seguimiento a las cláusulas del contrato de
encargo fiduciario #255 entre el Ministerio de Salud y el
consorcio Fisalud, y en cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud
(Supersalud) inició el pasado 7 de mayo, una auditoría
al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud (Fosyga),a
cargo de la firma Ha-ggen Audi.
En 1997 se le practicó la primera auditoría
a la entidad y ahora se ha vuelto a contratar con el fin de
detectar cuál ha sido el desarrollo del objeto contractual,
específicamente en el manejo de las subcuentas y desde
el punto de vista del proceso de compensación, teniendo
en cuenta los procesos y soportes tecnológicos, los
sistemas de información y las pruebas de simulación.
Un segundo aspecto del proceso, abarca todo lo que tiene que
ver con el manejo de la Subcuenta ECAT (Eventos Catastróficos
y de Accidentes de Tránsito) y las reclamaciones que
se presentan, como el cumplimiento oportuno de los desembolsos,
o los controles que existen para el pago de las cuentas con
cargo al Fosyga, entre otras.
Como tercer punto de la auditoría, se pretende hacer
un seguimiento al portafolio de inversiones para analizar
cómo está constituido y cómo se maneja;
qué rentabilidad genera; en qué tipo de instituciones
está invirtiendo, a cuánto tiempo y con qué
estatutos de seguridad y políticas. Todo esto, con
miras a construir un análisis completo de los recursos
del sistema.
El procedimiento tendrá una duración de 45 días.
Finalizado este tiempo, se elaborará un informe, del
que se partirá, después de hacerle una evaluación
interna, para formular recomendaciones y tomar las decisiones
pertinentes, de las que también hacen parte acciones
de carácter legal, si es del caso.
El millonario fraude que se
evitó
A finales del mes de marzo de este año, salió
a la luz la presunta estafa de la que había sido objeto
el Fosyga, cuando, por petición del consorcio Fisalud
(administrador de los recursos del Fondo), el DAS y la Fiscalía
iniciaron una investigación sobre la legalidad de cierta
documentación que se había presentado ante la
institución.
Las investigaciones confirmaron las sospechas y mostraron
que se habían falsificado varios documentos: actas
de defunción, registros civiles, certificados de la
Fiscalía y de medicina legal, para cobrar indemnizaciones
de supuestas víctimas del terrorismo y de catástrofes
naturales.
La estafa, que se calculó en $18.000 millones, se evitó
gracias a la oportuna intervención de los organismos
reguladores y a la voz de alerta del consorcio. También
dejó entrever la necesidad de fortalecer las medidas
de control sobre la documentación que se presenta a
esta entidad, para que "el Fosyga pague lo que realmente
debe pagar", como expresó el director financiero
de la Supersalud, Buenaventura Orduy, quien además
concluyó que ese susto "sirvió para que
el Ministerio de Salud, Fisalud, el encargo fiduciario, etc.,
tengan que adoptar medidas y controles que minimicen los riesgos
que conlleven al pago irregular de reclamaciones”.
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