Los eternos conflictos que vive el ser humano entre lo que es justo y lo que es legal, lo del deber y lo del querer, y el conflicto del derecho ante la fuerza, se ven agravados por todos los que brotan por el inmenso poder conferido hoy por hoy a los mercados, como fuerza única para moldear cualquier actividad hasta hacerla potencialmente rentable. El equilibrio de lo vital puesto a disposición de las fuerzas de la oferta y la demanda, ha quedado, por ellas mismas, resquebrajado, como quedó también lo que se entendía por virtud, considerada como el impulso que genera un proceder con sentido humano. Esto hoy no vale nada.
La opción de conservar la vida sólo si se puede demostrar el derecho a unos servicios de salud, es un síntoma de feo pronóstico e indicativo de que la sociedad es capaz, por intereses económicos, de excluir a uno o muchos de sus miembros de las posibilidades de vivir, de alcanzar las oportunidades que da la vida, e incluso, paradójicamente, de pertenecer a ese mismo mercado que lo rechaza, pero que en circunstancias distintas habría peleado a brazo partido por tenerlo como cliente.
Es evidente que no es el hombre lo que le interesa al mercado y que sus derechos van en contravía de los derechos del ser humano. Pero la sociedad le ha conferido a los mercados la connotación de valor, a tal punto que empresa que no lo incluya manifiestamente en su proclama, se la considera desactualizada y desenfocada. Desde este punto de vista pudiera decirse que es la sociedad la culpable de padecer lo que está padeciendo en cuanto al desplome de sus verdaderos valores, los que enaltecen y a la vez impulsan su progreso armónico y su desarrollo conjunto.
De otro lado, cabe preguntar: ¿Es demostrable que haciendo un uso juicioso de los recursos, de la inmensa cantidad de recursos, que entre todos los colombianos ponemos en forma de impuestos directos e indirectos, tasas, aportes y demás, estos no alcancen para atender lo elemental de las contingencias que tiene el vivir? La corrupción, las prebendas y bribonadas, la indiferencia, el mal gasto y el desgreño, y en fin, toda clase de maromas y artimañas que existen, son premisas suficientes para demostrar que con lo que resta después de que se sacan esas tajadas, no se puede atender ni el 50% de la población, con un plan mínimo de salud, tal como lo estamos viendo.
La Ley 100, la ley de los mercados de salud, repartió juego y de inmediato, con mazo nuevo, los apostadores tomaron interés, adquirieron fichas y pidieron cartas. En la primera ronda se dieron los descartes y en cada giro todos esperaban ajustar su mano para mejorar su retiro, ya que en este juego, se esperaba que fuera la casa quien perdiera. Ella representa los colombianos aportantes y los que deben ser beneficiados con el contenido de lo poco, poquísimo, que dicen los textos a favor de ellos y lo mucho, muchísimo, expresado en inmensos volúmenes en contra de ellos, como restricciones y exclusiones.
No ha alcanzado el dinero puesto que gran volumen ha ido a atender los antojos y desaciertos de los directivos de Unimec, Bonsalud, Caprecom, Familias Unidas de Antioquia, Comcaja, Empresa Solidaria Rioquito, Saludcoop subsidiado, Comsalud, Eps de Caldas y otras tantas que se tambalean o ya cayeron, ante la mirada impasible de las entidades que tienen obligación de vigilar y controlar, empezando por el mismo Ministerio de Salud y la Superintendencia del ramo. Entre tanto, la obvia escasez de dinero y los inconvenientes que se generan, se resuelven desde allí mismo, legislando y resolviendo la mayoría de las veces en contra de los pacientes y de las entidades que por vocación y ley los atienden. Es el caso de los Comités Técnico Científicos, reglamentados por la resolución 5061 del 97. En la misma fecha, el Consejo Nacional de Seguridad Social expidió el acuerdo 83, por el cual se adoptó el Manual de Medicamentos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Es cierto que no existe ningún sistema que pueda conceder absolutamente todos los medicamentos que se consiguen en el mercado, y también es cierto que la terapéutica y la investigación farmacológica van más velozmente que la ley, pero no ha sido ese el problema, el asunto es otro. La existencia de estos elementos como los comités, son herramientas de la misma ley, del mismo contenido de las premisas que gobiernan los mercados y de los mismos criterios de la globalización avasalladora que ha lastimado inmisericordemente la condición humana.
Entre el mercado, la corrupción, la tolerancia, la indiferencia y con la sustitución de los valores por los negocios y el convertir estos en el sentido de la vida, se ha acabado con miles de esperanzas e ilusiones, mientras que se dicen palabras a medias sobre lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos.
Reiteramos nuestra pregunta: ¿sí será cierto que el dinero no alcanza para atender aunque sea de manera incompleta, las enfermedades de la gente? De la que tiene derecho al plan obligatorio de salud, por supuesto, porque los demás, colombianos también y por supuesto hijos de la misma patria, ya sabemos que no tienen derecho a nada.
Aun en el ambiente de mercado, en los tiempos de la globalización y con el texto de la Ley 100, seguramente no habría necesidad de la extensión y los alcances de los acuerdos y decretos que manejan las restricciones y limitaciones a la recuperación de la salud de los enfermos, si los recursos se aplicaran con honestidad.