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A pesar de sus beneficios constitucionales como minoría
étnica, población estrato Cero y de atención
prioritaria, a los indígenas colombianos se les volvió
cuestión de supervivencia la pelea por sus derechos
especiales y la conservación de su medicina tradicional,
para enfrentar el olvido, la pobreza y la violencia. Pero
esto no siempre lo hacen por la vía del derecho sino
incluso por toda clase de argucias dotadas de la mejor especie
de malicia que pareciera marcarlos culturalmente.
La tradición de aguante que han mantenido las etnias
indígenas colombianas se observa aún hoy, cuando
se han reducido al punto que sólo quedan 532.233 indígenas
en todo el país (según el DANE), amenazados
por la desnutrición y la tuberculosis, por la pobreza
y el conflicto armado. Pero amenazados sobre todo, por el
olvido de un país de mayorías que los ve de
lejos, porque son otros sus rostros, sus costumbres y su idioma;
que los utiliza cuando le son beneficiosos y que ahora ve
como se están volcando en sus grandes urbes, a causa
de la violencia que los está haciendo visibles, y donde
se han convertido en más desplazados que los desplazados.
En cuanto a su estado de salud, aunque algunas comunidades
se han unido en organizaciones que intentan preservar sus
costumbres y hacen valer sus derechos, el Estado no les ofrece
las garantías políticas suficientes para que
accedan a los servicios de salud, porque no se cumple la legislación
existente, que inicialmente con el decreto 1811 de 1990, estableció
que los indígenas tenían el derecho de acceder
a todos los servicios de salud de forma gratuita, por considerarlos
los más pobres entre los pobres.
Posteriormente con la Ley 100 de 1993, buena parte de la población
indígena empieza a hacer parte del régimen subsidiado;
otro porcentaje muy pequeño ingresa al contributivo,
constituido básicamente por los integrantes de las
asociaciones indígenas ubicadas en las ciudades y los
profesores indígenas que tienen capacidad de pago,
mientras el resto se mantienen como vinculados o se quedan
sin seguridad social en salud.
Aunque la medicina tradicional es la primera opción
cuando hay brotes de enfermedad en la gran mayoría
de comunidades, las "enfermedades de los blancos",
como ellos llaman a las que no son causadas por agentes propios,
por su mismo origen requieren ser tratadas por blancos, y
es ahí cuando acceden a la medicina occidental. Eso
pasa especialmente cuando se presenta afluencia de casos de
enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, tuberculosis,
desnutrición, cáncer de mama y cuello uterino,
y enfermedades de la piel, comunes en todos los resguardos
y asentamientos de organizaciones consultadas, y que se definen
como sus principales causas de mortalidad.
Antioquia: 50% subsidiados y 50% vinculados
Según Guillermo Tascón, vicepresidente de la
Organización Indígena de Antioquia, OIA, de
la población total de indígenas antioqueños
calculada en 22.000, solo 11.000 tienen seguridad social en
salud: el 50% de ellos están en el régimen subsidiado
y el otro 50% están como vinculados. Al contributivo
están afiliadas 40 personas. "A pesar de estar
en el régimen subsidiado que depende de recursos del
Estado y de las leyes existentes, cualquier servicio se los
están facturando. La Ley 100 los metió a todos
en el mismo costal, porque existe una total ignorancia sobre
la ley para los indígenas".
Los indígenas indican que en las IPS no se les presta
mucha atención: a veces tienen que caminar hasta tres
días y llegar al pueblo a hacer fila para ser atendidos.
En la mayoría de municipios, la calidad de la atención
depende de la capacidad de gestión del cabildo; en
Chigorodó por ejemplo, los indígenas llegan
y son atendidos directamente por urgencias y no tienen que
estar esperando ficho, pero en el Atrato Medio antioqueño
la atención es nula y no tienen acceso a medicamentos.
"Existe mucho desorden administrativo en los hospitales
e IPS, no hay personal suficiente para atendernos, y además,
los médicos y enfermeras entienden poco sus costumbres.
Hay una barrera cultural que impide el entendimiento entre
paciente y médico", afirmó Tascón.
A estos factores se suma uno de carácter interno en
algunas comunidades, relacionado con la forma como están
ejerciendo la medicina tradicional los chamanes y jaibanás.
"Creemos necesario fortalecer la medicina tradicional,
porque ya no se puede salir con la misma tranquilidad a las
cabeceras municipales y porque hemos observado que el rol
de los médicos está cambiando, algunos han perdido
el sentido de su función, se han "metalizado"
y sólo ven que su ayuda a la gente les puede representar
ingresos. En lugar de hacer bien hacen el mal, porque un jaibaná
desde la cosmovisión de los indígenas, se debe
formar sólo para hacer el bien", manifestó
el vicepresidente de la OIA.
Para Ana Isabel Cruz Gaviria, antropóloga de la Gerencia
de Asuntos Indígenas de Antioquia, el mediar en la
búsqueda de soluciones es una tarea compleja dada la
difícil situación que se vive en la ciudad,
especialmente en Medellín, adonde llegan casi permanentemente
grupos de indígenas desde otros departamentos, los
cuales también precisan atención medica en un
marco de dificultades legales y de salud: llegan indocumentados
(adultos y niños), con escasos niveles de alfabetización
y avanzados estados de desnutrición o enfermedades
respiratorias, adolecen de lugares seguros y limpios donde
alojarse o donde puedan recibir tratamiento adecuado, etc.
Como respuesta y método de defensa, muchos desisten
de recibir atención o se niegan a recibirla una vez
esta se obtiene, pues consideran que así no pueden
ejercer la mendicidad, motivo fundamental que los ha atrae
a las ciudades capitales. La solución precisa de múltiples
factores que deben estar en completa sinergia y por ello,
el compromiso de esta dependencia y otras similares es establecer
conductos regulares y efectivos de comunicación y atención
a la población indígena.
Y para Marta Lucia Arenas, jefe de Trabajo Social del Hospital
Universitario San Vicente de Paúl en Medellín,
la población nativa desconoce sus obligaciones en el
sistema de salud, porque considera que todo son derechos y
gratuidad en forma exclusiva para ellos, que todo se los deben:
Llegan a las instituciones de tercer nivel reclamando atenciones
sencillas del primer nivel; no utilizan la red de servicios
pública; se niegan a ser contrarreferidos; no pagan
ningún servicio; se desligan del hospital una vez han
recibido la atención y ello impide el seguimiento a
enfermedades agudas y crónicas; no participan en procesos
de prevención; no asisten a controles médicos;
no se conoce la destinación que le dan a los medicamentos,
pero se han tenido denuncias de que los venden; aunque muchos
no hablan español son capaces de hacerse entender solamente
para exigir derechos; no se hacen censar en su comunidad.
En síntesis, está cortada la cadena de las IPS
con ellos por falta de controles efectivos; ahora se propone
restablecer la cadena a través de la Oficina de Asuntos
Indígenas, en la cual se diga quienes, por qué
causas fueron atendidos, tratamientos brindados, fallecimientos,
manejo de los niños, etc. Los principales problemas
que demandan solución, son entonces: el tratarse de
una población que no está debidamente reconocida,
el que vengan de otros departamentos que no responden por
su atención en salud y la falta de control y seguimiento
a los procedimientos practicados dentro del hospital.
Cauca: 2.000 afiliados de 23.000
indígenas
En el Cauca existen 73 comunidades con un total de 23.700
indígenas. De ellos, 2.000 están afiliados al
régimen subsidiado, 40 al contributivo y los 21.000
restantes se encuentran sin cobertura en salud. Según
William López, asesor de la Organización Indígena
Oriba, ésta situación en parte ha sido voluntaria,
debido a que desde 1995 se opusieron a cualquier afiliación,
porque para ellos la Ley 100 desmejora los beneficios que
les brindaba el decreto 1811 de 1990. "Nos ha tocado
imponer el derecho a la salud a través de muchas tutelas,
ahora hemos decidido crear una ARS propia que dé ejemplo
de cristalinidad y honorabilidad en el manejo de los recursos",
observó.
Respecto del uso de la medicina tradicional en las tres etnias
existentes en el Cauca, los Nasas o Paeces, los Emberá
Chamí y los Wounan, ésta siempre es la primera
fuente de consulta y la que posee mayor credibilidad. La medicina
occidental sólo es utilizada cuando no se pueden curar
con la tradicional.
Tolima: menos del 50% de cobertura
Según Manuel Julicué, vicepresidente de la Asociación
de Cabildos del Consejo Regional Indígena del Tolima,
alli existen unos 65.000 indígenas en los municipios
de Planadas, Río Blanco, Coyaima, Natagaima, Ortega
y San Antonio. De ellos, 30.000 están afiliados al
régimen subsidiado, muy pocos al contributivo y el
resto son vinculados. El desempleo y la falta de ingresos
son las razones para que la mayor parte de la población
indígena no tenga cubrimiento en seguridad social en
salud y esté como vinculada.
Julicué observó que la prestación de
los servicios de salud tiene muchos problemas porque las EPS
no poseen recursos, y el fondo que según el decreto
1811 debe estar destinado a subsidiar la salud de indígenas,
no existe. "Es una ley muy bonita, pero si no existen
los recursos, nos quedamos en las mismas. Como organización,
creamos la EPS indígena Pijao y contratamos los servicios
con IPS públicas y privadas".
En el Tolima, a diferencia de la mayoría de comunidades
del país, los indígenas optan más por
la medicina occidental, aunque reconocen que el servicio no
es de calidad, porque en las IPS falta recurso humano y siempre
se queda gente sin atención.
Magdalena y Guajira: casi todos en
el régimen subsidiado
La etnia Wiwa Yuquimaium Bunkuanarrúa Tayrona, ubicada
en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el César, como
una opción ante el pésimo servicio de salud
prestado a sus integrantes, quienes se tenían que devolver
a sus resguardos sin ser atendidos, decidió crear la
EPS Dusakaiu desde 1996, para conservar la autonomía
y fortalecer el pueblo indígena. En ella se ofrecen
servicios de medicina tradicional y se acepta la medicina
occidental para tratar la tuberculosis y el cáncer
de cuello uterino (muy común entre sus mujeres), según
informó José María Martínez, coordinador
de salud de la etnia. Toda la población de los Wiwa,
4.424 indígenas, están en el régimen
subsidiado. Existen otros 54.000 afiliados, incluidos los
Wayú de la Guajira y los Chimilia de Santa Marta.
Todos subsidiados en el Meta
En el Meta existen aproximadamente 11.000 indígenas
de las etnias Sikuani, Piapoco y Sáliba, que constituyen
el 60% de la población de Puerto Gaitán, donde
residen todos. Según Fernando Encizo, quien tramita
los documentos indígenas en el municipio, la Organización
Indígena Uruma creó la EPS Tayrona, donde están
afiliados al régimen subsidiado.
Desplazados pero firmes
En Antioquia el fenómeno del desplazamiento indígena
es muy notable. Según la OIA, los indígenas
que deambulan por Medellín provienen más que
todo de Risaralda, porque la organización indígena
de ese departamento no tiene una política clara de
atención a sus comunidades. "A nosotros nos echan
la culpa por no atenderlos a todos, pero la prioridad es nuestra
población. Tratamos de que la gente no se salga de
sus territorios y si eso pasa, que se ubiquen en otra mientras
pasa el vendaval de la violencia".
En el Cauca, el conflicto armado es la principal causa de
mortalidad y se ha agudizado en los municipios de Florida,
donde viven 18 comunidades; Praderas, donde residen 4; y Jamundí,
donde otras 7 han sido las más afectadas, mientras
su territorio, según la Organización Oribá,
es utilizado por la subversión para llevar gente secuestrada.
"A los diputados del Valle los pasaron por nuestro territorio,
ahora nos encontramos entre dos fuerzas", señalaron.
Sin embargo, su política respecto del conflicto y el
desplazamiento es definitiva: para salvar la vida deben desplazarse
temporalmente, pero nunca abandonar sus territorios. "Tratamos
de meternos al monte o ir a las cabeceras municipales, pero
somos firmes en que no nos iremos de nuestras tierras",
aseguró William López.
Según Manuel Julicué, en el Tolima los indígenas
se están muriendo a causa del conflicto armado: en
los últimos seis meses han sido asesinados 200 indígenas.
"Esto ha generado desplazamientos al Huila, Bogotá
e Ibagué", indicó.
Y por su parte, reportes del Hospital de Puerto Gaitán
en el Meta, indicaron que el conflicto armado ha impedido
la llegada de las brigadas de salud a los resguardos que están
en límites con el Vichada, donde se presentan continuos
enfrentamientos. Allí el fenómeno del desplazamiento
por consiguiente no es tan fuerte. En la Sierra Nevada de
Santa Marta en cambio, se han presentado muchas muertes y
desplazamientos, y varios equipos extramurales de salud han
sido atacados por la subversión.
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