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En días pasados, como consecuencia de la liberación
por parte del ejército colombiano de Monseñor
Jorge Enrique Jiménez, obispo de Zipaquirá,
el doctor Alvaro Uribe Vélez presidente de Colombia,
manifestó la obligación de todo ciudadano de
denunciar cualquier forma de violencia contra la sociedad
civil, situación que comparto en su totalidad, pues
la historia ha demostrado que la denuncia pública,
al menos en algunos países, ha servido para resolver
situaciones violentas contra los grupos más vulnerables
de la sociedad.
En 1.930 en la ciudad de New York, la mortalidad materna alcanzó
la escandalosa cifra de 600 mujeres por 100.000 nacidos vivos,
cifra que ostentan hoy los países más pobres
de África. Como consecuencia de la denuncia y protesta
pública, se implementaron correctivos para tratar de
resolver esta grave situación y en 3 años las
cifras de mortalidad materna fueron reducidas a la mitad,
gracias a la implementación de políticas públicas
efectivas en salud sexual y reproductiva. Esta denuncia generó
voluntad política por parte de los entes rectores de
la salud publica en el país del norte.
Cumpliendo con el deber ciudadano exigido por el Sr. Presidente,
quiero hacer la denuncia de situaciones violentas que vienen
ocurriendo en el departamento de Antioquia.
Caída de indicadores
Los indicadores de salud pública materno infantil y
perinatal, muestran claramente el grado de desarrollo y las
inequidades sociales de las comunidades. A partir de 1.995,
la mortalidad materna en Antioquia pasó de 29,2 muertes
maternas por 100.000 nacidos vivos a 59 por 100.000 nacidos
vivos, según cifras oficiales de INS-MINSALUD, vol
6, N23, de diciembre de 2002 y las páginas web de la
DSSA y DANE 2001 (www.govant.gov.co y www.dane.gov.co).
Esta duplicación de la mortalidad materna es consecuencia
de la carencia de políticas en la salud pública
y de la pérdida del norte por parte de los entes rectores
de la salud en Colombia, quienes como consecuencia de la puesta
en marcha del "negocio de la salud", se dedicaron
a contratar servicios de atención al mejor postor,
negociando la prestación de los mismos con las IPS
que ofrecieran tarifas más bajas, sin importar la calidad
de la atención y sus consecuencias. Los resultados
no se hicieron esperar: altas tasas de mortalidad materna,
perinatal e infantil, embarazo en adolescentes, aborto, cáncer
ginecológico, infecciones de transmisión sexual
y sida, violencia intrafamiliar e índices peligrosamente
bajos de vacunación
Hoy somos los líderes de la inequidad contra las mujeres
y los niños: la mortalidad materna se duplicó
en 7 años; la fecundidad en las adolescentes pasó
del 17% en 1.995 a 19% en el año 2.000; el 50% de las
gestaciones en adolescentes son no deseadas y el 15% de las
muertes maternas en Colombia ocurren en este grupo de edad.
De los 400.000 abortos registrados cada año en el país,
solo el 25% llegan a instituciones de salud; hoy el aborto
es la tercera causa de muerte materna en Colombia y los grupos
más vulnerables obviamente son los más pobres,
las mujeres de más bajo nivel educativo, las ubicadas
en zonas rurales y marginadas, y las desplazadas por el conflicto
armado, en quienes las cifras de embarazo en adolescentes
alcanzan el 32%. Para las adolescentes colombianas, el embarazo
se constituye en una opción de vida para escapar de
la violencia intrafamiliar.
Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, el 47% de las mujeres unidas o casadas han sido
víctimas de violencia física por parte de su
compañero o esposo y el 61% de estas presenta una lesión;
el 15% de ellas han sido violadas por su compañero
y el 1.3% de las mujeres de Medellín han sido violadas
principalmente por conocidos.
Descuido de cánceres femeninos
Otro gran problema de salud pública es el cáncer
de cuello uterino, pues compromete gran parte de la vida reproductiva
de la mujer y además ocupa el segundo lugar en la mortalidad
general por neoplasias, antecedido por el cáncer gástrico.
En Colombia las mujeres inician la vida sexual cada vez mas
precozmente, circunstancia que explica el descubrimiento de
cáncer de cuello uterino en muchas mujeres menores
de 25 años; además, este tipo de neoplasia está
asociado a comportamientos sexuales de riesgo. No se explica
entonces, porque en el plan de acción presentado por
Minsalud para este cuatrienio, se excluyeron las mujeres menores
de 25 años en las políticas públicas
para detección temprana de cáncer de cuello
uterino y el cáncer de mama no existe para los planificadores
de la salud.
Remisión de neonatos "barata"
Para rematar esta oleada de violencia en esta "Antioquia
Nueva", vemos con profunda preocupación la nueva
modalidad de remisión para niños prematuros,
de muy bajo peso o extremadamente graves desde remotas poblaciones
del departamento. Desde Caucasia, Puerto Berrío y Chigorodó,
han sido remitidos al servicio de neonatos del Hospital Universitario
San Vicente de Paúl, recién nacidos con pesos
de 1.500 y 780 gramos en una "ponchera".
Seguramente esta nueva modalidad de remisión disminuye
los costos y aumenta los dividendos a un sistema que antepone
la rentabilidad económica a la salud y la vida del
futuro de Colombia.
Es urgente la atención compleja
a tiempo
Según expertos en salud sexual y reproductiva, existen
cuatro retrasos responsables de la muerte en mujeres embarazadas:
Las mujeres no reconocen los signos de peligro como consecuencia
de la falta de educación y la falta de acceso y baja
calidad del control prenatal.
- Las mujeres no deciden buscar atención por las
mismas causas.
- Las mujeres no tienen acceso a los servicios de atención.
- Las mujeres no reciben atención con calidad.
En Antioquia estos cuatro retrasos están claramente
presentes en nuestro sistema de atención, como consecuencia
de la carencia de políticas públicas en salud
sexual y reproductiva y de un modelo de atención basado
en niveles de complejidad. Las mujeres embarazadas vinculadas
al sistema, léase desvinculadas, y las beneficiarias
del Sisben, son atendidas de preferencia en los niveles 1
y 2 del sistema, independientemente de la complejidad de su
estado.
Hasta el más insensible de los funcionarios públicos,
está en la obligación de reconocer que en estos
niveles no existe ni el personal capacitado, ni el trabajo
interdisciplinario ni el apoyo logístico necesario,
para atender mujeres gestantes con complicaciones médicas
de alta complejidad.
Las pacientes cardiópatas, las diabéticas, las
que presentan parto prematuro y quienes presentan isoinmunización
por factor Rh ó presentan abortos complicados, no deben
ser atendidas en centros donde no existen los recursos necesarios;
además, es violatorio de los derechos humanos obligar
a mujeres gravemente enfermas a suplicar atención en
hospitales de segundo nivel como viene sucediendo actualmente
en la ciudad de Medellín. Mientras tanto, hospitales
de tercero y cuarto nivel como el Universitario San Vicente
de Paúl y el Hospital General en Medellín, presentan
índices ocupacionales mínimos en sus servicios
de obstetricia y se ven obligados a disminuir dramáticamente
el número de camas destinadas a la atención
de mujeres gravemente enfermas.
No sobra recordar la suerte corrida por hospitales como el
San Juan de Dios en Bogotá, el Hospital de Apartadó
y el San Vicente de Paúl del municipio de Caldas (Antioquia)
y muchos otros más, principalmente públicos
y universitarios, ante la indiferencia infame de los responsables
de la salud de los colombianos.
¿Será esta la suerte que desean los modernos
administradores de la salud para el Hospital Universitario
San Vicente de Paúl y el Hospital General de Medellín?
Bueno, pensarán ellos, solo serían dos más
en la larga lista de hospitales públicos y universitarios
cerrados o reducidos a su más mínima expresión;
además, las afectadas serían simplemente pobres
mujeres embarazadas gravemente enfermas ó adolescentes
embarazadas de zonas rurales y marginadas, y los desplazados
ó recién nacidos con un futuro incierto. Obviamente
los costos al sistema de salud se reducirían ostensiblemente
y se contribuiría a reducir eficazmente el número
de pobres en Colombia y no pasará nada, pues los médicos,
testigos de este drama, ya no tenemos liderazgo, hace años
lo perdimos. Nuestras opiniones no pesan en un sistema de
salud manejado sólo con criterios económicos
de costo-efectividad y rentabilidad económica.
Hoy, los médicos estamos dedicados a vender a precio
irrisorio nuestra mano de obra a un sistema perverso, a trabajar
cada día más para morir cada vez más
jóvenes y más pobres. A otros, la desesperanza
los llevó a abstenerse de opinar, y muchos, tristemente
olvidaron el significado de la palabra dignidad.
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