MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 7    NO 91   ABRIL DEL AÑO 2006    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

La seguridad alimentaria:
perdida en los listados
Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co
Una de los consecuencias graves que podía traer la negociación del sector agrícola colombiano en el TLC, era la incidencia directa sobre la seguridad y soberanía alimentaria del país (El Pulso No.87, diciembre 2005). El Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en evento realizado ante empresarios de Medellín para presentar los resultados de las negociaciones, manifestó una nueva visión para el campo colombiano, que va en contra de los conceptos alimentarios: “Hay un viraje de visión para el sector agropecuario en el cual este gobierno cree: enfocarnos en productos que tienen ventajas comparativas para exportar y que generan
mano de obra. El horizonte del sector agropecuario tiene que ser hacia los mercados de exportación, porque con la recuperación de hectáreas de agricultura lícita que ha logrado el gobierno del presidente Uribe, aumenta la producción de alimentos, y a esa mayor producción hay que buscarle mercados; si no los encontramos todo se vuelca al mercado doméstico, y habría un colapso en precios que afectaría a los productores del campo”.
Buscar mercados exteriores que garanticen mayores ingresos y no dejar los excedentes en el país porque moverían los precios de los productos agrícolas hacia abajo, resulta contrario frente a los conceptos de seguridad alimentaria, los cuales referencian que no es sólo la disponibilidad de alimentos (la hay, porque existen excedentes), sino la capacidad de la población para adquirirlos; ésta se podría mejorar si se permite exactamente lo que el gobierno quiere impedir: la reducción de los precios internos.
Dentro de los logros en el TLC, el ministro Arias destacó el acceso al mercado norteamericano en sectores como los carnicos, lácteos, tabaco, frutas, hortalizas, etc, que adicionalmente generarían más empleo que los sectores perjudicados con el tratado. Además, señaló las posibilidades de los productores de caña y palma africana con la elaboración de biocombustibles como el etanol y biodiesel, renglones importantes cuando Estados Unidos cambie su política energética a combustibles biológicos. En cuanto a las barreras fitosanitarias, obstáculos más fuertes que los mismos aranceles de ingreso a los Estados Unidos, el ministro señaló como se estableció un mecanismo con la figura de un representante primario en cada país, con la responsabilidad de recibir las preocupaciones por bloqueos a los productores y coordinar las agencias que manejan estas medidas.
Frente a los sectores que el gobierno ha llamado eufemísticamente “sensibles” y otros simplemente “perdedores”, el ministro Arias calificó su situación como producto de las distorsiones en patrones de consumo, o por los enormes subsidios en los Estados Unidos; para los casos específicos del arroz y la industria avícola se establecieron algunas protecciones, pero adicionalmente se desarrollaría el programa “Agro Ingreso Seguro”, destinado a apoyar unos sectores para competir con las distorsiones o subsidios que se dan en Estados Unidos, habilitar recursos para mejorar tecnologías e infraestructura y para fortalecer el sistema sanitario, clave para poder llegar a los mercados externos. Los recursos de este programa serían $500.000 millones anuales, y su aprobación se someterá en proyecto de ley a la próxima legislatura del Congreso de la República. Este proyecto le había sido presentado el presidente Uribe por el senador Luis Guillermo Vélez (quien considera baja la cifra), como un mecanismo para reconversión agrícola, iniciativa normal después de un proceso de desintegración de aduanas o de reducción de aranceles.
 
“Todos perdemos, ellos ganan”
Quienes se han opuesto a la negociación del TLC han argumentado distintos elementos, que parten incluso del manejo de la soberanía nacional; el senador Jorge Robledo indica como el proceso consistió permanentemente en ceder del lado colombiano e imponer del norteamericano, hasta suscribir el tratado que desde el primer día Estados Unidos había decidido; pero además, las pérdidas colombianas pueden ser grandes en todos los sectores agropecuarios e industriales, considerando el aumento de la importación al doble que las exportaciones, como lo han dicho las cifras oficiales. El senador sostiene que el aire de tranquilidad que se ha sentido en el país se debe a la actitud del gobierno de minimizar los efectos: “No es sólo el arroz y el pollo los perjudicados; es todo el sector agropecuario el que pierde. Han ocultado las pérdidas industriales y minimizado la pérdida de soberanía nacional; este tratado en el fondo es una especie de norma constitucional que no podremos modificar. A los norteamericanos se les da igualdad de condiciones legales que a los ciudadanos colombianos, y se les otorga el privilegio de tribunales de arbitramiento privados e internacionales para resolver los conflictos que tengan en Colombia, aplicando figuras como la expropiación indirecta que permite a un inversionista demandar al Estado colombiano si no le sale el negocio como estaba es sus cálculos, situación que modifica nuestro ordenamiento jurídico”.
En salud, el senador Robledo tampoco ve un futuro esperanzador: “Estados Unidos avanzó en los tiempos de propiedad intelectual con la protección de los datos de prueba, debido a que los 5 años concedidos significa que para los nuevos medicamentos -en la práctica- las patentes se prolongan en 5 años: 20 de la patente y 5 extras de los datos de prueba, pasando a 25 años de monopolio; la organización Panamericana de la Salud estima que esta situación puede costarle a los colombianos 940 millones de dólares al año. Hay que considerar también que el anunciado ingreso de genéricos norteamericanos a Colombia es una afirmación que contiene una mentira, ya que hoy está permitido sin necesidad de TLC; pero suponiendo que el tratado aumente la presencia de genéricos de los Estados Unidos, además de golpear nuestra industria farmacéutica nos costarán caros; recordemos como son conocidos los viajes de ancianos norteamericanos pasando en buses la frontera con Canadá, buscando medicamentos genéricos que no consiguen en los Estados Unidos, porque son demasiados costosos y de mala calidad”.
Pero los aspectos más perniciosos del TLC, según el senador Robledo, es que volverá imposible de revertir la política de privatización existente en el sistema de salud actual, que potencialmente sería una decisión soberana de los colombianos; con el TLC, sería imposible regresar a la concepción de intervención directa del Estado, porque habría que pedir permiso a los norteamericanos para modificar la norma. El otro elemento que atenta contra el sistema de salud se genera en la coyuntura del tratado: “En la medida que se pierda empleo -y las pérdidas serán enormes- se golpea la salud porque esa gente tendrá menos cobertura, la pobreza golpeará la prevención, se deteriorará aún más la nutrición de los colombianos y todo ejercerá mayores cargas para el Estado, al tener más gente saliendo del régimen contributivo y pasando al subsidiado -si están de buenas- o quedando en la nada”, concluyó el senador Robledo.
 
 
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