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La seguridad
alimentaria:
perdida en los listados
Juan
Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co |
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Una de los consecuencias graves que podía traer la negociación
del sector agrícola colombiano en el TLC, era la incidencia
directa sobre la seguridad y soberanía alimentaria del
país (El Pulso No.87, diciembre 2005). El Ministro de
Agricultura, Andrés Felipe Arias, en evento realizado
ante empresarios de Medellín para presentar los resultados
de las negociaciones, manifestó una nueva visión
para el campo colombiano, que va en contra de los conceptos
alimentarios: Hay un viraje de visión para el sector
agropecuario en el cual este gobierno cree: enfocarnos en productos
que tienen ventajas comparativas para exportar y que generan
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mano
de obra. El horizonte del sector agropecuario tiene que ser
hacia los mercados de exportación, porque con la recuperación
de hectáreas de agricultura lícita que ha logrado
el gobierno del presidente Uribe, aumenta la producción
de alimentos, y a esa mayor producción hay que buscarle
mercados; si no los encontramos todo se vuelca al mercado doméstico,
y habría un colapso en precios que afectaría a
los productores del campo.
Buscar mercados exteriores que garanticen mayores ingresos y
no dejar los excedentes en el país porque moverían
los precios de los productos agrícolas hacia abajo, resulta
contrario frente a los conceptos de seguridad alimentaria, los
cuales referencian que no es sólo la disponibilidad de
alimentos (la hay, porque existen excedentes), sino la capacidad
de la población para adquirirlos; ésta se podría
mejorar si se permite exactamente lo que el gobierno quiere
impedir: la reducción de los precios internos.
Dentro de los logros en el TLC, el ministro Arias destacó
el acceso al mercado norteamericano en sectores como los carnicos,
lácteos, tabaco, frutas, hortalizas, etc, que adicionalmente
generarían más empleo que los sectores perjudicados
con el tratado. Además, señaló las posibilidades
de los productores de caña y palma africana con la elaboración
de biocombustibles como el etanol y biodiesel, renglones importantes
cuando Estados Unidos cambie su política energética
a combustibles biológicos. En cuanto a las barreras fitosanitarias,
obstáculos más fuertes que los mismos aranceles
de ingreso a los Estados Unidos, el ministro señaló
como se estableció un mecanismo con la figura de un representante
primario en cada país, con la responsabilidad de recibir
las preocupaciones por bloqueos a los productores y coordinar
las agencias que manejan estas medidas.
Frente a los sectores que el gobierno ha llamado eufemísticamente
sensibles y otros simplemente perdedores,
el ministro Arias calificó su situación como producto
de las distorsiones en patrones de consumo, o por los enormes
subsidios en los Estados Unidos; para los casos específicos
del arroz y la industria avícola se establecieron algunas
protecciones, pero adicionalmente se desarrollaría el
programa Agro Ingreso Seguro, destinado a apoyar
unos sectores para competir con las distorsiones o subsidios
que se dan en Estados Unidos, habilitar recursos para mejorar
tecnologías e infraestructura y para fortalecer el sistema
sanitario, clave para poder llegar a los mercados externos.
Los recursos de este programa serían $500.000 millones
anuales, y su aprobación se someterá en proyecto
de ley a la próxima legislatura del Congreso de la República.
Este proyecto le había sido presentado el presidente
Uribe por el senador Luis Guillermo Vélez (quien considera
baja la cifra), como un mecanismo para reconversión agrícola,
iniciativa normal después de un proceso de desintegración
de aduanas o de reducción de aranceles. |
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Todos perdemos, ellos
ganan
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Quienes
se han opuesto a la negociación del TLC han argumentado
distintos elementos, que parten incluso del manejo de la soberanía
nacional; el senador Jorge Robledo indica como el proceso consistió
permanentemente en ceder del lado colombiano e imponer del norteamericano,
hasta suscribir el tratado que desde el primer día Estados
Unidos había decidido; pero además, las pérdidas
colombianas pueden ser grandes en todos los sectores agropecuarios
e industriales, considerando el aumento de la importación
al doble que las exportaciones, como lo han dicho las cifras
oficiales. El senador sostiene que el aire de tranquilidad que
se ha sentido en el país se debe a la actitud del gobierno
de minimizar los efectos: No es sólo el arroz y
el pollo los perjudicados; es todo el sector agropecuario el
que pierde. Han ocultado las pérdidas industriales y
minimizado la pérdida de soberanía nacional; este
tratado en el fondo es una especie de norma constitucional que
no podremos modificar. A los norteamericanos se les da igualdad
de condiciones legales que a los ciudadanos colombianos, y se
les otorga el privilegio de tribunales de arbitramiento privados
e internacionales para resolver los conflictos que tengan en
Colombia, aplicando figuras como la expropiación indirecta
que permite a un inversionista demandar al Estado colombiano
si no le sale el negocio como estaba es sus cálculos,
situación que modifica nuestro ordenamiento jurídico.
En salud, el senador Robledo tampoco ve un futuro esperanzador:
Estados Unidos avanzó en los tiempos de propiedad
intelectual con la protección de los datos de prueba,
debido a que los 5 años concedidos significa que para
los nuevos medicamentos -en la práctica- las patentes
se prolongan en 5 años: 20 de la patente y 5 extras de
los datos de prueba, pasando a 25 años de monopolio;
la organización Panamericana de la Salud estima que esta
situación puede costarle a los colombianos 940 millones
de dólares al año. Hay que considerar también
que el anunciado ingreso de genéricos norteamericanos
a Colombia es una afirmación que contiene una mentira,
ya que hoy está permitido sin necesidad de TLC; pero
suponiendo que el tratado aumente la presencia de genéricos
de los Estados Unidos, además de golpear nuestra industria
farmacéutica nos costarán caros; recordemos como
son conocidos los viajes de ancianos norteamericanos pasando
en buses la frontera con Canadá, buscando medicamentos
genéricos que no consiguen en los Estados Unidos, porque
son demasiados costosos y de mala calidad.
Pero los aspectos más perniciosos del TLC, según
el senador Robledo, es que volverá imposible de revertir
la política de privatización existente en el sistema
de salud actual, que potencialmente sería una decisión
soberana de los colombianos; con el TLC, sería imposible
regresar a la concepción de intervención directa
del Estado, porque habría que pedir permiso a los norteamericanos
para modificar la norma. El otro elemento que atenta contra
el sistema de salud se genera en la coyuntura del tratado: En
la medida que se pierda empleo -y las pérdidas serán
enormes- se golpea la salud porque esa gente tendrá menos
cobertura, la pobreza golpeará la prevención,
se deteriorará aún más la nutrición
de los colombianos y todo ejercerá mayores cargas para
el Estado, al tener más gente saliendo del régimen
contributivo y pasando al subsidiado -si están de buenas-
o quedando en la nada, concluyó el senador Robledo. |
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