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TLC y medicamentos:
la verdad sobre el cierre
Germán
Holguín Zamorano - Director Misión Salud - elpulso@elhospital.org.co |
En Misión
Salud y las instituciones de la Alianza por la Defensa de la
Salud -a quienes el autor de este artículo representó,
desde el cuarto de al lado, durante los 22 meses
de negociaciones de la mesa de propiedad intelectual- no somos
enemigos del TLC, siempre que se construya sobre los principios
de justicia y equidad. Lo que rechazamos es que se haya negociado
la salud de los colombianos a cambio de ventajas comerciales.
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La
noche en que se anunció el cierre registramos los logros
alcanzados por el presidente Uribe en su visita a Washington.
El convino con la USTR que Colombia dejará "constancia
unilateral" de que EU y Colombia interpretan que la mención
que se hace en el tratado de "patentes de métodos
de usos" no implica que Colombia tenga que otorgar "patentes
de métodos de uso" (?) ni patentes de segundos usos
ni patentes de métodos médicos.
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También
una "constancia unilateral" de que la figura del agotamiento
del derecho de protección de datos, que impide la protección
de sustancias viejas, regirá en Colombia
aunque el tratado no lo diga expresamente. Igualmente convino
que Colombia y EU dejarán una constancia, esta sí
"conjunta", de que se respeta la potestad del Estado
colombiano de tomar las medidas que estime necesarias para proteger
la salud pública, tanto bajo el régimen de patentes
como bajo el sistema de protección de datos. No obstante
lo anterior, y otras pocas interpretaciones de textos ambiguos,
estimamos que la decisión del gobierno de cerrar propiedad
intelectual sobre la base del formato peruano es equivocada,
dado que éste contiene numerosos estándares de
propiedad intelectual superiores a los de la OMC, como el alargamiento
de las patentes para compensar demoras de la oficina de patentes
y la oficina sanitaria, la protección exclusiva de los
datos de prueba y el linkage, los cuales fueron concebidos por
las multinacionales farmacéuticas para restringir el
acceso a medicamentos genéricos económicos, que
en Colombia cuestan, en promedio, 4 veces menos que los productos
de marcas internacionales y abastecen cerca del 70% del mercado
nacional.
Un estudio reciente de la OMS-OPS concluye que un capítulo
de propiedad intelectual con estándares equivalentes
a los que acaba de conceder Colombia a las grandes farmacéuticas
de EU, ocasionará un incremento del gasto en salud que
en poco tiempo llegará a 940 millones de dólares
anuales, lo que podrá dejar sin acceso a medicamentos
a varios millones de colombianos. En sida, por ejemplo, el TLC
podría privar de antirretrovirales a 4.400 pacientes
anuales, los cuales quedarían condenados a morir en un
lapso promedio de 5 años. Estudios de la Universidad
Nacional sobre Bogotá y del Ministerio de Salud del Perú
sobre dicho país coinciden, guardadas proporciones, con
las conclusiones de la OMS-OPS.
No pretendimos nunca que se negociara un tratado sin capítulo
de propiedad intelectual, pues siempre fuimos conscientes de
que éste es un tema prioritario para los EU. Nuestra
sugerencia hasta el último día fue que se defendieran
las contrapropuestas de los tres países andinos sobre
los temas sensibles, las cuales fueron diseñadas por
el equipo colombiano con la asesoría de 3 expertos internacionales
y funcionarios especializados del Ministerio de la Protección
Social. Un acuerdo fundamentado en tales postulados habría
logrado un sano equilibrio entre los intereses de la industria
y el bien general.
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No es válido el
argumento del Ministro de la Protección Social de que
no importa haber cedido a las pretensiones de EU porque el
riesgo de pérdida de acceso a medicamentos se compensará
a través de la universalización del sistema
de salud en los próximos dos años, pues ello
no corresponde a la realidad fiscal del país.
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Nuestra
presencia en Washington y en la reunión realizada allá,
bajo la conducción del presidente Uribe, entre la USTR
y el gobierno colombiano, no puede interpretarse como un respaldo
nuestro a la decisión de adherir al capítulo de
propiedad intelectual del TLC peruano, sino al deseo de acompañar
al señor Presidente, por reiterada invitación
suya, en su propósito de lograr algunas interpretaciones
de los estadounidenses en temas puntuales, como en efecto ocurrió.
Infortunadamente estos logros, a pesar de ser necesarios, no
eliminan el riesgo de privar del acceso a los medicamentos y
los servicios de salud a millones de compatriotas.
Advertimos a la ciudadanía que al adherir Colombia a
los textos peruanos, que EU no permitió tocar ni siquiera
para aclarar las expresiones que serán objeto de constancias,
compartiremos con Perú la vergüenza de ser los dos
países que más concesiones han hecho en el continente
americano a las grandes farmacéuticas estadounidenses.
En este panorama, el TLC será un instrumento de drama
y sufrimiento.
No es válido el argumento del Ministro de la Protección
Social de que no importa haber cedido a las pretensiones de
EU porque el riesgo de pérdida de acceso a medicamentos
se compensará a través de la universalización
del sistema de salud en los próximos dos años,
pues ello no corresponde a la realidad fiscal del país.
Planeación Nacional ha advertido que la reducción
o eliminación de los aranceles que pagaba EU generará
una disminución de los recaudos cercana a 600 millones
de dólares anuales, al menos en el corto plazo. Por esto
el Ministro de Hacienda ha declarado que él "no
tiene la menor idea de dónde van a salir los 500 millones
de dólares necesarios para subsidiar a los perdedores
del sector agropecuario" (Portafolio, 23.02.06 p. 6). ¿Sabe
alguien de dónde van a salir los 940 millones de dólares
del aumento del gasto en salud? Sería injusto imponer
esta carga a todos los colombianos para tapar el error del gobierno
de haber negociado mal el delicado tema de los medicamentos.
Tampoco es válido el argumento de que el impacto sobre
la salud se amortiguará mediante reglamentaciones internas
del tratado, pues la cláusula de anulación y menoscabo
y la figura de la expropiación indirecta lo impedirán,
al menos que se trate de disposiciones facultativas y se cuente
con la aquiescencia de EU. En caso contrario, el Estado colombiano
quedaría expuesto a demandas multimillonarias del imperio
y sus multinacionales.
No es cierto, pues, que el cierre del capítulo de propiedad
intelectual haya sido beneficioso para el país, como
lo ha venido repitiendo el gobierno desde el 17 de febrero.
A la ciudadanía hay que decirle la verdad. En el capítulo
de propiedad intelectual no hubo negociación sino adhesión.
Con su cierre el sector salud se convirtió en el gran
perdedor del TLC. El gobierno pasó por alto, deliberadamente,
que el acceso a medicamentos con capacidad para aliviar el dolor
y salvar vidas no es legítimamente cambiable por ventajas
comerciales. ¡La salud y la vida son prioridades no negociables!
Bogotá, 28 de febrero de 2006 |
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