MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 219  DICIEMBRE DEL AÑO 2016    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Falencias de Supersalud afectan la integridad de los usuarios
Mónica María Vásquez Arroyave, Periodista .elpulso@fundacionsanvicente.com
La falta de una real vigilancia, supervisión y control a las instituciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, es señalada como una de las razones que generan fallas en el sistema de salud.
Si bien la misión de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) le apunta a la protección de los derechos de los usuarios a partir de la supervisión, vigilancia y control a las instituciones de salud del país, existen cuestionamientos de los actores del sistema acerca de su gestión. Lo preocupante es que plantean que dichos vacíos por parte de la entidad son la causa de muchas de las problemáticas que afronta en la actualidad el sistema de salud.

Muchas de las instituciones de salud han cerrado servicios debido a la falta de flujos de caja para mantener los pagos oportunos a los trabajadores.

“No solo ha sido un sector supremamente débil en el manejo de los recursos que se le han entregado para mejorar la capacidad de investigación y control de la Superintendencia Nacional de Salud, sino que ha sido alcahueta con las EPS: interviene tarde y no tiene mecanismos de presión”, sostiene Germán Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana Seccional Antioquia (Asmedas).
En opinión del directivo, Supersalud no se pone del lado de los usuarios, los hospitales y los trabajadores de la salud, los más afectados y tampoco defiende al prestador directo del servicio, bien sea público o privado, a pesar de estar concebida para ese fin.
“Por el contrario se pone del lado de las EPS, y así es muy complicado. No sacamos nada con darle muchos recursos y nombrar mucho personal en Supersalud si esta apoya el negocio y a los negociantes de la salud”, advierte Reyes Forero.
Álvaro Cardona Saldarriaga, exdecano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, coincide en que esa concepción de mercado hace que el sistema de salud adolezca y presente dificultades para lograr una óptima calidad de la atención.
“Hay otro aspecto de la calidad que no está contemplado por la normatividad, relacionado con modelos de atención en otra perspectiva de la concepción del sistema de salud, porque dentro del modelo de mercado actual no caben muchas posibilidades de prácticas más colectivas y participantes, que vinculen a todos los actores en ese proceso, y se vuelven muy individuales de cara a lo que cada persona pueda hacer desde su respectiva institución”, asegura el médico y Doctor en Salud Pública.
Para el Presidente de Asmedas, Supersalud podría tener una capacidad preventiva y sancionatoria real, y “para hacerlo deben defender las instituciones prestadoras del servicio de salud contra los grandes capitales que manejan las EPS que se apropiaron de los recursos, lo que se encuentra establecido en la sentencia 313 de la Corte Constitucional, por lo que el problema se convierte en un tema político”, afirma.
Consecuencias
Para Juan Manuel Sierra Jones, director general del Hospital Universitario San Vicente Fundación, la falta de inspección, vigilancia y control por parte del ente encargado, trae como consecuencia una afectación al usuario final, dado que, si una entidad está en funcionamiento, los usuarios asisten con la confianza de que ha sido vigilada, pero se pueden presentar situaciones como las ocurridas en las clínicas de garaje donde, al no cumplir con los requisitos, exponen la vida de los pacientes.
Como respuesta a la aparición de víctimas se hacen los cierres de las instituciones de salud responsables lo que, en palabras de Sierra Jones, debería ser prevenible, aunque existe el agravante de que se esconden detrás de salas de belleza y centros de estética, entre otros lugares que no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para su operación.
Precisa que la normatividad establecida reza que cuando se vaya a abrir una institución que posea servicios de urgencias y de alta complejidad debe tener, por lo menos, una visita previa de habilitación realizada por la Dirección Seccional de Salud, por delegación del Ministerio de Salud. El inconveniente, para él, radica en que la Dirección Seccional de Salud no cuenta con la capacidad ni el personal suficiente para asegurar que las visitas se hagan con la periodicidad establecida.
“Esa es una de las condiciones que debe ser solventada por la Seccional, quien tiene que garantizar que todas las instituciones que estén prestando los servicios de salud mantengan los niveles declarados, tanto de los servicios que se tienen abiertos como de los que están cerrados”, menciona.
Álvaro Cardona concluye que el mejoramiento de la calidad es un conjunto de normatividades que apuntan en la dirección correcta de tratar de garantizar un buen servicio desde el punto de vista técnico y científico.
 
 
Medidas preventivas
Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud, ha manifestado que Supersalud gestiona las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información de los usuarios y, por medio de un canal especializado, se tramitan las denuncias que denotan un riesgo para la vida o la integridad de los pacientes por parte de aseguradores o prestadores. “Del despliegue de estas actividades misionales surgen eventos críticos en los cuales las acciones a las que se hace referencia no resultan suficientes para proteger a los usuarios”, apunta.
Es así como, a inicios de este año, la entidad adoptó, por primera vez, medidas preventivas para que las entidades prestadoras de servicios de salud cumplan las normas que regulan el sector, a partir de lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1438 de 2011, donde se faculta al Superintendente Nacional de Salud para ordenarles a las entidades vigiladas, a través de una medida cautelar, la suspensión provisional de las acciones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los pacientes. Hasta el último semestre de 2016, Supersalud ha ordenado cerca de 511 medidas cautelares contra 19 aseguradores, tres prestadores y una Entidad Territorial.
 
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