Desequilibrio normativo en exigencias de habilitación a EPS e IPS Habilitación de EPS: para salvar aquellas en aprietos Juan Carlos Arboleda Z.- Periodista elpulso@elhospital.org.co Entre buena parte de los actores del sistema de salud se concluye que el decreto 2702 del 23 de diciembre de 2014, que actualiza y unifica las condiciones financieras y de solvencia de entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud, con nuevos requisitos para su habilitación, tiene la intención de salvar a las EPS en aprietos, en contravía del propósito del gobierno de depurar su cantidad. Esto se puede afirmar porque los indicadores que reveló Supersalud de patrimonio mínimo, margen de solvencia y margen patrimonial en aseguradoras de ambos regímenes, muestran un deterioro craso expresado incluso en un control de advertencia de la Contraloría en junio de 2014, y que evidencia como trimestre tras trimestre desde 2010 en el subsidiado y desde fines de 2011 en el contributivo, hay cifras negativas en el enfoque global de estos márgenes y patrimonios. La Contraloría hizo un llamado de atención a los ministerios de Hacienda y Salud y a Supersalud, en el sentido de que había un problema sistemático con un agravamiento de los indicadores financieros, siendo poco lo hecho por las carteras para solucionarlo, lo cual podía llevar a una debacle del sistema de salud. Y citó las enormes deudas de la intermediación financiera con los prestadores. Según reporte de Supersalud a septiembre de 2014, las cifras mostraban que de 24 EPS del régimen contributivo 7 incumplían márgenes de solvencia y patrimonio mínimo, 5 más incumplían alguno de los dos indicadores, 3 no reportaron información y solo 9 cumplen ambos requisitos: solo el 38% de las EPS. Y en el subsidiado únicamente 7 cumplían los márgenes de solvencia y patrimonio mínimo (un escaso 15%), 20 incumplían ambos indicadores, 10 fallaban en el patrimonio y 11 no reportaron. Sin embargo frente a este panorama, parece que la respuesta del gobierno es otorgar 7 años para que las EPS cuestionadas se recuperen, y más con el oxígeno que les trae la resolución 5925 que fijó en la UPC para 2015 un incremento del 6.06% en ambos regímenes en promedio, cifra muy por encima del IPC causado a 31 de diciembre, porcentaje que difícilmente se trasladará a los prestadores ya que en negociaciones de nuevos contratos la posición de la mayoría de aseguradoras es mantener tarifas de 2014. Según Supersalud a septiembre de 2014, de 24 EPS del régimen contributivo 7 incumplían márgenes de solvencia y patrimonio mínimo, 5 incumplían uno de los dos indicadores, 3 no reportaron y 9 cumplen ambos requisitos: solo 38%. Y en el subsidiado solo 7 cumplían márgenes de solvencia y patrimonio mínimo (un 15%), 20 incumplían ambos indicadores, 10 fallaban en patrimonio y 11 no reportaron. La directora de Acesi, Olga Lucia Zuluaga, considera que si bien el decreto desde el punto de vista de requerimientos a las EPS en manejo contable de las cuentas era una necesidad del sector y una de las grandes debilidades que permitieron que no existan verdaderas reservas para el pago de deudas con prestadores y proveedores, la presente es una medida demasiado laxa para entidades que no cumplen sus responsabilidades en el sector: “Nuestro temor es que su equilibrio financiero lo empiecen a lograr a costa de disminuir tarifas, dilatar autorizaciones e incrementar su apalancamiento financiero con prácticas cada vez más frecuentes como glosas y descuentos irregulares a los valores pactados en los contratos. Es demasiado tiempo: mientras que los prestadores públicos que tienen una cartera cada vez más creciente tienen que demostrar equilibrio financiero en un año con los planes de saneamiento fiscal y financiero, o de lo contrario el Ministerio de Hacienda envía a las ESE a la Supersalud para su intervención o liquidación”. La voz de las EPS Sin muchas declaraciones frente al decreto, las EPS se han mostrado relativamente conformes, ya que consideran que faltan otros componentes para garantizar su solvencia. La doctora Elisa Torrenegra de GestarSalud, gremio de aseguradoras del subsidiado, manifestó a W Radio que las EPS en general, y especialmente las del subsidiado, vienen en un proceso de mejoramiento en servicios y no les resulta extraño que el gobierno quiera hacer exigencias financieras, frente a lo cual en principio se está de acuerdo, pero aclaró: “Estamos de acuerdo con que nos hagan exigencias, pero el gobierno tiene que ser consistente con el pago de las deudas que dejaron alcaldes que hicieron cosas que no debían y que están pendientes en un 40% de la deuda aceptada por los municipios; además tienen que respondernos por el pago del No-POS, que en nuestro caso no depende del Fosyga sino de los departamentos, y ellos manifiestan no tener plata para pagar. Entonces estamos en toda la disposición de seguir garantizando a los afiliados en igualdad de condiciones los servicios, pero también exigimos que se nos cumpla a cabalidad con la solución de un pasado que dejó muchas inconformidades y nos tiene con unas relaciones con los prestadores muy distantes y tirantes; ellos son la cara nuestra ante nuestros afiliados, entonces pedimos consistencia con un pasado que dejó muchos conflictos y desconfianza, y muchas dudas en la prestación de servicios a los usuarios”. El doctor Jaime Arias, director de Acemi, manifestó también a La W que el decreto trae unos ajustes estructurales adoptados por el gobierno vía decreto, en vez de hacer una reforma a través del Congreso lo que considera habría sido fatal, y que vienen a sumarse a la ampliación del POS, la unificación de la UPC para los dos regímenes y la movilidad de las personas. “La habilitación son las reglas del juego y las condiciones de operación hacia el futuro de las EPS y que venimos pidiendo hace rato, y se refiere a lo que llaman los técnicos el margen de solvencia, las reservas técnicas, el patrimonio mínimo que debe tener una EPS y las condiciones técnicas y operativas. Lo interesante es que se van unificando los dos regímenes y ya no habrá más régimen contributivo y subsidiado, y EPS de uno y del otro, se va seguramente a disminuir el número de aseguradoras y deberán salir las malas o las EPS débiles financieramente; hoy son más de 60, y tendremos unas 20 o 30 buenas en ambos regímenes, y todo esto redondea un poco lo que se propuso el Ministerio de Salud de tener reformas muy importantes que no necesitan ir al Congreso”. Como asegura la doctora Zuluaga, es muy complicado pensar que pasará a futuro, y más cuando las Empresas Sociales del Estado (ESE) observan un panorama muy oscuro, y las medidas para las EPS versus las medidas del Ministerio de Hacienda para los hospitales, presentan asimetrías tan grandes, contrario a lo expresado públicamente por el presidente Juan Manuel Santos, de querer fortalecer la red pública hospitalaria. Agregó: “Vemos una crónica de muchas liquidaciones anunciadas para nuestros hospitales, y no es coherente que a nosotros se nos evalúe por recaudo, cuando el mismo Ministerio de Salud conoce que se está recaudando en promedio el 52% de lo facturado, y por el otro lado no existan medidas que sancionen estas prácticas de no pago”. A lo anterior se debe sumar que aún no existe claridad de quién responderá por las deudas de las EPS liquidadas y que nunca lograron los márgenes de solvencia ni de capital que ordenaba desde 2007 el decreto 574, aunque si fueron autorizadas para funcionar por el mismo gobierno sin cumplir con los requisitos mínimos, ¡qué tan real será entonces la aplicación del 2702!6   Más información... 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