El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud -SOGCS- es un caso fehaciente de cooptación del Estado por los intereses privados. Esto ocurre cuando un agente particular usufructúa con descaro un servicio público esencial como es la salud, con la tolerancia del estamento gubernamental. En especial, la habilitación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y de Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), uno de los cuatro componentes de esa normatividad, muestra este síndrome. La sola habilitación, es claro ejemplo de inequidad e injusticia en el trato que da el Estado a los prestadores y a las aseguradoras: a éstas con guante de seda, a aquellos con guante de hierro.
El germen de esta disfunción no es atribuible a una disposición reciente, proviene de la filosofía del modelo económico y político colombiano, y del sistema de salud amparado en la Ley 100 de 1993 y en sus remiendos jurídicos. Así, el decreto 1011 de 2006, fiel al espíritu de la norma primigenia, consagró un cúmulo de obligaciones y requisitos para las IPS, en nada menos que 20 artículos (del 7 al 26 - Capítulo II) y 7 parágrafos, a cuál de todos más exigente, mientras que para las EAPB establecía apenas 5 artículos (del 27 al 31), de una vaguedad e imprecisión asombrosas.
El decreto iba más lejos: otorgaba la habilitación a las EPS “por un término indefinido” (artículo 30); como quien dice, un cheque en blanco para que hiciesen y deshiciesen, y a fe que lo hicieron efectivo. En 2007 se intentó endurecer las obligaciones y condiciones financieras a las EPS, con reservas y garantías para el funcionamiento como verdaderas aseguradoras de la salud, con el decreto 574; pero fue tanta la presión de las EPS y de su gremio que consiguieron su derogación y reemplazo por el 1698, un decreto que les dio 7 años de plazo (hasta 2014) para cumplir los mínimos de calidad en indicadores financieros, y tampoco lo cumplieron en su totalidad…
Según Supersalud, a noviembre de 2014 en el régimen contributivo reportan 17 EPS y 9 cumplen aparentemente los dos indicadores de patrimonio mínimo y margen de solvencia, mientras las otras 8 no cumplen. Y en el régimen subsidiado es peor: solo los cumplen 6 EPS de 33. De esta situación se desprenden consecuencias muy graves, como que el 53% de los afiliados del régimen contributivo están en EPS que cumplen dichos indicadores, pero el 47%, una cifra bastante importante, están en EPS que no los cumplen; y en el régimen subsidiado, el 35% de la población está afiliada en EPS que cumplen y el restante 65% está en entidades que no los cumplen. ¿Qué garantías pueden ofrecer entonces como aseguradoras las EPS que no cumplen mínimos de margen de solvencia, reservas técnicas y patrimonio mínimo?
Pero siendo tan palpable la inequidad frente a la rigurosidad en las exigencias a las IPS, el Ministerio de Salud expidió a fines de 2014 el decreto 2702 de habilitación a las EPS, prometido hace años, que trata de apagar un incendio de más de 20 años y escasamente se ocupa de la solvencia financiera y del patrimonio mínimo de las EPS, dejando intacta la inequidad consagrada de tiempo atrás y presumiendo que la irresponsabilidad histórica de algunas de ellas es sólo un problema de plata. Más aún: considera que buena parte de las EPS tienen dificultades para cumplir esas condiciones mínimas de habilitación y les da 7 años de plazo a ver si esta vez los cumplen…
Ahora veremos que como tienen un plazo de 7 años para cumplir esos mínimos de calidad, las EPS seguirán incumpliendo pagos y plazos de pago a los prestadores, porque ya se ha visto como no ha habido una norma lo suficientemente rigurosa que las obligue a honrar sus deudas de manera oportuna ni que las sancione cuando no las pagan o las glosan o les aplican todos los descuentos del mundo, en abuso de su posición dominante.
También veremos cómo las EPS se seguirán apalancando en los prestadores y en los usuarios, para conseguir los ahorros y recursos necesarios para ir cumpliendo esos mínimos parciales a lo largo de estos 7 años, con las prácticas ya usuales, que pueden golpear fuertemente a estos actores del sistema, también sin exponerse a ninguna sanción por ello.
Entretanto, la resolución 2003 de 2014 aprieta más los nudos al cordel que ahorca a los pobres hospitales y clínicas del país, públicos y privados, con miles de requisitos de habilitación, algunos prácticamente incumplibles.
Como si fuera poco, la reiterada indisciplina de muchas EPS en sus pagos a la red hospitalaria, a más de ahogarla y sacarla del mercado, la deja sin cómo cumplir los onerosos requisitos de habilitación, en materia de infraestructura, talento humano, dotación, etc., exigencias que se asimilan a veces a los estándares máximos exigidos para la acreditación. Juzguen los lectores quiénes son los responsables de la cuestionada inequidad y los usufructuarios de esta ejemplar ley del embudo.