MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 181  OCTUBRE DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Hospitales públicos buscan no ahogarse
en plan de saneamiento financiero


¿Qué pasará con 540
hospitales públicos en riesgo
financiero medio y alto?

Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

Grandes cuestionamientos y mucha preocupación generó la propuesta del gobierno nacional de mejorar el desempeño de los hospitales públicos mediante la adopción de reglas de ajuste fiscal a través de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), por cuanto con su metodología y resultados esperados se conseguiría la solvencia financiera pero se provocaría la insolvencia social de los hospitales públicos colombianos.
Desde las Empresas Sociales del Estado -ESE- y sus agremiaciones, lo mismo que desde los municipios y departamentos -involucrados en la concurrencia para sacar los hospitales de sus dificultades económicas-, se critica esta medida reduccionista de solución a la crisis hospitalaria a planes de saneamiento fiscal y financiero, porque desconoce que la gestión deficiente de los hospitales no obedece sólo a sus costos administrativos y operativos, sino también a importantes factores externos y del entorno del sector salud, como la falta de pago por sus servicios que aumenta su cartera y asfixia sus finanzas, y el ineficiente e insuficiente flujo de recursos que los deja sin capacidad de maniobra, impide cualquier tipo de administración y en cambio sí amenaza su supervivencia. Además, los PSFF encierran la amenaza de que ante su incumplimiento, los hospitales públicos corren el riesgo de ser intervenidos, fusionados o liquidados. La Ley 1438/11 estableció que los hospitales públicos desarrollarían programas de saneamiento fiscal y financiero: para ello, lo primero era categorizar los hospitales según su nivel de riesgo, considerando el mercado, el comportamiento financiero y los
servicios de salud; según la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), ese indicador quedó mal construido, porque sólo se consideró la parte financiera. Luego en la reglamentación de esa norma, la resolución 2509 de 2012 que categorizó el riesgo por primera vez, dejó en el país a 403 hospitales (el 41%) en riesgo medio o alto; y este año la resolución 1877 que hizo una nueva categorización, dejó en riesgo medio o alto en el país a 540 hospitales públicos. Este resultado es una amenaza de gran magnitud, porque deja expuestos más del 40% de los hospitales públicos del país, al riesgo de la liquidación.
Según la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación de Empresas Sociales de Estado e IPS Públicas -Acesi-, al menos en la mitad de estos hospitales aunque su facturación es rentable, su recaudo efectivo en 2012 no alcanzó a cubrir sus compromisos de gasto, pues en promedio de cada $100 facturados, solo recaudaron $61. Por ello indicaron la inconveniencia de que el gobierno aplique a los hospitales el programa de ajuste fiscal que aplica hace una década a entes territoriales, para que ajusten sus gastos a lo que recaudan por venta de servicios, pues esta solución pasa por ajustar la oferta de servicios del hospital a su comunidad.
Agregan que esa respuesta basada en reducción de servicios de salud o de acceso a los hospitales no es una solución de fondo, porque corresponde al Estado garantizar que las EPS le paguen a los hospitales los servicios que les prestan y la recuperación de la cartera que les adeudan. De ahí que cuestionen: ¿Cuáles son las medidas efectivas tomadas por las autoridades de control en salud del gobierno, para que los deudores de la red pública hospitalaria cancelen los más de $4 billones que les adeudan? Y si los municipios honraron sus deudas con el régimen subsidiado, ¿por qué no se obliga a las EPS a hacer lo mismo con la deuda que tienen con los hospitales?
Además, de lograrse el equilibrio financiero basado en recorte de servicios, se provocaría insolvencia social, que pondría en duda la política social en salud. Y no se puede olvidar que la Corte Constitucional ratificó la necesidad de garantía de resultados sociales de los hospitales públicos, por encima de la renta económica, en la Sentencia C-540 de 2001.
Por todo lo anterior, hay un llamado nacional a que el gobierno revise esa solución infortunada que no corregiría el problema de fondo.
 
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