Reivindicar principios del Estado de Derecho Sandra Patricia Parra García - Periodista elpulso@elhospital.org.co En carta al ministro Mauricio Santa María (junio 10/11), los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia manifestaron su desconcierto frente a la posición del Ministerio ante la voluntad del gobierno de acabar con las EPS pequeñas y mantener unas pocas EPS grandes, y solicitaron aclarar los alcances y justificaciones técnicas y jurídicas de estos argumentos, pues se está conociendo que las grandes aseguradoras son las responsables del descalabro del sistema de salud no solo por la corrupción sino también porque a lo largo de más de 15 años han mostrado ineficiencia en el manejo de recursos públicos, ineptitud en la protección de la salud y una política de vulneración sistemática de los derechos constitucionales y legales en salud. Los docentes expresaron su preocupación porque esos comentarios constituyan una absolución a priori de instituciones que se encuentran sub júdice por acciones particularmente graves contra los recursos públicos y contra la salud de los colombianos, y que deberían primero responder ante la Ley y ante la sociedad por su desempeño: "No se trata Señor Ministro de reorganizar el negocio de las grandes aseguradoras. Se trata de cumplir con la Constitución y garantizar el derecho a la salud… proteger la salud de la población antes que el negocio de las aseguradoras. De lo que debería tratarse es de asumir por fin una actitud firme y decidida en defensa y desarrollo del derecho a la salud que ha sido sistemáticamente vulnerado en los últimos años por el sistema, en medio de la actitud permisiva del Gobierno y a pesar de las múltiples denuncias de la Defensoría del pueblo, de la Contraloría General de la Nación, de la Corte Constitucional, de la academia, de los gremios y de múltiples actores sociales". Indican los profesores que este problema no se resuelve manteniendo las grandes EPS que han sido responsables de un alto porcentaje de las vulneraciones al derecho a la salud, por lo que debería tratarse realmente es de "proteger la inversión pública que los contribuyentes hemos hecho en los últimos años para construir y mantener los hospitales estatales, cuyas finanzas y capacidad de respuesta son cada vez más débiles frente a la acción de los administradores de los recursos que, en un marco jurídico absurdo y perverso, las convierte en simples ejecutoras de los 'negocios no rentables'. El país no ha cuantificado, y debería hacerlo, el costo económico y social que implica la quiebra y desmedro de estos servicios públicos a cargo del Estado". Explican que el detrimento de la inversión pública en los hospitales estatales y los perjuicios de su cierre progresivo para la población, no se resuelven manteniendo las grandes EPS que ejercieron en los últimos años un control hegemónico sobre el mercado de los servicios e impusieron a los servicios públicos un carácter de rentabilidad financiera que pervierte su finalidad social. Asimismo, los docentes de salud pública reafirman que debería tratarse "es de poner fin a las muertes que pudieron evitarse y al sufrimiento de los enfermos que han debido soportar el aplazamiento y la negación de sus tratamientos. El país se ha escandalizado por la pérdida de recursos económicos en el sector, pero no ha tenido en cuenta las pérdidas en vidas humanas y en carga de la enfermedad que aumentaron después de la Ley 100, a pesar de que varios estudios han llamado la atención sobre su gravedad". Sostienen que este problema no se resuelve manteniendo las grandes EPS que legal y contractualmente han tenido a su cargo la obligación de proteger la salud, y que son por tanto responsables de las muertes y enfermedades evitables observadas en el período. También señalan que debería tratarse de corregir la fragmentación de las redes, la desarticulación de las atenciones y la dispersión de los recursos que ha caracterizado la política sanitaria de Colombia desde la reforma. Esto, porque es muy difícil mantener la coherencia de las políticas y servicios de salud con fundamento en criterios de mercado como la competencia entre proveedores y aseguradores, la contención de costos y la maximización de utilidades: "Estos problemas, Señor Ministro, no se resuelven manteniendo las grandes EPS; por el contrario son ellas quienes han promovido y defendido estas prácticas". Argumentan además los expertos, que "se requiere es fortalecer la autoridad sanitaria de los departamentos y municipios que en los últimos años se ha desgastado en administrar contratos para el régimen subsidiado más que en dirigir las políticas sanitarias del territorio. Desde la reforma de 1993, los entes territoriales se han mostrado cada vez menos competentes para cumplir con los fines del Estado frente a la protección de la salud y los derechos de la población. La pérdida del conocimiento y la experiencia en gestión de la salud pública (pérdida del know how), que ha sido descrita en Colombia por varios investigadores, no ha encontrado eco en los directivos del sector. El debilitamiento técnico, administrativo y político de los entes territoriales no solo refleja una profunda contradicción con los mandatos constitucionales que establecen el desarrollo de la descentralización, sino que constituye también un riesgo adicional para la salud pública. Estos problemas, Señor Ministro, no se resuelven manteniendo las grandes EPS que en Colombia han operado como agentes supra-estatales". Finalmente, los docentes concluyen diciendo que debería tratarse asumiendo juiciosamente las evidencias académicas y jurídicas de los últimos años, de poner fin a una política sanitaria ilógica y funesta que persiste en imponer a la protección de la salud una racionalidad económica basada en supuestos de mercado, cuya validez en el campo de la salud no sólo no ha sido probada sino repetidamente controvertida. La validez del modelo sanitario colombiano se ha sostenido en los supuestos de que el sector privado es un administrador más eficiente y menos corrupto que el Estado, que la privatización de la salud es de mejor calidad, menos costosa y más ágil que la gestión estatal, que los recursos siempre serán insuficientes, que el sector privado atenderá con solidaridad y justicia las demandas de la población y que para asegurar el derecho a la salud la función del Estado debe limitarse a regular el mercado de los servicios. Ninguno de estos supuestos ha sido demostrado. Por el contrario, las evidencias en contra son cada vez más contundentes. Los docentes cuestionan el mantener la intermediación privada en salud cuando las investigaciones académicas, los dictámenes judiciales y las manifestaciones sociales de rechazo han mostrado la injusticia, la ineficiencia y la inconveniencia del modelo de aseguramiento privado en salud asumido en Colombia: "La intermediación privada ha dado muestras de su incompetencia para asegurar el derecho a la salud. Esta experiencia ya ha sido para el país suficientemente costosa y dolorosa. ¿No sería el momento, Señor Ministro, de que los servidores públicos vinculados al Gobierno, cumplan con el mandato constitucional de privilegiar el bien común asumiendo directamente y con honestidad las funciones del Estado? ¿No sería el momento de hacer una amplia convocatoria nacional realmente participativa, y no manipulada por los grupos económicos, donde se busque y se construya una salida a la crisis de la salud con base en los principios del Estado de DERECHO"?   Más información... 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